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La presunta “guerra contra el narcotráfico” promueve lo que dice combatir. En realidad, es una excusa para la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Sólo militarización, sin jamás poner la lupa sobre los bancos que lavan, los puertos privados y las sociedades anónimas opacas.

En junio de 2024 la guerra contra las drogas cumple 53 años. Y la experiencia histórica marca, en forma incontrastable, que se trata de una guerra perdida o, incluso, una contienda falsa, manipulada y con objetivos no declarados. Guerra y droga: ambos términos dan lugar a preguntas sin respuestas. Si realmente cabe la denominación “guerra”, por un lado, y cuál es el “enemigo”, por otro. Porque empezó siendo “la droga”, luego el “narcotráfico”, y últimamente se agregó a este confuso y manipulado universo semántico otro término: “terrorismo”. 

El uso de las palabras, su manipulación e instrumentalización, en el marco de una embestida propagandística para construir una realidad paralela, da lugar a una farsa que oculta el papel fundamental del narcotráfico dentro del capitalismo y, más puntualmente, como una de las bases de los planes imperiales en América Latina. Más aún en esta etapa dominada por las finanzas y la devoción al dios mercado. Bajo el imperio de esta deidad, una mercancía que produce enormes márgenes de ganancia es invencible, irreemplazable. 

Sin lavado, sin paraísos fiscales, sin sociedades anónimas opacas no hay narcotráfico. Buena parte del sistema financiero mundial depende de los flujos de dinero que provienen de la venta ilegal de drogas. El capitalismo es el principal adicto. La tan cacareada “libertad del mercado” es el escenario perfecto para el flujo de divisas de origen dudoso. 

El andamiaje de la economía mundial no parece estar en guerra contra los narcotraficantes. Todo lo contrario. Y los resultados así lo demuestran. A más de medio siglo, lo que se dice combatir, en realidad, crece cada vez más. Extraña guerra que promueve, fortalece, profundiza y vuelve indispensable lo que dice combatir. Por eso se insiste con las mismas ideas, las mismas políticas y las mismas recetas que fracasaron. Y esto hace pensar en las verdaderas intenciones de quienes repiten la vieja fórmula propagandística.

Una puerta abierta al ejército de Estados Unidos

La experiencia histórica (y una cantidad exuberante de documentos) demuestran que esta farsa ha sido una excusa para el injerencismo del imperio estadounidense en América Latina: invasiones, golpes de Estado y saqueo de recursos naturales son las verdades que esconde la tapadera de la supuesta “guerra”. Tanto este término como “terrorismo” vienen obrando como la puerta de entrada de las tropas yanquis a su “patio trasero”. Se puede trazar una línea que incluye la doctrina Monroe (1823), la doctrina de la seguridad nacional (1960-1970), el Plan Cóndor (1975-1983), el consenso de Washington (1989), el Plan Colombia (1999) y la militarización de México (2006) para incorporarse a la contienda, entre otros hitos. Actualmente Perú, Ecuador, Paraguay y Argentina tienen tropas yanquis en su territorio. Y en sus repetidas visitas a la región, la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, reiteró que el imperio viene por litio, petróleo, gas, minerales y agua dulce.

En Ecuador, bajo el actual gobierno de Daniel Noboa se autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos tras combinar todas las palabras clave en un sólo decreto que declara el “conflicto armado interno” y considera a las bandas criminales “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. 

A cien días de la militarización, los resultados son los de siempre: “Los primeros 100 días del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se cumplieron en medio de una grave crisis de inseguridad que no pudo ser frenada con la declaración de estado de excepción y conflicto armado interno a nivel nacional. Mientras la cifra de secuestros y extorsiones sigue aumentando, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su preocupación por la violencia que atraviesa al país y lamentan que el discurso de la «bukelización» esté calando con una visión punitivista, sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad”, escribió Guido Vasallo en la nota publicada en Página 12. 

En Argentina, el gobierno de Javier Milei habilitó la instalación de militares norteamericanos en la Hidrovía Paraná-Paraguay. La Autoridad General de Puertos (AGP) firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en una de las cuencas de agua dulce más grandes del mundo. 

