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El gobierno nacional y su prensa adicta insisten en demonizar a la economía solidaria y a las organizaciones sociales y políticas que cuestionan sus medidas de ajuste y entrega del patrimonio nacional.

“Todos los días pasan un límite moral más”, dice Luis Majul, después que uno de los “periodistas de investigación” de su programa dedicados a casos de “korrupción” expusiera unos audios y mostrara unas capturas de pantalla de mensajes por whatsapp en la que sólo puede ver pruebas o rastros inequívocos de la comisión de algún delito quien considere que participar de organizaciones sociales, laborales y políticas es un delito. La siguiente “investigación exclusiva” fue presentada por una muchacha, cuyo hallazgo no fue otro que resoluciones oficiales y públicas del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) que están al alcance de cualquier persona que sepa googlear.

En este caso, lo que se presentó como información “exclusiva” de la “corrupción” de las cooperativas es una resolución oficial de modificaciones en requisitos y pasos a seguir para su creación y registración. La nueva regulación sumó al sector cooperativo a simplificaciones y agilizaciones de gestiones ante el Estado con las que ya contaban y cuentan muchísimas otras actividades y entidades, como por ejemplo la digitalización de trámites,. Así, buena parte del otrora “papeleo” para la creación de una cooperativa ahora también “¡se puede hacer por celular!”, exclamó la periodista investigadora de turno, con tonos y mohines de indignación propios de quien devela un secreto.

Además se presentó como delito que el Inaes haya otorgado subsidios a cooperativas y mutuales, tal como le corresponde hacerlo según las normas que rigen su funcionamiento. ¡Incluso se presentó como acto de corrupción que el Inaes, también en el marco legal vigente, haya realizado controles y dispuesto sanciones a cooperativas y mutuales por diversas irregularidades!

Y pucha, si los sabuesos y sabuesas al servicio de Majul y Adorni se tomaran el trabajo de googlear apenas un poquito más van a encontrar lo que –pese a tanta pericia y rigurosidad investigativa percibida en ellos por sus jefes– todavía no encontraron, o en todo caso prefirieron no mostrar en su programa de este domingo a la noche: efectivamente ya hubo y hay personas condenas y/o con causas abiertas por la Justicia por delitos vinculados al manejo de cooperativas y mutuales. Con otro ratito más de googleada, descubrirían además que lo mismo efectivamente sucedió y seguramente sucede y sucederá en el caso del resto de personas físicas y jurídicas del amplio abanico de ámbitos, actividades, profesiones, entidades, organismos y poderes estatales como la propia Justicia; y también empresas privadas como por ejemplo Vicentin.

Hace apenas unos días, la Justicia federal procesó a 14 directivos y exdirectivos de la cerealera al considerarlos responsables del delito de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. También dispuso el procesamiento de Vicentin Saic por el mismo motivo: habrían presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un monto superior a los 143 millones de pesos. Vale recordar también que la misma empresa está bajo concurso de acreedores, que reclaman el pago de 1400 millones de dólares.

Pero para los Majules, esto no merece ni “investigación exclusiva” alguna, ni siquiera un título. Quizás sea porque la mayoría de los hechos que investiga la Justicia fueron cometidos cuando gobernaba Mauricio Macri. O porque para el actual Presidente, quienes actúan como Vicentin, que fugó capitales para clavar a sus acreedores a través de la “venta” de activos a empresas inscriptas en Uruguay, son héroes y no delincuentes.
 

Fuente : redaccionrosario.com