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El ex ministro Sain y el abogado Lewis coinciden en el móvil político de la causa por “espionaje”, que volvió al ruedo tras dos años de parálisis procesal y mediática.

En algo coinciden el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y el abogado Juan Lewis, ex ministro de Justicia del Frente Progresista y defensor de otros imputados en la causa mediáticamente denominada de “espionaje ilegal”: detrás de ese proceso penal se recorta, nítida, la figura del ahora gobernador de la provincia. Se trata, como lo relató en sucesivas notas El Eslabón, de un caso de persecución política motorizado por un acuerdo de intereses (políticos, judiciales y mediáticos) que actúan en forma coordinada, con un cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo. “El que está detrás de toda esta causa es Maximiliano Pullaro, porque sabía muy bien que de avanzar las investigaciones, (si bien) no llegaban a él personalmente en cuanto a reproche penal, pero sin lugar a dudas lo comprometían políticamente y él estaba en la antesala de comenzar su carrera política” hacia la Gobernación, dijo esta semana Sain luego de que se conociera –por la prensa– el pedido del fiscal del caso, Ezequiel Hernández, de las penas que pedirá cuando el legajo llegue a juicio oral. “Indudablemente la figura del gobernador está detrás de esta causa, él se constituyó como querellante, apareció en conferencias de prensa al lado de quien entonces era el fiscal general (Jorge Baclini), hablando y explicando detalles de una causa que para las defensas todavía era secreta, una cosa increíble”, dijo por su parte Lewis. “Y bueno, ahora es indudable que está detrás de esta movida, como hemos visto en muchos otros aspectos, (porque) tiene un interés más que evidente en colonizar el servicio de administración de Justicia para obligarlo a actuar de manera supeditada al Poder Ejecutivo, violando cualquier división de poderes”, completó.

La semana pasada, sin comunicación oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), llegó a la prensa el pedido del fiscal Hernández de llevar a juicio a Sain y parte de su equipo en el Ministerio de Seguridad.

Al ex funcionario se lo acusa de haber sido jefe de una asociación ilícita, violar la Ley Nacional de Inteligencia 25.520; malversación de caudales públicos; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento, por lo que el fiscal adelantó que pedirá en el debate oral una pena de 11 años de prisión.

La información, que fue replicada sin matices en la prensa comercial, señalaba que Hernández también adelantó pedidos de condenas de entre 5 y 9 años de cárcel –además de no poder ejercer cargos públicos– para otros seis imputados, entre los que están los defendidos por Juan Lewis: la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman; la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) Débora Cotichini; el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez y el ex subsecretario de Control Institucional del ministerio, Diego Rodríguez. El entonces secretario de Seguridad, Germán Montenegro, también forma parte de la acusación fiscal.

Por la prensa

“No hemos sido notificados de nada, es todo informes de prensa que, evidentemente maneja el fiscal. Formalmente eso no existe, imagino que debe haber un pedido de elevación a juicio que estamos esperando para ponerle fin a esto”, dijo Sain en una entrevista con LT9 de Santa Fe. Lewis no se enteró del pedido fiscal a través del mail que declaró como domicilio digital en la causa, sino también por los medios de comunicación.

“Es una actitud que ya es característica en esta causa y en esa fiscalía, primero se entera la prensa, con muchísimo nivel de detalle de las medidas que toma el fiscal, y hasta el día de hoy (por el sábado 30 de noviembre) yo revisé mi mail a la mañana, no hay una notificación de la acusación a ninguna defensa”, destacó el abogado.

La difusión por la prensa y la participación de militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) constituyen el común denominador de esta causa, que mientras la Fiscalía mantenía en secreto de sumario para las partes ventilaba por goteo hacia los medios.

La investigación se inició en 2020 por una denuncia vía correo electrónico del entonces subjefe del Organismo de Investigaciones (OI) y ex funcionario del Frente Progresista, el radical Víctor Moloeznik, quien dio cuenta de que una empleada del Organismo le manifestó “una serie de hechos y circunstancias que podrían configurar tanto irregularidades administrativas como ilícitos penales”.

Esa empleada, quien declaró en el caso como “testigo reservada”, advirtió sobre la recopilación “ilegal” de información para ser utilizada con “fines políticos”. Otro empleado del OI, que ingresó a la dependencia por su relación política con el entonces ministro de Seguridad del Frente Progresista, Pullaro, afirmó que el Organismo “se convirtió en una herramienta para armar carpetas”.

La base de la investigación son los testimonios de un conjunto de empleados del OI que, como publicó El Eslabón en la nota “Testigos protegidos”, de enero de 2022, son militantes de la UCR que ingresaron a la dependencia por medio del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo del actual gobernador.