“La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos”, señaló el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el 17 junio de 1971 en la Casa Blanca, definiendo por entonces a los adictos como el enemigo en esa contienda. Se considera que ese día se dio nombre a la etapa actual de ese eterno y sospechoso conflicto bélico.

“El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas y, con ello, contra los carteles de la droga en Latinoamérica, principal productor y exportador del mundo. Hoy, sin embargo, esa guerra sigue en pie y, para muchos países, parece perdida”, señala el medio de Reino Unido Open Democracy en la nota titulada “Cincuenta años contra las drogas, una guerra perdida”, publicada en junio de 2021, a medio siglo del inicio de la cruzada.

Como buena parte de los informes que los medios publicaron al cumplirse las bodas de oro de la presunta guerra, el medio británico hace especial hincapié en los fracasos de las políticas represivas en Colombia y México: “Cuando el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas, lo hizo también contra los cárteles del narcotráfico en Colombia. Hoy, 50 años después, el país del café no parece haber avanzado mucho en este tema. Con producción de drogas tanto a base de plantas como sintética, tráfico ilícito de estupefacientes a baja y alta escala, sentencias sin proporción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y una política arcaica de aspersión con glifosato, las respuestas represivas a las drogas ilegales sólo han fortalecido un negocio que ha hecho que el país sea conocido como el mayor exportador de cocaína en el mundo”.

Con relación a México, Open Democracy señala que hoy la sangrienta guerra de los carteles que controlan el narcotráfico recrudeció. Y menciona que en 2006, el gobierno de Felipe Calderón lanzó su ofensiva frontal contra el narcotráfico. “Lo que consiguió fue aumentar el consumo, la violencia y una penetración más profunda del crimen en las instituciones estatales, además de múltiples violaciones a los derechos humanos y el nacimiento de un nuevo paramilitarismo”, señala la nota, al tiempo que agrega que la estrategia falló, ya que entendía al narco como un problema de seguridad que había que atajar por medios policiales, más que como un tema de salud pública. “Así, México se volcó hacia las medidas punitivas en vez de buscar una estrategia integral para combatir a los carteles y su poder en la política del país”, considera el medio de Reino Unido.

El enemigo real son los pobres, las mujeres y los indígenas

“Ha sido una guerra con millones de bajas, entre las que se cuentan los pequeños agricultores, los indígenas, las mujeres, los negros, los mulatos, los jóvenes y todos esos pedazos de la sociedad marginados que no tienen poder alguno frente a la maquinaria absoluta de las drogas, la política, la corrupción y el poder”, concluye la nota Open Democracy.

El diario El País de Madrid también publicó un informe sobre el tema, firmado por Guillermo Garat, el 17 de junio de 2021. “La guerra contra las drogas: medio siglo de derrotas para América Latina”, se titula. Y agrega en la bajada: “Hace 50 años Nixon (…) puso en marcha una maquinaria burocrática y propagandística que ha transformado la vida en América Latina. Documentos y expertos de la región dibujan el recorrido de un fracaso rotundo: producción, salud pública, violencia, inclusión; todo ha empeorado desde entonces”.

El diario español señala que la única excepción es Bolivia, que a partir de las políticas de Evo Morales (que gobernó desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019) implementó un enfoque completamente distinto. Menciona que en ese país la hoja de coca es ancestral y que fue declarada “patrimonio cultural, recurso natural” y “factor de cohesión social”. Desde la nueva Constitución de 2009, señala El País, su control está a cargo de los gremios cocaleros. Ellos son los que fiscalizan, sancionan, otorgan licencias de cultivo, miden la superficie de los cultivos con drones, y llevan el registro biométrico de los campesinos que comercializan en mercados locales.

Evo Morales: “DEA go home”

“Un año antes de sancionar la Constitución, en 2008, Evo Morales expulsó a la DEA (La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) del país. El efecto de todo este proceso es una evidencia incómoda: desde entonces se ha puesto freno a la violencia y se ha disminuido la destilación de cocaína. Bolivia incauta más pasta base y cierra más laboratorios de reciclaje de manera pacífica que con guerra. Los analistas coinciden en que el control social boliviano destruye más laboratorios y cristalizaderos que antes y también ha hecho bajar el área de cultivo, la producción de cocaína y el contrabando de la hoja. El control social no genera violencia contra los campesinos azotados durante décadas con muertos, cientos de heridos y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos”, indica el medio madrileño.

