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Este martes por la mañana, por orden del Juzgado Civil y Comercial N° 14 de La Plata, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desalojó un predio en la localidad de Lobos donde vivían seis familias; los efectivos lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y golpearon a los habitantes, entre los que había niños, personas discapacitadas y una mujer embarazada. El operativo se realizó sin la presencia de funcionario judicial. En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó presentaciones ante el juzgado civil, la fiscalía general de La Plata y ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad para que se investiguen los hechos de violencia policial.

ANDAR en Lobos

(Agencia Andar) “Eran como 25 efectivos que ingresaron al predio, no mostraron orden, no mostraron nada. Rompieron las puertas y empezaron a sacar las cosas. Golpearon a la gente y tiraron balas de goma”, describió una de las mujeres desalojadas.

De acuerdo al relato de la víctimas, el martes por la mañana, cinco patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y un móvil del Grupo de Apoyo Departamental arribaron al predio de calle Constitución N° 1870 de la localidad de Lobos para cumplir con la orden de desalojar seis familias que habitaban la vieja casona ubicada en el terreno.

El despliegue violento de la policía no reparó ni siquiera en la presencia de niños y niñas. Una de las imágenes, muestra a un chico de 4 años con secreciones nasales y ojos irritados producto de los gases lacrimógenos; otro niño, apenas unos años más grandes, tenía además golpes en la cara.

“Entraron a pegarle a mi hermano, a mi hijo de cuatro años le tiraron gas pimienta. A mi mamá la sacaron de los pelos, mi hermana está embarazada de cinco meses y está descompuesta por el gas lacrimógeno. Golpearon a gente embarazada y a chicos discapacitados”, describe la mamá del niño.

El desalojo fue ordenado por el Juzgado Civil y Comercial N° 14 de La Plata; sin embargo, ningún funcionario judicial estuvo presente al momento del desalojo, dejando el operativo al arbitrio de la fuerza policial.

En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho, se puso en contacto con las familias y realizó presentaciones ante la Fiscalía General de La Plata y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para que se investigue el accionar de la policía en el desalojo y las responsabilidades por los hechos denunciados.

La CPM también envió una nota al juzgado interviniente y pidió que informe si consideraron alternativas al desalojo forzoso en pos de encontrar una solución al conflicto y si, previo a disponer el lanzamiento, tomó medidas para la protección de niños, niñas y adolescentes, y personas pertenecientes a grupos particularmente vulnerables que habitaban el lugar.

Las imágenes y el relato de las víctimas permitirían evidenciar que ni la justicia ni el operativo policial no contemplaron nada de esto.

Fuente :

andaragencia.org