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Los llamados fondos buitre son fondos de inversión especulativos que compran empresas y bancos con dificultades (a precios en la mayoría de las ocasiones por debajo de su valor de mercado), realizan inversiones para reflotarlos y volverlos a vender con importantes plusvalías.

En la sanidad madrileña han podido penetrar en los sectores privatizados, como es el caso de los hospitales modelo concesión de obra. Se trata de los siete hospitales que inauguró Esperanza Aguirre, de gestión mixta. En estos hospitales, las plantillas de personal sanitario dependen de la Consejería de Sanidad y el resto de servicios no sanitarios, así llamados aunque su importancia sanitaria es clave, los explotan la empresa o empresas concesionarias que habían construido el hospital.

Se adjudicaron las obras a lo largo del año 2005, según las cantidades que se muestran en el siguiente cuadro y que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Estas cantidades se redujeron a la baja pese a que las sociedades concesionarias presentaron a la Administración (por la inversión y gastos finales para poner en funcionamiento los hospitales) unas cantidades más elevadas.

Lo mismo sucede con la aprobación final que se realizó por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 17 de marzo y de 23 de junio de 2005 de un gasto plurianual (los 30 años de concesión) de 1.199.291.718 euros para el hospital Puerta de Hierro y de 2.283.301.257 euros para los 6 hospitales restantes. Esto arroja una cifra final de 3.482.592.975 euros según el informe de la Cámara de Cuentas1/. Una cantidad que está muy por debajo de lo que habían presentado las sociedades adjudicatarias a la consejería para el conjunto de los 30 años de concesión, que se elevaba a 4.894.387.769,94 millones de euros (según informe sobre los 7 hospitales que presentó Podemos ante la fiscalía anticorrupción en 2018).

La cantidad anual que la Consejería tenía que pagar a las sociedades concesionarias (canon) en concepto de costes de construcción y de los servicios no sanitarios, que gestionan las adjudicatarias, debía actualizarse según el IPC menor (del Estado o el de la Comunidad de Madrid). Sin embargo, fue modificándose desde el principio de la contratación con incrementos por variaciones en la construcción y mobiliario que la administración sanitaria aprobaba de forma irregular sin pasar por la fiscalización de la Intervención General.

Evolución del canon de los hospitales

Fuente: Elaboración propia. Informe de la Cámara de Cuentas y Presupuestos de la Consejería de sanidad de la CM. *La cantidad correspondiente al hospital Puerta de Hierro es tan baja debido a que comenzó a funcionar a mediados de septiembre de 2008.

En la fiscalización que realizó la Cámara de Cuentas de estos hospitales desde que comenzaron a funcionar, a lo largo del 2008, hasta el 2017 estimó unas cuantías totales de 1.553,2 millones de euros que la Consejería había abonado a las sociedades concesionarias en estos diez años. Lo que supuso unos incrementos de más del 21%.

Podríamos estimar que si 1.553,2 millones de euros costó a las arcas públicas la construcción y la gestión de los servicios no sanitarios durante diez años, cuando termine la concesión en el año 2035 la cuantía podría ascender a 4.659,6 millones de euros (claro, si nada cambiase), alrededor de ¡siete! veces la cantidad inicial por la que se adjudicaron. Y un sobrecoste de 1.177,1 millones de euros más de lo que en principio aprobó el gobierno para los 30 años.

Sin embargo, en estos años las cantidades del canon han seguido variando si nos atenemos a la información que nos facilitan los presupuestos de la Consejería de Sanidad y habida cuenta de las diferencias sustanciales entre lo que inicialmente se presupuesta y lo que al final de año se liquida, como podemos observar en el siguiente cuadro.

Con estos datos nada hace pensar que las cuentas iniciales vayan a cumplirse y no es de extrañar que las modificaciones del canon sigan incrementando los sobrecostes.

Los fondos buitre se hacen con la gestión

De las primeras sociedades adjudicatarias de los siete hospitales que mayoritariamente fueron constructoras y bancos, hoy se ha pasado al control por fondos buitre, ya que han comprado la mayoría de ellas. La evolución se puede ver en el siguiente cuadro.

Fuente: elaboración propia a partir del Informe “El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña. Audita Sanidad. 2020”.

El poder de estos fondos influirá en las decisiones de una Consejería de Sanidad y un gobierno del PP que apostó por un modelo hospitalario más caro a costa de empeorar el resto de hospitales públicos, produciendo un trasvase de fondos públicos a manos privadas y deteriorando con ello la calidad de la atención sanitaria que recibe la población.

Los sobrecostes es lógico pensar que se incrementarán en los años que quedan de concesión, como se ha argumentado anteriormente, a la par que crece la litigiosidad entre los fondos y la Administración. Todavía en los presupuestos aprobados para este año 2022 podemos comprobar cómo hay partidas que se supone se adeudaban a las concesionarias y que ahora se afloran: “Capítulo 3 (Gastos financieros): 34.454.590 euros. Incluye los intereses financieros de la deuda con las empresas concesionarias derivados de los contratos de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de los servicios residenciales y complementarios, no sanitarios, de los Hospitales Puerta de Hierro-Majadahonda, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo”.

