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Lewis, defensor de parte del equipo que encabezaba Sain, se enteró por la prensa sobre la elevación de acusación de espionaje que contradice una medida anterior. Lo definió como “una persecución política” que baja desde Pullaro.

Para el abogado Juan Lewis es otro “mamarracho jurídico” lo que se difundió en la prensa sobre la acusación de la fiscalía de espionaje ilegal “cuando ya hay dos resoluciones de la Cámara que dicen que no puede acusar así, que eso (si existiera espionaje ilegal) debería hacerlo la Justicia Federal en todo caso”, se quejó, y lo relacionó al denominado lawfare, al usar a la justicia como herramienta de disciplinamiento político a través de los medios de comunicación . “Esto es ya violar cualquier regla procesal”, agregó, pero además ve la mano del propio gobernador detrás.

“Indudablemente la figura del gobernador está detrás de esta causa, él se constituyó como creyente, en los primeros momentos, aún no siendo gobernador, apareció en conferencias de prensa al lado de quien entonces era el fiscal general, hablando y explicando detalles de una causa que para las defensas todavía era secreta, una cosa increíble”, recordó Lewis.

“Y bueno, ahora es indudable que está detrás de esta movida ,como hemos visto en muchos otros aspectos, tiene un interés más que evidente en colonizar el servicio de administración de Justicia para obligarlo a actuar de manera supeditada al Poder Ejecutivo violando cualquier división de poderes”, cuestionó.

La noticia había ocupado la tapa de la web de La Capital el pasado 30 de noviembre y se publicó también en otros medios de prensa. Decía: “Espionaje ilegal piden 11 años de prisión para el ex ministro de seguridad Marcelo Sain”.  Más abajo precisaba que lo había solicitado el fiscal santafesino Ezequiel Hernández y que “la acusación fue presentada el jueves pasado (el 28 de noviembre) ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ)” .

Además del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, incluía los “pedidos de condenas [entre 5 y 9 años además de no poder ejerecer cargos públicos] para otros seis imputados”, entre los que están los defendidos por Juan Lewis: la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) Débora Cotichini, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez y el ex subsecretario de Control Institucional del ministerio Diego Rodríguez.

°Nosotros todavía no estamos notificados”, dijo Lewis quien representa a los últimos mencionados parte del equipo ministerial durante la gestión bajo la órbita de Sain que tiene otro defensor. El haberse enterado recién el sábado y por la prensa de algo que supuestamente había ocurrido el jueves, no lo sorprendió. “Es una actitud que ya es característica en esta causa y en esa fiscalía, primero se entera la prensa, con muchísimo nivel de detalle de las medidas que toma el fiscal, y hasta el día de hoy (por este sábado 30 de noviembre) yo revisé mi mail a la mañana, no hay una notificación de la acusación a ninguna defensa”, destacó el abogado.

“Pero, por otra parte fíjate hasta qué nivel es algo sorpresivo porque esta es una causa que tiene casi tres años y medio, digamos, de tramitación, y hace dos años que fue la imputación. Es decir les imputaron los hechos porque ya era insostenible que no se imputara, no sé si se acuerdan ustedes, cómo en los diarios se hablaba de la culpabilidad de todas estas personas y no estaban ni siquiera imputados. Bueno, le hicieron la imputación y después de esa imputación que fue a fin de noviembre del 2022 no hicieron más nada. La Fiscalía ha tomado algunas declaraciones testimoniales, pero para ratificar cosas que ellos ya tenían documentadas, y no se avanzó más en la investigación. Lo que sí sucedió en ese interín fue que nosotros, como defensa, interpusimos una excepción de incompetencia en el entendimiento de que si lo que se estaba investigando era inteligencia, eran infracciones a la ley de inteligencia, correspondía ir a la Justicia Federal”, explicó Lewis.

“Un juez de Cámara, la Cámara de Santa Fe, dijo que si fuera inteligencia los hechos que se estaban investigando, tenía que entender la Justicia Federal. Pero los hechos aún en la alegación que hacía la Fiscalía, pues todavía no se ha producido prueba ni nada, aún en la argumentación la alegación que hace la Fiscalía no constituye una infracción a la ley de inteligencia, sino que podrían ser delitos así como incumplimiento de deberes funcionarios públicos, abuso de autoridad, digamos que son lo que antiguamente se llamaban delitos correccionales”, amplió el defensor.

“Y, en realidad, esa afirmación de la Cámara de Santa Fe no era novedosa puesto que un juez también ya lo había dicho en ocasión de que nosotros habíamos pedido las documentaciones que había en el legajo y la Fiscalía no nos las quería entregar, y entonces un juez se lo tuvo que ordenar. Y en el marco de esa resolución ya dijo eso también: que el nombre de espionaje puede ser un nombre publicitario, publicitario en términos de Lawfare, claro está, pero que de ningún modo podían tratarse de esa infracción, puesto que eso lo debía investigar la Justicia Federal”, insistió.

“Es decir, ya la Cámara de Santa Fe dijo que no pueden investigar espionaje, y esta persona, este fiscal ahora hace una acusación justamente por espionaje, porque al menos que lo que le hayan dado a la prensa esté equivocado, lo que surge de las noticias en esta mañana es que se está investigando por una infracción a la ley de espionaje”, recalcó.

“El paso procesal que correspondía es la acusación del fiscal, con lo que esta debe ser indudablemente la presentación de la acusación del fiscal. En la acusación, el fiscal tiene la obligación de indicar qué hechos son los que está investigando, qué calificación legal le da, y qué pedido de pena hace. Eso es lo que le deben haber pasado a la prensa en este momento. Lo que pasa es que la circunstancia de que este fiscal haya hecho una acusación por espionaje, cuando ya hay dos resoluciones de la Cámara que dicen que no puede acusar así, que eso debería hacerlo la justicia federal en todo caso, es directamente un mamarracho jurídico, es ya violar cualquier regla procesal que usted pueda pretender”, protestó.

“Yo no sé si se acuerdan, pero el planteo de incompetencia fue algo público que se discutió mucho, que se le dio mucha difusión, y también la resolución que se sacó, en donde este camarista dijo que estos de hecho no son inteligencia. Los fiscales sí pueden investigar, si quieren y si encuentran pruebas, etcétera, una hipótesis de abuso de autoridad o incumplimiento de deberes funcionales del público. Pero esto no es inteligencia ni espionaje. Si lo fuera, tendría que ir a la justicia federal. En esos términos lo dice la resolución”, subrayó Lewis.

“Así que la verdad que un fiscal ahora haga este tipo de acusaciones es directamente violar cualquier regla procesal que pudiera estar vigente y que pudiera dar cierta previsibilidad y seguridad jurídica en esta clase de persecución”, detalló el defensor-

“Están profundizando vicios de la procesal”, analizó Lewis quien arriesgó una posible causa a esta presentación difundida en el prensa:  «El próximo 15 de diciembre vencían las medidas cautelares de la fiscalía y eso le iba a dar a esta causa el matiz que tiene, digamos, es un experimento, una persecución política, iba a quedar al descubierto que este mamarracho jurídico se terminaba de cerrar, entonces entiendo que han hecho esta acusación, de espaldas de la defensa, como es usual, pero incluso desoyendo como le decía, las indicaciones de la Cámara de Santa Fe”.

(*) Resumen de la entrevista realizada a Juan Lewis por Jerónimo Principiano y Ernesto Ávila en el programa Noticia Piratas por Radio Si 98,8
 

Fuente : redaccionrosario.com