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La formación docente en Argentina se enfrenta a un nuevo marco normativo: el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación del Sistema Formador (Sifieca). Presentado oficialmente como una “reforma educativa estructural” cuyo fin es alcanzar la “calidad del sistema formador” y garantizar la “excelencia”, la iniciativa ha encendido las alarmas en el sector, que teme que el complejo andamiaje evaluativo oculte en realidad una política de racionalización de la oferta que desemboque en el cierre de institutos y carreras.

El documento está respaldado por la ley de educación nacional Nº 26.206, que establece al Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) como responsable de regular la evaluación, acreditación y certificación de las instituciones y carreras de formación docente en Argentina. ​Además, cuenta con el aval del Consejo Federal de Educación a través de las resoluciones (CFE N° 140/2011, 476/2024 y 483/2024) que fijan los lineamientos para la organización del sistema formador y la actualización de los diseños curriculares, así como la creación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Formación Docente (Sifieca). ​ Estas normativas buscan garantizar la calidad y equidad en la formación docente a nivel nacional. ​

¿Qué propone el Sifieca?

Según su Documento Marco, el Sifieca trasciende la mera necesidad financiera para enfocarse en la mejora de la calidad, buscando una formación docente integral y fortaleciendo la planificación institucional y jurisdiccional.

El sistema propone una evaluación de las condiciones institucionales y organizacionales, basando sus decisiones en “información válida y confiable” obtenida a través de la evaluación institucional. Los aspectos clave a considerar incluyen las condiciones organizacionales, las demandas educativas y sociales, y el impacto de las políticas públicas.

En esencia, la evaluación busca dar herramientas para decidir si una carrera o un instituto es sostenible y pertinente, articulándose con la visión de la nueva gestión provincial sobre el sistema educativo superior.

Una puerta abierta al recorte disfrazado

El principal temor del sector radica en la vaguedad de los criterios de cierre. Si bien el Sifieca se refiere a la necesidad de considerar la “demanda social” y las “condiciones institucionales”, omite especificar los umbrales o métricas concretas que llevarían a una decisión drástica.

Esta ambigüedad permite que la evaluación, supuestamente académica, sea fácilmente instrumentalizada por decisiones de carácter puramente económico. Al hablar de una “reforma educativa estructural” sin especificar los mecanismos de garantía, el Sifieca se convierte en un marco ideal para justificar, bajo el concepto de “calidad”, un recorte de presupuesto y el desmantelamiento de carreras con baja matrícula.

La jerga de la “excelencia” y la “evaluación integral” puede ser la excusa perfecta para ejecutar un ajuste sin que este sea percibido como un mero recorte financiero, sino como una depuración necesaria para el bien del sistema.

foto: Archivo Redacción Rosario

El caso Entre Ríos: el laboratorio del ajuste

La vecina provincia de Entre Ríos se ha convertido en el ejemplo paradigmático en donde estas políticas abstractas toman forma concreta. Con la implementación del Sifieca, el Consejo General de Educación (CGE) ha desatado una ola de protestas y advertencias por el inminente cierre de cohortes y fusiones de carreras en los institutos del profesorado.

La controversia se agrava por el hecho de que el director de Educación Superior, Eugenio Medrano, es un exintegrante del gremio docente Agmer, quien ahora parece ejecutar la política que su antigua asociación gremial rechaza. Agmer ha denunciado esta situación, alertando sobre el desmantelamiento de la Educación Superior y la amenaza de reformas regresivas.

El verdadero impacto social del “ajuste” es la pérdida de accesibilidad. Los Institutos de Educación Superior (IES) cumplen una función vital, siendo a menudo la única vía de acceso a la educación superior y técnica en ciudades pequeñas y medianas. Si el Sifieca centraliza o elimina carreras, la política de calidad podría terminar siendo una política de exclusión, limitando las oportunidades para aquellos estudiantes que no pueden costear el traslado a los centros urbanos más grandes.

Los IES de Entre Ríos han desplegado una serie de medidas de fuerza por los anuncios de la Dirección de Educación Superior (DES) que apuntan al desmantelamiento del sistema, bajo una lógica de ajuste presupuestario y criterios de “déficit” de egresados. Esta escalada de conflicto se manifiesta en movilizaciones y concentraciones en diversas localidades de la provincia; como Concordia, La Paz, Nogoyá y Santa Elena, donde estudiantes y docentes expresaron su rechazo al cierre de carreras y la imposición de cupos de ingresantes.

El principal sindicato docente, Agmer, declaró el estado de alerta y movilización, impulsando jornadas de lucha y paros en sintonía con las centrales sindicales. La comunidad educativa no solo exige la reapertura de paritarias para discutir los salarios, sino que también demanda estabilidad laboral y el cese de las decisiones que ponen en duda la continuidad de las cohortes de las carreras de planta temporaria, sembrando una profunda incertidumbre sobre el futuro de la educación superior en la provincia.

Propuesta de medidas de prevención para Santa Fe

Para evitar que la implementación de idénticas políticas de mejora continua y sistemas de evaluación -proyectada para Santa Fe entre 2026 y 2030- deriven en un escenario de conflicto análogo, es esencial establecer una política de prevención activa que priorice el diálogo y la transparencia.

Una medida importante sería la de institucionalizar un espacio de diálogo permanente y vinculante con los gremios docentes y los equipos de gobierno de los Institutos Superiores, asegurando que cualquier plan de reorganización o modificación de la propuesta académica y sus trayectos formativos se construya de forma participativa y consultada, y no sea impuesto unilateralmente.

Además, la provincia debería garantizar explícitamente la no aplicación de criterios de ajuste que impliquen el cierre o desfinanciamiento de carreras vitales para el territorio, entendiendo a la formación docente como una inversión estratégica para el sistema educativo público, y no como un gasto susceptible de recortes.

Finalmente, el fortalecimiento de la estabilidad laboral mediante la titularización de los docentes en todos los niveles, como ya se demanda en la región, funcionaría como un factor de pacificación y reconocimiento del trabajo docente.

El riesgo es claro: si la evaluación Sifieca se enfoca en la eficiencia administrativa sin priorizar la función social y territorial de los IES, el resultado será un sistema más “acreditado” pero, paradójicamente, menos accesible y equitativo. El dilema no es evaluar o no evaluar, sino si la “calidad” se impondrá como sinónimo de “recorte”.

*Profesor y doctor en educación 
 

Fuente : redaccionrosario.com