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La protesta policial puso en escena la gravedad de la situación social: endeudamientos familiares, sueldos de miseria, presión laboral, estrés y problemas de salud mental. Cualquier parecido con el resto de la sociedad no es pura coincidencia. Pero para Pullaro, las mejoras sólo serán para este sector estatal.

El suicidio de un policía, el cuarto en un mes, luego de un año en el que según los efectivos autoconvocados hubo 25 agentes que se quitaron la vida, desató toda la bronca y angustia contenida en una fuerza que, como sucede entre los estatales de la Provincia, cobra sueldos de miseria, mientras las familias se endeudan para comprar alimentos, se ven obligados a trabajar a destajo, sin descanso y, en el caso policial, lejos de sus familias porque la mayoría son agentes oriundos del norte provincial.

El gobierno de Pullaro se vio acorralado por una protesta férrea y quiso ponerle fin con represión a los familiares que se manifestaban frente a la Jefatura y no hizo más que encender la mecha en todas las unidades policiales de Santa Fe. El propio gobernador tuvo que salir a revertir sanciones, anunciar un aumento y mejoras para poner paños fríos a un reclamo que encendió todas las alarmas.

Foto: Enrique Barduz | El Eslabón/Redacción Rosario

El 2 de febrero, Oscar Chimi Valdez, un agente oriundo de Vera, intentó quitarse la vida dentro de la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, con el arma reglamentaria de una compañera. Estuvo internado en estado crítico y falleció dos días después. Fue la gota que rebalsó el vaso y como un reguero de pólvora se reactivó la bronca por los numerosos casos de suicidios en la fuerza, magros salarios, condiciones laborales y abordaje de la salud mental.

Los reclamos, en principio de los familiares de las víctimas, luego de los propios policías que dejaron de patrullar, concluyeron en masivas concentraciones frente a la Jefatura de Rosario y se extendieron durante tres días en varias unidades de toda la provincia.

Una semana caliente

El lunes, las protestas comenzaron a crecer frente a la Jefatura, lo que los grandes medios locales no cubrieron. Al caer la noche, comenzó una represión a los familiares y policías apostados en el cuartel de Ovidio Lagos al 5200 que terminó por echar más leña al fuego. En plena madrugada, la rebelión se tornó masiva y se expandía por toda la provincia. Fue la noticia principal en todos los medios nacionales, menos en los de Rosario.

En la mañana del martes, el gobierno eligió una postura de dureza y no le fue bien. El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, dio un duro mensaje por las protestas en la fuerza de seguridad. Aunque admitió la “legitimidad del reclamo”, dijo que se “cruzó una raya”, acusó a “sectores desplazados, vinculados a delitos de corrupción” y pasó a disponibilidad a una veintena de agentes rebeldes. Todo empeoró y se sumaron más policías al reclamo, ahora además contra las sanciones.

Foto: Enrique Barduz | El Eslabón/Redacción Rosario

Entonces, el gobierno bajó el tono. Luego de una jornada muy tensa, al día siguiente el ministro Cococcioni admitió que la tarea policial está sobrecargada y adelantó que el sector tendría una escala de haberes diferenciada del resto de los estatales, pero exigió la normalización de la fuerza.

Por ese entonces, el gobierno no tenía más crédito y tuvo que salir el propio Pullaro, el miércoles por la tarde, a calmar las aguas. Ratificó que se levantaban las sanciones y prometió una escala salarial diferenciada del resto de los estatales, con 1.300.000 pesos de piso, además de una serie de beneficios. Los autoconvocados lo debatieron y recién el pasado jueves comenzó a normalizarse la actividad de la fuerza.

Retrocediendo en chancletas

“Fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad, estamos profundamente agradecidos al trabajo que se ha hecho en los últimos dos años”, dijo Pullaro. “Tanto el personal policial como el de Servicio Penitenciario merecían que el Gobierno de Santa Fe escuchara este reclamo genuino”, reconoció.

Los medios nacionales tuvieron en pantalla durante varios días el conflicto y recogieron los testimonios desgarradores sobre otros casos de suicidios en la fuerza, de agentes sobrepasados de adicionales para poder llegar a fin de mes, algunos con changas extras, con deudas y graves problemas de salud mental, y encima lejos de sus familias ya que en su mayoría son oriundos del norte provincial.

Foto: Enrique Barduz | El Eslabón/Redacción Rosario

El gobernador recogió la demanda y enumeró medidas vinculadas al bienestar policial. Mencionó la ampliación de frecuencias de transporte para efectivos del interior que prestan servicio en Rosario, el fortalecimiento del gabinete psicológico, que actualmente asiste a 570 agentes, el incremento de la tarjeta alimentaria, que pasó de 84 mil a 168 mil pesos, y la posibilidad de alojamiento para quienes deban permanecer lejos de su ciudad.

“Ningún policía de la provincia de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó, aclarando que la medida incluye también al personal penitenciario, técnico administrativo y operadores del 911.

Además explicó que, con adicionales por operatividad, los salarios serán mayores. Indicó que un agente que cumpla tareas de calle en Rosario y el Gran Rosario superará los 1,9 millones de pesos mensuales y que, si conduce un móvil policial, rondará los 2,18 millones. En unidades especiales, incluso, el ingreso podría superar los 2,3 millones.

La punta de un iceberg

A la vez que se sacudía el tablero político con la protesta policial, y quedaba expuesto el clima de hartazgo y de bolsillos vacíos en este caso de agentes de la fuerza, el resto de los estatales y docentes se reunían para discutir nada más ni nada menos que las paritarias salariales.

El mismo miércoles en el que Pullaro anunciaba las subas a los policías y una batería de beneficios para el sector, se abría la negociación salarial con el resto de los estatales. 

Los docentes aseguran que la pérdida alcanza el 33 por ciento. En medio del conflicto policial y la votación de la reforma laboral pasaron a cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de febrero.

ATE y UPCN plantearon la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y reclamaron revisar el desfasaje salarial del último bimestre de 2025, que, según señalaron, ronda el 3 por ciento.

Tras la reunión, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, calificó el encuentro como “una buena reunión”. Desde los gremios remarcaron que el 80 por ciento de los trabajadores estatales percibe salarios cercanos a los 900 mil pesos (lo mismo por lo que reclamaba la Policía) por lo que los aumentos porcentuales tienen un impacto limitado. En ese sentido, no descartan sumar adicionales o sumas específicas para mejorar los ingresos más bajos. La modalidad de actualización –cláusula gatillo o revisiones periódicas– continuará en debate.

En los oídos de los funcionarios y los referentes sindicales, aún resonaba el eco del ensordecedor ulular de las sirenas de los móviles policiales que sonaron sin parar durante buena parte de la semana.
 

Fuente : redaccionrosario.com