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Luego de la caída del decreto 320/20, el Gobierno creó un Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos. Sin embargo, especialistas advierten que no soluciona el problema y que sólo es válido para quienes tienen sus contratos de alquiler registrados en AFIP.  Por Ludmila Ferrer (El Grito  del Sur)

Después de que terminara la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que prohibía los desalojos en el contexto de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional formalizó la creación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, propone relevar la situación de aquelles inquilines que tengan sus contratos de alquiler inscriptos en AFIP y la firma de convenios con distintas entidades gubernamentales para evitar desalojos y que familias de todo el país se queden en la calle.

“Lo que confirma el protocolo es que tomaron la decisión sin conocer la situación de los inquilinos y las inquilinas en la Argentina porque tendrían que haber pedido la información antes de tomar la decisión”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN).

En diálogo con  la abogada Guillermina Greco, integrante del programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que el nuevo protocolo “no modifica demasiado” la situación de les inquilines. “El protocolo propone algunos lineamientos para relevar la situación de los inquilinos, ver cómo están compuestas sus familias, algunos criterios para priorizar las respuestas”, afirmó.

De acuerdo al texto de la Resolución 5/2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es la encargada de hacer el relevo de los datos de los locatarios y sus familias, el plazo del contrato, el precio del alquiler y sus actualizaciones, las condiciones del inmueble, las deudas y en qué estados se encuentran los procesos de desalojo, entre otras cosas. Sin embargo, el protocolo sólo afecta a aquellos que tengan el contrato de alquiler registrado en AFIP y eso sólo cabe para quienes firmaron dichos contratos después de la sanción de la Ley Nacional de Alquileres en junio de 2020.

“Esto lo identificamos como un problema. La realidad es que como no son muchos los contratos que están registrados en la AFIP, no tenemos números oficiales y tampoco hay datos de cuántos son los contratos de alquiler que existen en el país, ni de los registrados ni de los no registrados -sostuvo Greco-. Una parte importante de la nueva Ley de Alquileres es que obliga a registrar los contratos y eso justamente tendría que permitir empezar a contar con datos fidedignos de cuántos (inquilinos) existen y en qué condiciones”.

Según datos relevados por Inquilinos Agrupados, actualmente hay 2.400.000 inquilines endeudades; 1.249.500 hogares no pudieron pagar el alquiler de enero o lo pagaron parcialmente y 300.000 acumulan deuda de 5 meses o más. Y esto, sumado al fin de la prohibición de los desalojos, coloca en una posición vulnerable a las familias que no tienen una vivienda propia.

“No se ha creado un sistema de contención para evitar algo que está sucediendo y encima en plena segunda ola cuando la ONU recomienda suspender desalojos en todo el mundo, cuando Estados Unidos suspendió hasta junio los desalojos, cuando es una política mundial esto de quedate en casa, si tenés una casa donde quedarte”, criticó Muñoz durante una entrevista que brindó al canal C5N.

Asimismo, el Gobierno habilitó un aumento en el precio de los alquileres -que estaba congelado desde el inicio de la emergencia sanitaria- y se registraron incrementos que superaron la inflación de 2020: los aumentos más bajos se registraron en Recoleta con un promedio de 40,4 por ciento, mientras que los más altos fueron en Flores con 66,6 por ciento, seguido por Monserrat y Núñez, ambos con un promedio de 63,2 por ciento.

“La respuesta al decreto (de congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos) fue un golpe de mercado muy fuerte en un país que tiene la vivienda dolarizada y el precio del alquiler completamente desregulado”, apuntó Muñoz y recordó que la nueva Ley de Alquileres “no regula el precio, regula la actualización”, que debería ser anual y regirse por la inflación y los aumentos salariales.

El nuevo protocolo prevé, también, la suscripción a convenios de colaboración y asistencia con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio Público de la Defensa; el Poder Judicial de la Nación y/o de las Provincias; la AFIP; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; las Unidades Ejecutoras de Programas de Viviendas Nacionales, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asociaciones y/u organizaciones de la sociedad civil.

“Se habla de algunos acuerdos y convenios que se van a celebrar entre distintas áreas del Estado para poder dar respuesta a los problemas de los inquilinos. Pero es eso, dar lineamientos y sentar parámetros, (el protocolo) no brinda una solución concreta general para todos los inquilinos ni algo que modifique per se la situación en la que se encuentran”, señaló la abogada de ACIJ.

La Asociación publicó una guía sobre los desalojos en la que recuerda que “un desalojo sin orden judicial es ilegal”, que se debe notificar a las personas afectadas con un “plazo suficiente y razonable” y “ofrecer asistencia jurídica”, entre otras cosas. “Los derechos valen para todos, por más que el protocolo no se ocupe de los contratos no registrados -afirmó Greco-. La obligatoriedad de las mediaciones, los procedimientos judiciales, el acceso a la defensa pública son cosas que no se pierden o no se hacen porque los contratos no estén registrados, sino que son derechos que las personas tienen”.

Fuente :

anred.org