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Colombia: el pueblo sigue movilizado Diálogo y balas


17-05-2021 00:27:22
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El presidente Iván Duque se reunió con el Comité Nacional del Paro pero por ahora no hubo acuerdo. Mientras tanto, el gobierno aumentó la militarización y siguió masacrando.

Los pedidos desesperados del pueblo de Colombia, de los defensores de los derechos humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el gobierno pare de masacrar a la gente en la calle no fueron escuchados. Y no sólo eso: la represión crece y las matanzas se repiten. En medio de la ronda de diálogo se atacó a una manifestación de pueblos originarios y se asesinó a Lucas Villa, un estudiante que recibió ocho disparos. Y también hay gente de civil que dispara y mata manifestantes desde vehículos de alta gama, “cansada de los cortes”, y ante la vista cómplice de policías y militares.

“Nos están matando en Colombia”, grita Lucas Villa, según muestra un video, en medio de una manifestación pacífica en la ciudad colombiana de Pereira. Lucas canta, baila, y pide paz. Pero poco después lo matan. Los disparos los habrían efectuado civiles desde un auto de alta gama. No es la primera vez que esto ocurre.

 

Además de los policías, los militares, los parapoliciales y los paramilitares, los manifestantes denuncian que también gente de civil y sin identificación alguna, muchas veces desde vehículos, también disparan contra los manifestantes. Sobre todo los que cortan calles, avenidas y rutas. Mientras Duque ofrecía una ronda de diálogo se producía la criminal balacera contra Lucas y un nuevo ataque a tiros en Cali. Allí, los asesinos también eran personas de civil que dispararon desde vehículos de alta gama, esta vez contra una marcha indígena, dejando un saldo de diez heridos. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informaron que la minga (marcha), compuesta por varias camionetas, fue “atacada por una turba uribista en conjunto con fuerza pública”, que pretendían poner fin al corte. Amnistía Internacional (AI) pidió que cese la violencia contra los indígenas. “Los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de la Minga Indígena en Cali son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del Paro Nacional”, expresó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas. En esa misma línea, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó su rechazo por los “ataques sufridos por la minga indígena en Cali y expresamos grave preocupación”. Negociaciones sin acuerdos “El gobierno no dijo nada en concreto en los dos temas centrales que se plantearon: las garantías de las protestas y el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente”, expresó el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela. Asimismo, el Comité Nacional del Paro exige vacunación masiva, universal y gratuita, una renta básica para paliar la grave situación económica, subsidios a las pymes, soberanía alimentaria sin uso de glifosato, frenar el proceso de privatizaciones, y terminar con la discriminación por raza, sexo u orientación sexual. Estos y otros puntos forman parte de las políticas neoliberales que desde hace décadas se aplican en Colombia y nada indica que Duque esté dispuesto a ceder en este punto. Lejos de eso, en medio del diálogo, Duque pidió que se realice “el mayor despliegue” de fuerzas represivas en Cali, epicentro de las protestas que comenzaron el 28 de abril.

 

Mientras tanto, el ex presidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, quien cumple prisión domiciliaria por delitos contra los derechos humanos, pidió el “ocupamiento militar” (sic) de esa ciudad. En realidad, todas las ciudades de Colombia, en mayor o menor medida, ya están ocupadas militarmente. Pero Uribe quiere más.

Y Duque acata: “En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública”, señaló el mandatario en un mensaje dirigido a la delegación de gobierno que se encuentra en Cali.

Al cierre de esta edición se denunciaban 50 muertos, más de 1.500 casos de abusos policiales y militares, decenas de violaciones, más de mil heridos, unas 1.200 detenciones extrajudiciales y unos 150 desaparecidos.

“La militarización es un suicidio para el gobierno”

El ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, ve en peligro la gobernabilidad debido a la actitud del gobierno, y teniendo en cuenta las futuras elecciones presidenciales de mayo de 2022: “Hay dos caminos: uno del partido de gobierno, que es el de la militarización, al aumentar la capacidad de control del Estado sobre la ciudadanía, que me parece a mí un suicidio. Por otra parte está el camino de abrir canales de diálogo y de concertación a través de un ejercicio de aproximación a estos sectores, que no solamente están integrados por los partidos de oposición, que deberían ser llamados a la mesa de negociaciones, sino también por los movimientos sociales que en Colombia son muy fuertes y muy representativos de sectores que no pueden ser olvidados, como por ejemplo los sectores campesinos, indígenas o afrodescendientes”, señaló Samper en el marco de una entrevista publicada en el portal del diario colombiano La Tercera. “El gobierno, ante todo, debe escuchar a los sectores que están en la calle, que pidieron no solamente echar para atrás los contenidos de la reforma, sino una serie de reivindicaciones que tienen que ver con la generación de empleos y la educación pública. No hay que olvidar que en América Latina los jóvenes estaban gritando en el 2019. El hecho de que la pandemia haya ahogado ese grito que se estaba escuchando en todos los países y que nació casi que en Chile, no quiere decir que las circunstancias de entonces hayan variado. Al contrario, lo que se consiguió con la pandemia fue profundizar las asimetrías que se estaban denunciando a finales del año 2019”, agregó Samper.

 

 

Fuente :

redaccionrosario.com

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