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Diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que impide que las empresas que producen biocombustibles sean asociadas o subsidiarias de un mismo grupo económico o presenten acciones de capitales extranjeros. La respuesta del sector financiero y la oposición no tardó en llegar: “No están dadas las condiciones para emitir despacho en el contexto actual, requiere un mayor debate".

Por Branco Troiano

A una semana de que, luego de diez años de regir la producción de los biocombustibles, caduque la ley 26.093, sectores del capital concentrado alzaron la voz en contra del proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos. La iniciativa, encabezada por el diputado Máximo Kirchner, propone un nuevo marco regulatorio con plazo hasta el 2030, con la posibilidad de ser prorrogado otros cinco años y con un objetivo claro: promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo. 

¿Por qué vemos tan crispadas a las firmas extranjeras y a sus voceros de Juntos por el Cambio? Porque la iniciativa, en primer término pensada y diagramada por los diputados nacionales oficialistas Omar Félix (Mendoza), Carolina Moisés (Jujuy) y Marcos Cleri (Santa Fe), prevé que el 100 % del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles en el país sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de biodiesel y bioetanol. 

En ese sentido, para dar con las metas establecidas, el texto nuevo contempla un corte del 5% para el biodiésel (en la ley actual, es del 10%) y de un 12% para el bioetanol (6% para el elaborado a base de caña de azúcar y 6% con el maíz). El diputado Cleri destaca: “El 5% del biodiésel, de acuerdo a cómo esté el precio del commodity, para que no aumente la nafta y para que las plantas sigan produciendo, puede bajar hasta un 3%. Pero también puede aumentar si se aplica el régimen de sustitución de importaciones porque es más conveniente para la economía y para el país”. 

De esta manera, y en principio, quedarían fuera del esquema importantes empresas del sector radicadas en Córdoba, provincia tan afín a intereses de firmas ligadas a la oposición.

Por ese motivo, quien no tardó en poner el grito en el cielo fue Mario Negri. El diputado de Cambiemos, habituado a una narrativa forjada a base de invectivas, lanzó: “El oficialismo está atentando contra la economía de diez provincias”. Además, expresó que el proyecto va “contra los tratados sobre el Cambio Climático de disminución de los combustibles fósiles”. 

Sin embargo, la verdadera preocupación -maquillada por pronunciamientos en defensa del medio ambiente que ya evidenciaron ser solo un caballo de Troya para impulsar una desindustrialización paulatina- se da porque, de esta manera, se evitaría la salida desenfrenada de divisas, fenómeno tan usual entre los suyos, gracias a que uno de los artículos del proyecto establece que “de manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Energía) arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles".

Por otro lado, cabe destacar que el nuevo texto fue refrendado tanto por empresarios importantes del sector, como el CEO del grupo Bahía Energía Juan Carlos Bojanich, y el titular de la firma Rosario Bioenergy Federico Pucciarello, como por El Centro Azucarero Argentino (CAA), desde donde manifestaron su conformidad “por cuanto contempla los temas de interés del sector. Por tanto, la entidad espera que los diputados del NOA apoyen la iniciativa cuando sea tratada en el recinto".

Por su parte, Pucciarello se mostró taxativo para desestimar las posturas de la oposición sobre las consecuencias que traería la ley en relación a las exportaciones. “Muchos piensan que es fácil dejar de hacer biodiesel y exportarlo como aceite de soja, lo cual es un desconocimiento muy importante de lo complejo que es exportar, los costos en fletes internacionales involucrados y los aranceles que se pagan en destino. Si fuera tan fácil exportar, ¿por qué todavía hay 10 millones de toneladas de porotos de soja acopiadas en distintos puntos de país sin ser exportadas o por qué la industria aceitera tiene continuamente un 50% de su capacidad ociosa?"

El proyecto, en la semana próxima, entrará en período de resolución. La sensibilidad del tema atraviesa todos los ámbitos. Solo queda aguardar.

Fuente :

agenciapacourondo.com.ar