El 26 de noviembre de 2020 se conoció públicamente el caso, cuando los fiscales Hernández y Mariela Jiménez –que luego se jubiló anticipadamente– solicitaron allanar las oficinas en Rosario del Ministerio de Seguridad. Entonces, los medios de comunicación señalaron que se habían secuestrado “miles de carpetas”, de las que finalmente nunca se tuvo noticia. También se publicó, sobre todo en los medios cuyo propietario es querellante en la causa, Gustavo Scaglione (el financista dueño del multimedio La Capital y Televisión Litoral, entre otros), que existían “escuchas ilegales”, que se hermanaron con las “miles de carpetas” en el objetivo de nunca aparecer.

Tal vez por tener tantos militantes amigos en la OI y el MPA es que el entonces diputado Pullaro, cuando aún no habían concluido los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad, pudo salir a decir en los medios que los fiscales estaban dando cuenta de “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”.

Por eso calificó la situación como el “hecho más grave de la democracia santafesina” y afirmó que la cartera de Seguridad, durante la gestión de Sain y no la de Jorge Lagna, bajo la cual se realizaron los procedimientos, se dedicaba “a carpetear a políticos de la oposición”. Lo curioso del asunto es que a cuatro años de iniciada la pesquisa, todavía no se presentó ningún damnificado por los “carpetazos”.

“No conozco en ese período denuncia de algún funcionario, periodista o empresario que hayan llamado para extorsionarlo o apretarlo, porque el espionaje se usaría para influir políticamente”, dijo Sain en la entrevista aludida, para bromear: “Soy el Stiuso (por el ex jefe de Contrainteligencia de la Side durante dos décadas) de Santa Fe y cada vez me va peor en la vida. Soy el más boludo de la provincia de Santa Fe. Tengo carpetas de todo el mundo que nunca las saqué”.

¿Espioqué?

Una de las controversias del caso que, como se dijo, es eminentemente político aunque corra por vía judicial, es la acusación del fiscal por el delito de violación de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Lewis dijo el sábado 30, en una entrevista con el programa radial Noticias Piratas, que “si lo que se está investigando es una infracción a la ley de inteligencia, correspondería ir a la Justicia Federal”. El mismo conflicto de competencia plantearon, en su momento, los abogados defensores del ex ministro Sain. Incluso, hay dos fallos judiciales que se refieren al tema, con indubitable claridad.

Uno fue el del juez de Cámara Sebastián Creus, dictado el 30 de marzo de 2022, quien sostuvo en su resolución: “No hay información brindada en los actos procesales en los que los fiscales han expuesto sus pretensiones que permitan siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley de Inteligencia nacional, dado que los tipos penales previstos en esa ley (artículos 42 a 43 ter), o se refieren a autores calificados (funcionarios que, permanente o transitoriamente, cumplen funciones en algunas de las entidades vinculadas a la materia de regulación de la ley –sistema de inteligencia nacional–, cosa que los funcionarios aquí imputados lejos están de esa categoría), o se refieren a la divulgación de información recabada dentro de la actividad propia de las agencias comprendidas en la ley”.

Además, agregó que, si hubiese una afectación a esa norma, debería ser investigada por la Justicia Federal. “En este sentido, aunque se comprenda la utilización publicitaria de términos como «espionaje», en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sostuvo Creus, en lo que pareció una referencia al ex progresista Pullaro, que estaba en campaña.

El 14 de abril de 2023, el también juez de Cámara Jorge Andrés, en ocasión de resolver una apelación sobre un conflicto de competencia (si la causa debía seguir en la Justicia ordinaria o tramitar en el fuero federal), sostuvo que “no es correcta la interpretación que efectúan los acusadores (por el fiscal Hernández), de que cualquier funcionario o empleado puede realizar las conductas prohibidas en el artículo 4 de la Ley 25.520 (de Inteligencia), sino sólo aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional”, del cual están excluidos los funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino.

O sea, no puede incurrir en el delito “espionaje ilegal” quien no forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Sin embargo, como lo que motiva la investigación es de orden político y no judicial, el MPA continúa con su causa por “espionaje”.

Sain sostuvo en la entrevista radial de esta semana que “se cumplieron dos años de la imputación de la causa de espionaje. Parte de los delitos que nos imputan, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, prescribieron”. ¿Por qué habrá demorado dos años la Fiscalía sin llevar el caso a juicio? Una respuesta posible, entre otras, es que en las excursiones de pesca no siempre hay pique.

