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Movilización en plaza Dignidad, en Santiago de Chile durante el estallido de 2019. Javier Pardo.

Un año y medio después del estallido social que sacudió Chile, la población elegirá este fin de semana la asamblea que redactará la futura Constitución del país. Por Jaime Bordel Gil.

Llegó la fecha señalada. Un año y medio después del comienzo de las protestas que pedían una nueva Constitución para transformar el país, los chilenos votarán este fin de semana a los miembros del órgano que se encargará de redactar la nueva carta magna. Tendrá lugar de este modo la segunda etapa de un proceso constituyente marcado por la pandemia, con dos aplazamientos que han dilatado aún más un proceso que ya de por sí iba a ser largo.

Hace poco más de un mes, Congreso y Senado aprobaron con una amplia mayoría aplazar la elección de los constituyentes a los días 15 y 16 de mayo debido a la complicada situación sanitaria que atravesaba Chile. Este fin de semana, con una situación sanitaria algo más tranquila, los chilenos acudirán por fin a las urnas para votar no solo a sus diputados constituyentes, sino también a sus alcaldes y gobernadores regionales. Un “superfinde electoral” histórico en el que se decidirá sobre qué bases se articula el Chile de las próximas décadas.

Unidad en la derecha, varias candidaturas en la izquierda

El primer movimiento político que marcó las elecciones de este fin de semana ocurrió a principios de enero de 2021. La coalición de centroderecha Chile Vamos, que sostiene el Gobierno de Sebastián Piñera, anunciaba un acuerdo con el ultraderechista Partido Republicano de José Antonio Kast para acudir en las mismas listas a la Constituyente. Este pacto, que no se mantenía para la elección de alcaldes y gobernadores, levantó una enorme polémica en el país. Acusados de blanquear a la ultraderecha, los defensores del acuerdo en Chile Vamos argumentaron que se trataba de una alianza estratégica para evitar una victoria de la izquierda en la Convención Constitucional. Una victoria que, en palabras de Kast, podría significar “la destrucción de un modelo exitoso”.

Para evitar tal destrucción, toda la derecha acudirá agrupada en la lista Vamos por Chile, con el objetivo de evitar que se lleven a cabo las grandes transformaciones a las que aspira la oposición. Las fuerzas opositoras, por su parte, han optado por una estrategia completamente distinta y se presentarán en varias listas.

La Lista del Apruebo, que agrupa a los principales partidos del centroizquierda, y Apruebo Dignidad, integrada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los regionalistas verdes, son las dos candidaturas opositoras que aspiran a colocar más diputados en la cámara. A ellas dos se suma una diáspora de listas independientes, que mayoritariamente se sitúan en la órbita de la izquierda.

Estas candidaturas independientes apoyaron el “Apruebo” en el plebiscito de octubre de 2020, y ahora se presentan con programas que promueven profundas transformaciones sociales y que ponen el acento en distintas demandas. Algunas en el ecologismo, otras en temas sociales, y otras simplemente en garantizar que el pueblo esté representado en el órgano constituyente sin la mediación de partidos políticos.

Una de las principales demandas del estallido social fue que el pueblo participara en la redacción de la nueva constitución. Junto a la crítica al sistema económico, la crítica a la clase política adquirió gran relevancia en las marchas. Tanto en las proclamas de los manifestantes como en las demandas expresadas por las organizaciones y colectivos populares, estuvo presente un discurso que cargaba duramente contra los partidos, y que se ha traducido en la presentación de más de 70 listas de independientes a lo largo del país.

Una participación popular que, sin embargo, le puede salir cara a las fuerzas que pretenden introducir cambios significativos en la nueva constitución. Mientras que la derecha —partidaria de tocar lo menos posible de la Constitución— ha cerrado filas en torno a una única candidatura, la izquierda e independientes han llegado a presentar hasta nueve listas distintas en algunos distritos, como ocurre en el Distrito 10, que abarca varios barrios del centro de Santiago y es uno de los más que más escaños elige (7).

Un escenario que debido al sistema electoral chileno podría favorecer a la derecha ante la fragmentación de su adversario. El sistema chileno cuenta con 28 distritos electorales que eligen de tres a ocho diputados, al margen de los 17 escaños reservados a los pueblos originarios que van en una circunscripción aparte. Las listas son abiertas, por lo que el votante vota al candidato, y, como ya explicamos en este artículo, existe una peculiaridad muy importante: el arrastre de lista. Este mecanismo produce que un candidato con muchos votos pueda “arrastrar” a candidatos de su misma lista con porcentajes irrisorios, y que estos entren en la cámara por delante de candidatos de otras listas que tengan más votos que ellos. Al concurrir en listas separadas muchas de estas candidaturas no se beneficiarán de los arrastres, a diferencia de la derecha que sí se beneficiará al acudir en una lista unitaria.

