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La policía de Pullaro salió de cacería. Detenciones ilegales a jóvenes qom y hostigamiento a alumnos de la Escuela Gurruchaga. “No se puede meter preso a nadie por no tener el documento encima, porque en este país no hay obligación de portarlo”, sentencia la abogada de DDHH Matilde Bruera.

El verdugueo que padeció un alumno de 13 años a la salida del Complejo Educativo Gurruchaga. La confirmación tras comentarlo en el grupo de Whatsapp de que otros pibes y pibas habían atravesado situaciones similares en las inmediaciones del establecimiento de Salta al 3300, con el agravante de que en algunos casos les preguntaban si pertenecían al Centro de Estudiantes y hasta les sacaban fotos. La detención ilegal de cuatro jóvenes de barrio Qom de Rouillón al 4400, a los que tuvieron más de 12 horas encerrado en una comisaría, y un hecho similar en el que estaban involucrados menores de esa comunidad pero de la zona de Juan José Paso y Travesía, desnudan la habitualidad de las prácticas de hostigamiento de parte de la policía provincial que responde al gobernador Maximiliano Pullaro. “No se puede detener a nadie por no tener el documento encima, y mucho menos a un menor que acaba de salir de un colegio”, sentencia contundente Matilde Bruera, abogada histórica de derechos humanos, docente de la UNR, ex defensora pública y diputada provincial mandato cumplido. “De ninguna manera es la primera vez que los pibes que se juntan en la plaza para hacer hip hop o pasar el rato son abordados por la policía”, señala Ignacio Ibarburu, psicólogo que labura con jóvenes del barrio toba del distrito oeste, quien además confirma que más allá del tiempo excesivo que permanecieron en cautiverio, fueron “agredidos verbal y físicamente”.

Atravesar el viento sin documento

Hace poco más de una semana, el juez de segunda instancia Gustavo Salvador dejó bien en claro que la policía no tiene las atribuciones para detener a una persona por el sólo hecho de no portar su DNI con el único argumento de averiguación de antecedentes, lo que en la jerga se conoce como “portación de cara” o de gorrita. Esa práctica había tomado fuerza en marzo pasado cuando la reforma introducida por la Legislatura al artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial pretendía vulnerar los derechos de la ciudadanía. “El tema es claro, no te pueden llevar preso por no tener documento ya que no es obligación en este país la portación del documento para transitar por la vía pública”, remarca la abogada Matilde Bruera, y agrega: “La policía tiene que tener alguna razón para querer identificarte, tiene que sospechar que estás por cometer un delito o que lo has cometido o que estás vinculado a algún tipo de ilícito, y además lo tiene que probar, no puede decir pensé que se iba a robar una bicicleta, lo tiene que ver con una pinza cortando una cadena de una bicicleta en todo caso. Mucho menos lo que se ha hecho en la puerta de una escuela porque lo más normal es que los chicos no lleven el documento a la escuela porque lo pierden. Por eso el fallo del juez Salvador que interpreta la nueva norma del código procesal aclara eso”. 

En el caso de los pibes qom que fueron levantados del playón donde practicaba hip hop para una actividad que van a llevar adelante la semana entrante, la docente de Derecho de la UNR destaca: “Si los llevaron detenidos sin razones, no hay duda de que es un abuso de autoridad y la policía va a tener que explicar por qué se los llevó detenidos”. Y recomienda: “Si están detenidos, lo primero que tienen que exigir es inmediatamente poder comunicarse, le tienen que hacer lugar a una inmediata llamada telefónica para que pueda comunicar que está detenido, y los familiares o conocidos o un abogado ocuparse de tramitar la libertad y sobre todo de ir a verlo inmediatamente. El hecho de ir a verlo es importante porque se asegura, es un resguardo de la integridad física”.

Ante la consulta de si este rebrote de las detenciones o supuestas averiguaciones de antecedentes tienen que ver con la obsesión de los gobiernos nacional y provincial de bajar la edad de imputabilidad, Bruera reafirma: “Si hay algo que ha sido escandaloso es que le pidan documentos a chicos de 13, 14 años que no son punibles incluso, ni siquiera pueden ponerlos presos, no pueden retenerlos, no pueden nada, salvo que estuvieran cometiendo un delito flagrante, y en ese caso tienen que avisar a los padres y que los vayan a buscar y nada más. Si nos referimos al caso de la Escuela Gurruchaga, es escandaloso, porque son menores de 16 años y no había sospecha posible de nada porque eran chicos que entraban y salían de la escuela”.