Y en el programa de 213A de “Atención Hospitalaria” se incluye: “27.158.607 euros, correspondientes al pago del canon a los concesionarios por la construcción y la inversión mobiliaria de los Hospitales Puerta de Hierro-Majadahonda, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo”. Esto es al margen del canon que se presupuesta individualmente a cada hospital y que suma la cantidad de 109,5 millones de euros. Por cierto, se puede comprobar que es una cantidad presupuestada del canon para este año muy por debajo de la última que se liquidó en 2020 que ascendió a 175,6 millones de euros.

La construcción de estos hospitales sirvió para todo tipo de componendas y corrupción en tiempos de Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Ese es el caso de las “cláusulas del 1%” que, añadidas a la contratación de la publicidad de la obra, se adjudicaban al PP. Según la investigación judicial, el importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 en la construcción de nuevos hospitales, según recogía el auto del juez García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de Madrid, sobre el caso Púnica. O las 135 camas del Hospital Puerta de Hierro, que nunca existieron, pero como la administración no modificó en su momento el contrato de adjudicación, aunque recurrió en 2017… la justicia ha denegado los recursos que interpuso en 2017 y le ha obligado a pagar 30 millones de euros.

Las consecuencias para la sanidad

El deterioro que supuso la construcción de estos siete hospitales se puede comprobar si analizamos el cierre de camas que supuso en los grandes hospitales públicos de mayor complejidad (nivel 3), como se puede observar en el siguiente cuadro. Desde el año 2008 cuando comenzaron a funcionar estos hospitales se han perdido 1.366 camas.

No hemos tenido en cuenta las camas del Hospital Puerta de Hierro pues era un hospital que ya existía. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que después de construir 7 hospitales nuevos el balance de camas es muy negativo para el conjunto de la sanidad madrileña, dado que se perdieron 1.366 camas de hospitales públicos de alta complejidad y se pusieron en funcionamiento 1.378 camas en hospitales de menor complejidad (nivel 2). Esto significa que no cuentan con todas las especialidades y tienen menos plantilla.

Evolución de las camas en los hospitales nivel 3

Fuente: Memorias del Servicio Madrileño de Salud

Evolución de las camas de los hospitales concesión de obra

Fuente: Memorias del Servicio Madrileño de Salud. *El Hospital de Vallecas absorbió las 98 camas del Hospital Virgen de la Torre en 2017

Por otra parte, la falta de camas hospitalarias que provocó paradójicamente la apertura de seis nuevos hospitales ha llevado a un incremento incesante de las listas de espera.

Tampoco supusieron un aumento sustancial de plantillas, pues la mayoría del personal que se contrató en estos hospitales provenía de los ya existentes. Además, hay que tener en cuenta que a los pocos años de estar en funcionamiento estos hospitales se incrementó la jornada de 35 h semanales a 37,50 h semanales, lo que facilitó el recorte de más de seis mil profesionales según las propias Memorias del SERMAS.

Las privatizaciones existentes propiciaron la entrada de los fondos buitre y éstos seguirán provocando elevados sobrecostes que se detraen de la inversión pública en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

La compra de partes clave de estos hospitales por los fondos especulativos ha sido permitida por un gobierno del PP que lo tiene que aprobar. Un negocio que supone una desposesión de un bien común. Y para la Administración sanitaria una falta de control y de capacidad gestora que si tuviera verdadera vocación de servicio público no permitiría.

Las consecuencias para la salud

El derecho a la salud y en concreto a la cobertura sanitaria no lo garantiza el mercado. Esto no es nada nuevo y por eso desde hace muchas décadas se procuró construir al margen del mercado diversos servicios públicos básicos para el bienestar de las poblaciones. Servicios públicos universales orientados a la equidad y a la mejora de los niveles de salud de la población.

Hoy el SERMAS no es universal, excluye a migrantes por su situación administrativa, se han profundizado las desigualdades y su calidad asistencial está en franco retroceso. Esto sucede de forma paralela al incremento del sector privado con ánimo de lucro (fondos financieros buitres o no) en parcelas clave de los hospitales y otros servicios sanitarios, como el transporte sanitario, la atención a las personas con enfermedad mental grave o las residencias de mayores.

Si las luchas de la ciudadanía no son capaces de revertir la situación, la realidad es que caminamos hacia la extensión de una sanidad de seguros privados para rentas medias y altas, y una sanidad de escasa calidad y recursos para las personas con menos recursos. La experiencia demuestra que esto solo acarrea peores indicadores de salud para toda la población.

Carmen San José Pérez es médica de Familia y activista por una sanidad pública

Fuente :

vientosur.info