He aquí el motivo por el que la coalición gobernante, Chile Vamos, aceptó concurrir a las elecciones con el ultraderechista Partido Republicano: para maximizar sus esfuerzos electorales y beneficiarse de los arrastres lo máximo posible. Si los de Kast hubieran ido por separado, sus votos hubieran caído en saco roto en todas las circunscripciones que eligen tres, cuatro o cinco diputados, poniendo en peligro el objetivo principal de las fuerzas conservadoras: superar el tercio de escaños para tener capacidad de bloquear las propuestas más progresistas de la nueva Constitución.

Los dos tercios y la hoja en blanco

Una cifra ronda la cabeza de todos los progresistas de Chile: los dos tercios. Uno de los llamados “cerrojos constitucionales” de la actual Constitución, que también estará presente en el proceso de redacción del nuevo texto. Su presencia se debe a que en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que los partidos políticos firmaron en noviembre de 2019, se recogió que el órgano constituyente debería aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios.

Este “quórum” se trata de una de las medidas que más se ha criticado de la actual constitución chilena, redactada por los colaboradores de Augusto Pinochet en 1980. La exigencia de una mayoría de dos tercios para reformar los puntos troncales de la Constitución, ha sido uno de los mecanismos que ha impedido en 30 años cualquier reforma sustancial del texto, salvaguardando los aspectos más regresivos de una constitución que ni siquiera cuenta con legitimidad democrática plena, al haber sido aprobada en dictadura.

El quórum de dos tercios fue una garantía de continuidad del modelo social y económico establecido en la dictadura y plasmado en la Constitución. Hoy, estos mismos dos tercios vuelven a beneficiar a una derecha cuyo objetivo es evitar grandes transformaciones y ser árbitros de lo que se reforma y lo que permanece igual que en el texto de 1980. Casi todos los integrantes del centroderecha consideran que el modelo chileno es exitoso, y su misión de cara a los próximos meses será que la nueva Constitución sea lo más parecida posible a la que rige actualmente el país.

No obstante, aunque la derecha obtuviera más de un tercio de los escaños, las fuerzas progresistas e independientes cuentan con una ventaja respecto a su posición de las últimas décadas, y es que el órgano constituyente escribirá sobre una “hoja en blanco”. Esto significa que no habrá ningún texto de base, y la Constitución se escribirá desde cero, por lo que las materias sobre las que no se alcance un consenso de dos tercios no serán incluidas en el texto y se regularan por otras normas de rango inferior.

Este punto hace que la situación actual sea radicalmente distinta a la precedente, donde si se pretendía reformar un artículo, pero no se alcanzaban los dos tercios, se mantenía el artículo tal y como establecía el texto de 1980. La derecha intentó en la negociación del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que no hubiera hoja en blanco en el proceso y que el texto de base fuera el de 1980, lo que de facto hubiera supuesto que con un tercio más uno de los votos, podrían haber boicoteado el debate constitucional e impuesto el mismo texto que sigue vigente a día de hoy. Sin embargo, aquí las fuerzas progresistas no cedieron, y consiguieron la hoja en blanco a cambio de los dos tercios. En los próximos meses veremos cuál de las dos demandas era más importante.

Salud, educación, estado del bienestar y… carabineros.

En cuanto al contenido de la nueva constitución, las discusiones del debate público han girado sobre todo en torno a los derechos sociales. Las enormes desigualdades sociales y económicas que atraviesan Chile, fueron el principal detonante de las protestas que dieron lugar a la apertura del proceso constituyente, por lo que el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social han estado muy presentes en el debate las últimas semanas.

En este aspecto, casi toda la oposición coincide en lo básico: garantizar derechos como la educación o la salud y cambiar el rol del Estado, pasando de un Estado subsidiario a un Estado democrático y social. Sin embargo, la mayoría de la derecha es fiel defensora de la Constitución actual, que establece un Estado mínimo, que apenas interviene en la economía, y que concibe la sanidad y la educación como servicios que pueden proveer tanto lo público como lo privado. Un modelo importado de la Escuela de Chicago, cuyos economistas asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet, y que a día de hoy buena parte de la derecha continúa defendiendo como exitoso.

El rol del Estado y los derechos sociales será, por tanto, uno de los temas que levante mayores polémicas en la cámara constituyente, pues enfrentará dos visiones antagónicas. Por un lado, la de una derecha que pretende mantener un Estado lo más ligero posible, y por otro, la de una oposición, que, con distintos matices, busca superar el actual modelo neoliberal y avanzar hacia un estado social.