“Quedan las figuras de asociación ilícita y de espionaje. En eso estamos muy tranquilos, porque no produjimos ningún tipo de acción de espionaje y ellos no han podido comprobarlo”, dijo el ex ministro, quien adelantó que en el juicio pedirá que declaren los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quien según él fueron los que ordenaron las investigaciones por las cuales desde el OI y el Ministerio se realizaron los perfilamientos y búsquedas de información sobre personas.

Lewis, por su parte, consideró la acusación ventilada por los medios y sin notificación a las partes como “un mamarracho jurídico” y dijo que “la verdad, que un fiscal ahora haga este tipo de acusaciones es directamente violar cualquier regla procesal que pudiera estar vigente y que pudiera dar cierta previsibilidad y seguridad jurídica en esta clase de persecución” penal.

El defensor recordó que “el próximo 15 de diciembre vencían las medidas cautelares de la Fiscalía y eso le iba a dar a esta causa el matiz que tiene, digamos, que es un experimento, una persecución política. Iba a quedar al descubierto que este mamarracho jurídico se terminaba de cerrar, entonces entiendo que han hecho esta acusación, de espaldas a la defensa, como es usual, pero incluso desoyendo como le decía las indicaciones de la Cámara de Santa Fe”.

Los pibes de Maxi

Algunos de los empleados del Organismo de Investigaciones (OI) cuyo testimonio en el sumario interno iniciado por el entonces subdirector, el radical Víctor Moloeznik, conformaron la base de las declaraciones para la causa por “espionaje” que se inició en la sede Santa Fe del MPA cuando estaba a cargo del adversario público de Marcelo Sain, el entonces fiscal Regional Carlos Arietti, cuentan con antecedentes de militancia en la órbita del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, que los conchabó en la naciente policía judicial.

En 2016 se empezó a conformar la estructura del OI, creado por una ley de la Legislatura provincial. Al comienzo, los ingresos se realizaban mediante contratos gestados en la órbita del Ministerio de Seguridad y los nóveles funcionarios realizaban estadísticas de las muertes violentas en la ciudad de Rosario, construyendo mapas del delito.

Según conocedores del tema, esos contratos se hicieron desde el Ministerio de Seguridad, que conducía Pullaro durante el gobierno de Miguel Lifschitz, y se pagaban por la oficina privada de dicha cartera, a cargo del ahora secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.

Al ser contratos gestados enteramente desde el Ministerio de Seguridad, sin control alguno de ninguna instancia del Poder Judicial, estos ingresos fueron mayoritariamente elegidos entre personas del grupo político que comandaba la cartera.

Entre los primeros que ingresaron de esa manera estaban Laureano Brufal y Natacha Abello, quienes trabajaban en el Concejo Municipal de Rosario para la concejala María Eugenia Schmuck.

Efectivamente, la participante de los campamentos de la Juventud Radical fue asesora del bloque Radicales Progresistas entre junio de 2014 y marzo de 2016, según publica en su perfil de la cuenta de LinkedIn.

Brufal, otro de los declarantes en la causa, fue el noveno candidato a concejal en las elecciones primarias de 2015 de la lista encabezada por Schmuck. Luego ingresaron a la estructura del OI el abogado Guillermo Nicolás Gallo y Mariano Rodríguez Grancelli, ambos ligados al espacio político de Pullaro.

El radical Gallo fue tercer candidato a concejal por el Frente Progresista en Villa Cañás, en una lista encabezada por Martín Castellini. Rodríguez Grancelli, militante de la Juventud Radical “Nuevos Vientos” en Entre Ríos, asesoró a la comuna de Theobald y luego ingresó sin concurso al OI, bajo el generoso dedo del padrinazgo político.

Un poco más tarde ingresó al organismo Betiana Odesti, militante activa en la ciudad de Roldán del espacio de la UCR ligado a Pullaro, testigo en el sumario iniciado por Moloeznik.

Odesti fue candidata a convencional nacional de la UCR por Santa Fe en 2019 y en 2021. Tras declarar en la causa, abandonó el OI para convertirse en secretaria de Desarrollo Social de Roldán, en la gestión del Intendente radical en Juntos por el Cambio, Daniel Enrique Escalante.

Otro de los ingresantes fue Facundo Bomboni, de estrecho vínculo con el entonces integrante del Ministerio de Seguridad y actual secretario general, Cándido, con quien fue compañero en la Facultad. Por medio del director provincial de Investigación Criminal durante la gestión de Pullaro en el Ministerio, Darío Chávez, ingresó también al OI Denise Philipp, cuyo testimonio contribuye a la base de la causa que lleva el fiscal Hernández.
 

Fuente : redaccionrosario.com