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“Que las calles, veredas y plazas cobijen tu tiempo de infancia, jugando a la pelota, a la rayuela, a las escondidas, a la popa o la mancha.

Que nunca tengas que mendigar hogar, amor ni comida.

Que sólo te despiertes de madrugada para no llegar tarde a la escuela.

Que seas desvelo para todos los que ya nos volvimos grandes y que, al menos, para alguien seas lo más importante.

Que los que pretenden condenar tu destino, cuando te vuelvas grande, intentando librarse de culpa y cargo por todo lo que debieron hacer y no hicieron, no se salgan con la suya.

Que los gobiernos y Estados, que tienen el deber de cuidarte, no se acuerden de vos demasiado tarde.

Que la infancia sea siempre tu refugio y tu trinchera. Que tus sueños de niño nunca descansen”.

Más allá de las diferentes concepciones acerca de la infancia y la adolescencia, la mayoría de las personas podemos comprender que las niñas, los niños y adolescentes son sujetos en pleno proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje; así como también entendemos que los Estados, los gobiernos, las instituciones sociales vinculadas a la educación, a la crianza y al cuidado de la salud, somos responsables de acompañar dicho proceso. En otras palabras, podemos reconocer que somos los grandes quienes debemos cuidar a las nuevas generaciones.

Las niñas, los niños y adolescentes, desde hace casi 40 años, además, son sujetos de derecho: así lo establecen diferentes marcos legales internacionales, nacionales y provinciales. Sin embargo, no resulta tan sencillo apropiarse de nuevas ideas construidas y legitimadas, sobre todo, si se trata de las infancias y adolescencias. Porque, como dice El Principito: “Todos los grandes han sido niños, pero sólo pocos lo recuerdan”. Y, a medida que fuimos creciendo, fuimos apropiándonos de la imagen de un “niño ideal” creada por las disciplinas de la salud, las instituciones escolares, el sistema educativo, los medios de comunicación y las publicidades. Quizás por eso tendemos a pensar a las niñas y los niños como adultos en miniatura a quienes debemos preparar para su futuro (como si el presente no fuera lo suficientemente importante, como si su tiempo de infancia no debiera ser respetado) o como seres frágiles e indefensos, que no tienen pensamiento propio, voz ni voto, a los cuales debemos educar del modo en que creamos sea conveniente (según las épocas y corrientes teóricas de turno), sin medir las consecuencias de nuestros actos, porque nos enseñaron y aprendimos que “todo lo que hacemos es por su propio bien”.

El querido escritor y docente Luis María Pescetti explica que: “Es un largo camino pedirle a una persona que se imagine, se represente con otra edad y cómo actuaría. Lo más probable es que traslade su expectativa de respuesta actual y la desplace a «ese imaginado». Ejemplo: —Yo quiero que un adulto se imagine cómo le gustaría que le digan que no, si fuera niño. Lo más probable es que se imagine a un niño ideal que acepta el no que le dicen”. Por eso, Luis propone “pensar a los niños como inmigrantes en el tiempo, pues llegan a un presente del cual los adultos somos ciudadanos. Estábamos antes, lo armamos, y ellos se insertan”.

En igual sentido, el filósofo Walter Kohan señala que: “Independientemente de las posibles modificaciones realizadas a lo largo de los años aún hoy persiste la idea de una infancia que debe ser pensada por el adulto o en el mejor de los casos tutelada por él”. Es decir, la mirada adultocéntrica sigue vigente, a pesar del paso del tiempo. Santiago Morales explica que el “el adultocentrismo es la creencia de las personas adultas de que somos superiores sólo por ser más grandes”. Claro, esto no significa que los grandes dejemos en el desamparo a las niñas y a los niños, somos responsables de criar, educar, cuidar y acompañar.

Estas ideas pueden ayudarnos a comprender algunos de los motivos por los cuales el actual gobierno impulsó un proyecto de reforma penal juvenil, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y que, según informan diferentes encuestas, cuenta con el aval de una porción importante de nuestra sociedad. Este proyecto propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, a pesar de que Unicef, entre otros organismos internacionales, asegura que: “La proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. (…) La noción de la inimputabilidad y de un régimen penal especial para adolescentes no viene de la capacidad de los chicos y las chicas de actuar como personas adultas, sino precisamente de su falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes y, por consiguiente, de total responsabilidad. Por este motivo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, y la Declaración de los Derechos del Niño indica que «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal». (…) Los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir «múltiples formas de violación, como ser reclutados; llevar a cabo ejecuciones; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas»”.