Foto: Cristian Maiola

Respecto a si hay una suerte de consenso social que avala estas prácticas ilegales, la abogada de DDHH aclara: “Hay consenso en que se tomen medidas para la seguridad, no en que la policía pierda tiempo y se dedique a correr a los pibes en vez de preservar la seguridad. La gente lo que reclama es que se mantenga un clima de seguridad y de paz, no que al clima de inseguridad se le agregue una persecución policial. Yo no creo que ninguna persona en su sano juicio piense que pararse en la puerta de una escuela a pedirle documento a los chicos que salen, sea una batalla contra el narcotráfico. Por más represivo que sea el criterio de cualquier persona racional, no puede pensar que eso es la lucha contra la inseguridad”.

Por último, Bruera deja bien en claro el grado de responsabilidades: “Los funcionarios son responsables, no tienen que salir a repudiar, tienen que tomar medidas concretas. El ministro de Seguridad tiene que tomar cuenta que es responsable de las ilegalidades que están cometiendo los policías que comanda, que salen a hacer números, porque también hay que tener en cuenta que los policías son empleados públicos y les deben decir, ustedes tienen que hacer 10 o 100 procedimientos y salen a llenar formularios con procedimientos sin ningún criterio. No creo que los que se pararon en la puerta de la escuela hayan ido por su cuenta, los han mandado a pararse en la puerta de la escuela. El Ministerio de Seguridad tiene que dar respuesta de cuál es el criterio, de cuáles son las pautas y cuáles son las medidas que están ordenadas para tener seguridad en esta ciudad y en esta provincia. Y si desde el Ministerio salen a decir que por la información de los GPS de los policías, ninguno estuvo más de 120 segundos en un lugar y que no hubo consultas al sistema de datos de personas y después sale que el chico le sacó una foto al teléfono del policía cuando estaba haciendo la consulta al sistema, el Ministerio tiene que revisar cómo recaba los datos, hay algo que no le está funcionando o hay alguien que no le está diciendo la verdad”.

Hip Hop Robocop

“Los pibes se juntan casi todas las tardes noches a hacer freestyle o hip hop en el playón, y el lunes estaban ensayando un tema nuevo que van a presentar el martes que viene allí, vino la policía, les pidió el DNI y como tres de ellos no lo tenían y uno lo tenía en trámite, se los llevaron detenidos”, cuenta Ignacio Ibarburu, parte del equipo que labura con jóvenes de la comunidad Qom del oeste rosarino, y añade: “Primero dijeron que los llevaban a la comisaría 19, pero después nos enteramos que eso era falso y que estaban en la 32, nos comunicamos con el MPA, la defensoría penal y organismos de derechos humanos, y logramos que los suelten recién el martes a las cuatro de la tarde por lo que estuvieron más de 12 horas, y les armaron una causa por resistencia a la autoridad que nunca existió”.

Ignacio remarca que desde que los pibes se juntan a ensayar en el playón la zona se volvió más segura porque hay familias que pasan la tarde allí, pero también que esto de que la policía aparezca a molestarlos se volvió moneda corriente. “Circulan permanentemente con los patrulleros y hasta disparan al cielo para que la gente se disperse. Y dos por tres los abordan y si no tienen documento o si les da la gana se los llevan detenidos”.

En cuanto al trato que recibieron mientras estuvieron privados de su libertad, el psicólogo denuncia: “Siempre hay una estigmatización por el sólo hecho de ser tobas, por el color de piel, eso lo viven permanentemente. Por el relato, cuando pudieron salir, sufrieron violencia verbal todo el tiempo y a uno de ellos le pegaron. El tema es que por lo burocrático y el riesgo a que desestimen lo que cuentan y sea aún peor para ellos, ninguno quiere presentar ningún tipo de denuncia, ni siquiera institucional”.

Ignacio recalca que “siempre hubo una gran tensión entre las fuerzas policiales y las comunidades”, pero “en este momento hay una suerte de instaurar cierta política de terror para que la comunidad no ocupe o se apropie de los espacios públicos. Los chicos lo saben y por eso en sus canciones las letras son de protesta ante esta situación. Uno de los chicos, el último en salir de la comisaría, se fue derecho al taller de rap porque es el espacio en el que pueden denunciar y canalizar su enojo y su frustración”.

El martes 5 de noviembre, de 17 a 21, va a haber una hiphopeada para seguir disputando los espacios públicos y seguramente para gritar a viva voz que la policía de Pullaro viola abiertamente sus derechos.

Fuente : redaccionrosario.com