La reforma de la fuerza pública chilena, será otro de los temas que recibirá más atención en la Convención Constitucional. La actuación del cuerpo de Carabineros durante las protestas fue fuertemente cuestionada, dejando un triste balance de una veintena de muertos, más de 300 personas con lesiones oculares, y más de 3.000 heridos por agentes del estado. Tras las enormes críticas recibidas durante el último año y medio, la mayoría de las fuerzas opositoras abogan por introducir profundas reformas en la fuerza pública. Algunos candidatos incluso, como César Valenzuela del Partido Socialista (Lista del Apruebo) o Antonia Orellana de Convergencia Social (Apruebo Dignidad), hablan de superar Carabineros y establecer una nueva policía civil sometida a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, los posibles cambios en el régimen político también ocuparán un lugar importante, aunque hayan acaparado menor atención en el debate público. Tal vez por la complejidad del tema, o quizás porque las prioridades de la ciudadanía se encuentren en otros lugares, la realidad es que a día de hoy no parece que haya una mayoría abrumadora que apoye cambios en las instituciones políticas en una determinada dirección.

¿Cuáles son los tres ejes que considera más prioritarios para mejorar la situación del país en los próximos años?

Tampoco hay unanimidad al respecto dentro de la oposición, y si bien, casi todos los partidos abogan por un cierto reequilibrio de los poderes del ejecutivo y el legislativo en favor del parlamento, ciertos sectores del centroizquierda no parecen interesados en acabar con el presidencialismo. Aunque haya candidatos como el abogado constitucionalista Fernando Atria —independiente en listas de Apruebo Dignidad— defensores de un régimen parlamentario, ni en el centroderecha ni en parte del centroizquierda hay voluntad de tocar el presidencialismo. Tal vez sí de atenuar los amplísimos poderes del presidente de la República, pero ni siquiera de caminar hacia un semipresidencialismo, creando una figura de primer ministro como en el sistema francés.

Escenarios

Todos estos posibles cambios en el contenido de la nueva carta magna dependerán del escenario que nos encontremos en la cámara constituyente tras la elección. Si la derecha consigue poder de veto —más de un tercio de los asientos—, ambos bloques se verán obligados a alcanzar ciertos consensos para evitar un bloqueo total. De ello son plenamente conscientes en la oposición, y desde Convergencia Social (Apruebo Dignidad), la candidata por el distrito 10 Antonia Orellana plantea que si la derecha obtiene poder de veto, la oposición deberá centrarse sacar adelante reformas relativas al régimen político. Unas reformas que tratarían de introducir cambios en el Tribunal Constitucional o desarrollar nuevos mecanismos democráticos como iniciativas legislativas populares y medidas que aumenten la democracia, para así obtener tener mejores condiciones de disputa en el siguiente ciclo legislativo y presidencial.

Esta es una de las situaciones que parece más plausible a tenor de la mayoría de predicciones que se han planteado a fecha de hoy. Ante la ausencia de encuestas, las predicciones que han planteado proyectos como tresquintos.cl o el sociólogo y diputado Pepe Auth, han adquirido una notable relevancia a la hora de orientarnos de cara a lo que pueda pasar este fin de semana. Tanto la predicción de Auth como la primera de las tres que plantean en tresquintos.cl prevé un escenario donde la derecha (Vamos por Chile) obtendría más de un tercio de los escaños, pero sumaría menos que las listas opositoras.

De encontrarnos con unos resultados así, el centroderecha tendría capacidad de vetar determinadas reformas, aunque según Auth, no cree que ni Vamos por Chile, ni las listas de la izquierda vayan a actuar como bloques homogéneos. “Van a ser distintos los dos tercios para mantener la autonomía del Banco Central que para consagrar el derecho a la vivienda o para modificar el sistema de pensiones”,  declaró Auth en una entrevista para el diario digital Ex Ante, en la que señaló que cree que el trabajo constituyente para alcanzar los dos tercios obedecerá a una geometría variable y no a dos bloques compactos.

La gran cantidad de candidatos independientes que han incluido los partidos en sus listas es uno de los factores que podría dar consistencia a la tesis de Auth. Tanto Vamos por Chile como la Lista del Apruebo y Apruebo Dignidad incluyeron en sus listas junto a sus militantes y dirigentes a candidatos independientes no afiliados al partido. Una medida que buscaba satisfacer la demanda popular de participación ciudadana y evitar la proliferación de candidaturas independientes. Este será, por tanto, otro punto al que atender una vez sepamos los resultados. No solo importará cuantos constituyentes obtenga cada lista, sino quienes son y cuál es el perfil personal de cada diputado.

No tendremos que esperar mucho, y a lo largo de la noche del domingo sabremos quienes son los 155 integrantes de un órgano constitucional que será paritario, representará proporcionalmente a los diez pueblos originarios reconocidos en Chile, y que contará con la participación de miembros de la sociedad civil no adscritos a partidos. Un año y medio después del estallido social, Chile comienza a escribir su futuro.

Fuente :

anred.org