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La Secretaría de DD.HH. denunció que Argentina atraviesa una grave situación institucional. Fue en una conferencia de prensa realizada este martes en el Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA. Allí, referentes de Derechos Humanos junto al secretario Horacio Pietragalla, alertaron sobre prácticas de sectores del Poder Judicial que ponen en riesgo la continuidad democrática. En ese contexto, se anunció también que los organismos elevarán un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, y realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura para solicitar la investigación del accionar de los jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido.

“En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, expresa el comunicado difundido.

La convocatoria fue realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. De la conferencia participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; la referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida; Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y el secretario Horacio Pietragalla.

En el inicio de la conferencia, Pietragalla señaló que, a pesar de que la conferencia está enmarcada en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y la de Recuperación de la Democracia, “estamos en un contexto que nos hace reflexionar y nos pone en alerta por lo que está sucediendo en nuestro período democrático de este último tiempo y cómo está actuando el Poder Judicial”. Luego, el secretario anunció que se iba a dar lectura a un documento que cuenta con el acompañamiento y apoyo de “más de 40 organismos de derechos humanos de todo el país”.

Taty Almeida y Mabel Careaga leyeron el documento en el que se denuncia que “la democracia está en riesgo” y se hace un llamamiento a la población a tomar conciencia sobre el peligro de un poder judicial que avasalla la voluntad popular. Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho para asegurar la continuidad de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos.

“El documento es muy claro”, expresó Pérez Esquivel durante la conferencia. “La democracia está en riesgo en el país, pero está en riesgo en todo el continente”, agregó y alertó sobre lo sucedido en Perú donde “derrocaron al presidente Pedro Castillo con los mismos mecanismos del lawfare y la inestabilidad democrática”. Al finalizar su intervención, realizó un llamamiento a “la unidad de todos los sectores sociales, no sólo de los Organismos de Derechos Humanos, sino políticos y económicos que apoyen a fortalecer la democracia”.

La declaración conjunta llama la atención también sobre la connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos, que tomó estado público a través de la filtración de los supuestos chats sobre un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Bariloche, y que desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia.

Y por último, manifestaron el apoyo al pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini y solicitaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la remoción de los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que participaron de ese encuentro.

El escrito expresa: “Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima destinada exclusivamente a cercenar los derechos políticos de la dos veces presidenta de la Nación y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado”.

Afirma que “la plena vigencia del acuerdo democrático al que nos comprometimos todos los argentinos y argentinas hace casi 40 años requiere que seamos capaces de seguir juzgando a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya ningún tipo de proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses del pueblo”.

Y concluye: “El Estado de derecho que supimos recuperar después de tanta lucha y sufrimiento, y que se llevó la vida de los 30.000, no puede ser el privilegio de unos pocos sino la garantía de convivencia para todos y todas. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia, no hay derechos humanos”.

Con la consigna “Si hay lawfare no hay democracia”, hoy brindamos una conferencia de prensa junto a referentes de organismos de derechos humanos para denunciar la grave situación institucional que atraviesa el país. pic.twitter.com/6NYVDz9jzS

— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) December 13, 2022

El comunicado completo

El Lawfare pone en peligro nuestra democracia A lo largo de casi 40 años, nuestro país ha sido ejemplo para el mundo por su proceso de construcción de memoria, verdad y justicia. Los organismos de derechos humanos queremos manifestar hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de nuestra Democracia, que para que podamos seguir adelante debemos garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho.

Hemos logrado en todos estos años muchos avances, a pesar de las estrategias dilatorias de los últimos años: hemos juzgado y condenado a más de mil responsables por delitos de lesa humanidad; demostramos la complicidad de grupos empresariales, civiles y eclesiásticos con ese plan de exterminio a través del cual la dictadura militar buscó eliminar a todo aquel se oponía al modelo económico que querían instalar; buscamos a los nietos y nietas apropiados y restituimos la identidad a 130 de ellos; creamos espacios de memoria y señalizamos sitios en todo el país, emanando desde estos una política de no repetición; logramos consensos con Estados del mundo para que Naciones Unidas impulse el tratado de desaparición forzada. Todos estos logros se realizaron en el marco de un acuerdo social, en el que los poderes de la democracia regían en plenitud y las persecuciones, los amedrentamientos y la violencia política ya no tenían lugar.

En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Frente a este hecho de violencia política, el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas, cercenando así la posibilidad de esclarecer y mostrar a toda la población quiénes son los responsables ideológicos o instigadores de este intento de magnicidio. Ahora, a través de un fallo vergonzoso, desde el mismo sector judicial se intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner: el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal N 2 la condenó a “la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Este tribunal político busca, a través de una condena sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, con un fallo que constituye una clara muestra de que en nuestro país existe el lawfare: la persecución del poder judicial, poder mediático y los poderes concentrados de la economía a los líderes populares que representan la defensa de los intereses del sector más desprotegido de nuestra sociedad.

Esta persecución, que se venía llevando adelante con distintos actores políticos, se profundizó con Milagro Sala, que ya lleva más de 2500 días de detención, y continuó con distintos referentes, repitiendo estrategias que se pueden observar no sólo en Argentina sino en varios países de la región, fragilizando así el sistema democrático del continente. No podemos dejar de observar las coincidencias entre lo sucedido con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, encarcelado por casi 2 años en un juicio bochornoso, sin pruebas ni garantías constitucionales, al punto que más tarde debió ser anulado. Pero el pueblo no olvida y con una muestra de fortaleza impresionante, el dirigente brasileño logró volver a ser el presidente de nuestro país hermano, pudiendo sobreponerse a las consecuencias del lawfare y demostrando al mundo que estas prácticas existen y están vigentes. Por todo lo expuesto, entendemos que nuestra democracia está en riesgo, y llamamos a toda nuestra población a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un poder judicial que se para por arriba de la voluntad popular, entendiendo que el único y legítimo poder que tiene la ciudadanía en una democracia es su voto.

Este sector del poder judicial, junto al poder económico y mediático concentrados, profundiza día tras día las prácticas del lawfare generando un Estado paralelo, sin herramientas de defensa para sus víctimas. Estas prácticas, que ya no nos sorprenden, en estos días quedaron por primera vez expuestas de manera explícita frente a toda nuestra sociedad: la connivencia impúdica que se divulgó públicamente entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia. Quedó en evidencia cómo funciona, desconociendo las reglas de la democracia y la soberanía del pueblo: son la mafia judicial. Para ser legítimo, un proceso judicial debe sustentarse en pruebas categóricas respecto de la responsabilidad penal y en un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que ampara a todos los ciudadanos. Nada de eso sucede cuando los responsables de impartir justicia viajan o hacen deportes con los representantes del poder.

Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima destinada exclusivamente a cercenar los derechos políticos de la dos veces presidenta de la Nación y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado. La plena vigencia del acuerdo democrático al que nos comprometimos todos los argentinos y argentinas hace casi 40 años requiere que seamos capaces de seguir juzgando a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya ningún tipo de proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses del pueblo.

El Estado de derecho que supimos recuperar después de tanta lucha y sufrimiento, y que se llevó la vida de los 30.000, no puede ser el privilegio de unos pocos sino la garantía de convivencia para todos y todas. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia, no hay derechos humanos.

Fuente :

redaccionrosario.com