Los militares fueron formalizados por delitos de homicidio, homicidio frustrado, violencia innecesaria y lesiones por la muerte de Romario Veloz en octubre de 2019.
La Justicia chilena decidió el miércoles mantener la medida de prisión preventiva a un capitán del Ejército y a dos subalternos por el asesinato del estudiante ecuatoriano Romario Veloz durante las movilizaciones sociales de 2019 en el país suramericano.
Tras tres días de audiencia, el Juzgado de Garantía de La Serena estableció la medida cautelar contra el capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda y sus subalternos Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla.
Los tres militares fueron formalizados por delitos de homicidio, homicidio frustrado, violencia innecesaria y lesiones en el caso por la muerte de Romario Veloz en octubre de 2019.
El tribunal también dispuso el arresto domiciliario para el funcionario del Ejército investigado, Milován Rojas Barrera.
🔴 EN VIVO: Juzgado de Garantía de La Serena inicia tercera jornada de reformalización de capitán del Ejército y formalización de tres funcionarios de la institución por delitos de homicidio, violencia innecesaria y lesiones.
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Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2019, cuando Romario Veloz participaba en una movilización en las calles de La Serena, 500 kilómetros al norte de Santiago, que terminó en la represión por parte del Ejército.
Según la Fiscalía chilena, tras haber dado la primera orden de fuego, resultando herido en su abdomen Rolando Robledo, a las 18.22 el capitán José Faúndez ordenó una segunda ráfaga de tiros. Una de las municiones impactó y dio muerte a Romario Veloz.
Luego de 3 días de formalización, se conocieron las medidas cautelares por el caso del estallido social en que murió un joven y quedaron heridos dos chilenos. Fiscal Regional, Adrián Vega, detalló los pormenores.https://t.co/uOQt0KNeav pic.twitter.com/iIos77mIb1
— Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) February 9, 2022
Veloz es uno de los más de treinta fallecidos que dejó la violencia y la represión de los agentes durante las manifestaciones que estallaron en Chile en 2019. "Hoy día por fin mandaron a la cárcel al asesino de mi hijo. Estoy más que feliz, hemos logrado bastante", señaló la madre de la víctima, Mery Cortez.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de las más de 3.000 querellas presentadas contra agentes del Estado por la represión en el marco de las protestas, sólo había cuatro condenas dos años después del inicio de la crisis social.
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