Referentes en la defensa por los derechos de las infancias y adolescencias, como la abogada Claudia Cesaroni, expone las diferencias entre el concepto de imputabilidad y el concepto de punibilidad. Entonces explica que la discusión no debería centrarse en el entendimiento respecto de los actos cometidos, sino en la responsabilidad penal de las personas que se encuentran en proceso de formación y que deben ser protegidas por los estados, gobiernos e instituciones. Podríamos preguntarles a los diputados y diputadas, que levantaron la mano, para garantizar la media sanción a este proyecto de ley, escudándose en el lema que reza “delito de adulto, pena de adulto”: ¿cómo llega un muchachito a cometer un ilícito?, ¿cómo logró conseguir un arma?, ¿cuál fue el camino que lo condujo a habitar las calles antes que su hogar, el club y la escuela?, ¿por qué consume drogas o se convierte en “soldadito” de las bandas de narcotráfico de su ciudad?, ¿cómo es posible que esos/as representantes del pueblo, que ahora se escandalizan, no se hayan avergonzado antes por esos niños y niñas que nunca miraron, cuando hacían malabares en una esquina para conseguir un par de monedas o billetes, cuando vendían pañuelitos en un bar, para ayudar a su familia, o cuando tiraban de un carro para intentar buscar en los contenedores de basura algo para comer?

La reforma penal juvenil, además, asigna fondos para recursos y capacitación. No hay plata para la obra pública, para mejorar las condiciones de vida de las personas (incluidas niñas, niños, adolescentes y sus familias), para invertir en salud, educación, atención a las personas con discapacidad y la universidad pública y gratuita; pero sí hay presupuesto para condenar y castigar al piberío, a los más vulnerables, a los siempre postergados.

En el mismo sentido, los nuevos proyectos de ley de libertad educativa y de reforma laboral contribuyen a dañar el presente de las nuevas generaciones, porque el Estado pretende no cumplir con sus obligaciones indelegables de garantizar la educación de las infancias y adolescencias; al mismo tiempo que condena a sus familias quitándoles derechos laborales conquistados, obligándolas extender sus jornadas de trabajo a 12 horas, a fraccionar sus vacaciones, a aceptar “salarios dinámicos” (según mande el patrón de turno y los índices de productividad), a tolerar condiciones de trabajo precarias. Sabemos, también, que esta reforma realizará su aporte para engrosar las estadísticas del desempleo, cierre de fábricas, empresas y pymes, conduciendo a mayor desigualdad y vulnerabilidad social, con los riesgos que ello implica para las niñas, los niños y adolescentes que sufren esta realidad en sus hogares: trabajo infantil para ayudar en casa, menos escuela y menos club, más calle con la consecuente exposición a la inseguridad, el narcotráfico y la violencia.

Dice la querida escritora Graciela Montes: “¿Por qué insistir en la responsabilidad? Porque está asociada al poder. Los adultos somos personalmente responsables de los niños porque somos hegemónicos, tenemos el poder. De un lado hay alguien que puede y sabe más: el grande; del otro, hay alguien que puede y sabe menos: el chico. Somos los grandes los que tomamos decisiones. Y los que toman decisiones son siempre responsables”. Esta responsabilidad requiere de tiempos, formas y ética. Si los gobernantes y representantes del pueblo se acuerdan de las chicas y los chicos, cuando comienzan a tener conflictos con la ley, para condenarlos, castigarlos y encerrarlos, están reconociendo (aunque no lo digan) que llegaron tarde. Quienes nos volvimos grandes deberíamos tomar cartas en el asunto y dejar de hacernos los distraídos, porque la responsabilidad es compartida. El gobierno de turno, que propone castigar antes que educar y cuidar, los “honorables” legisladores, que levantan la mano para disimular sus faltas y levantar el dedo acusador, esa parte de la sociedad, que aplaude esta reforma, y también la otra, que mira las noticias por la televisión o redes sociales, no somos inocentes, no estamos libres de culpa y cargo. Nosotros sí somos punibles e imputables, porque los grandes somos siempre responsables.

*Docente de la UNR, Especialista en Alfabetización e Inclusión (CEI/UNR), fonoaudióloga 

Fuente : redaccionrosario.com