El País hace referencia a los reiterados fracasos del enfoque represivo y punitivista: El movimiento geopolítico contra las drogas quiso frenar el uso e incluso Naciones Unidas llegó a ponerse como objetivo terminar con los cultivos en más de 100 años de convenciones internacionales contra las drogas. Siempre fue un fracaso. Entre 2009 y 2017 el uso de sustancias aumentó un tercio: por lo menos 300 millones de personas usan anualmente alguna sustancia de tráfico ilícito. El precio ha bajado sustancialmente desde entonces. Y las muertes por sobredosis o el uso abusivo crecieron exponencialmente.

“Sólo en Colombia, entre 1996 y 2016 Washington invirtió casi 10 mil millones de dólares, según la organización no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Un 71 por ciento de ese total se fue a gasto militar directo. En los últimos años, la inversión policiva se ha moderado. Pero no la ha sustituido la enfocada en objetivos económicos o institucionales, que también ha caído. La proporción entre «cañones y mantequilla», por usar la vieja metáfora macroeconómica de la elección presupuestaria entre dedicar presupuesto a guerra o a desarrollo, se ha emparejado, pero ha sido a costa de una reducción total de la inversión externa”.

Medio siglo después, agrega la nota del diario español, el sistema de control internacional parece incentivar grupos violentos en todo el mundo: guerrillas, paramilitares, pandillas, políticos, policías y militares, funcionarios corruptos, empresarios y el sistema financiero que controla las ganancias.

Puesta en escena, frágiles supuestos, débiles soluciones

“Entre las consecuencias no deseadas del sistema internacional de control, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) menciona la reproducción de un lucrativo y violento mercado clandestino y reconoce que el énfasis en lo represivo desparramó laboratorios, plantaciones, corrupción y lavado de dinero a nuevas zonas geográficas. A su vez, la presencia de grupos criminales desalienta la inversión y desvía fondos de políticas sociales a sectores militares y policiales”, agrega el informe, que denuncia que las cuentas de la guerra contra las drogas no cierran nunca, pero nadie las rinde. 

“No es como en otras políticas públicas donde se discute lo más efectivo. En este caso es como que no importa, hay una suerte de ceguera sobre los efectos. Parece casi imposible moverlos de esas lógicas y narrativas después de toda la información del fracaso de las políticas de drogas”, explica la doctora en Derecho Diana Guzmán, subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.

En la nota del Washington Post titulada “Una guerra inventada y 350.000 muertos en México” se cuestiona la noción de guerra y se ofrecen cifras pavorosas que son el resultado de la militarización de la sociedad: “En México han sido asesinadas alrededor de 350.000 personas y más de 72.000 continúan desaparecidas –según cifras oficiales de enero de 2006 a mayo de 2021– no sólo por la militarización, sino sobre todo porque los soldados salieron de los cuarteles para combatir una guerra ficticia”, señala el informe del diario estadounidense, publicado el 14 de junio de 2021, que agrega que los homicidios se han triplicado en este tiempo, pero eso no ha impedido que la importancia del Ejército siga aumentando. 

“La influencia militar, además, se mide en cómo el espíritu castrense de «guerra» y «enemigo» ha permeado a todas las fuerzas de seguridad. La narrativa de la guerra contra las drogas ha servido como paraguas para la corrupción e impunidad históricas en la impartición de justicia”, señala el informe del diario estadounidense. 

Si comparamos estos diagnósticos con otros más actuales, se comprueba que poco o nada ha cambiado para mejor. En la nota publicada el 10 de marzo de 2024 en El cohete a la luna, titulada “Una foto llena de provocaciones” el escritor, docente e investigador especialista en criminología Esteban Rodríguez Alzueta se refiere a la situación de Rosario y despliega toda la compleja trama de la economía ilegal: “La expansión de las economías de drogas ilegalizadas tienen un telón de fondo que involucra a los desarrolladores inmobiliarios, financieras, concesionarias de autos, a las barras de los clubes más importantes, dirigentes políticos, a los puertos privados con controles rápidos, a las cerealeras y aceiteras, y, por supuesto, al tráfico ilegal de granos en toda la región. Poner el ojo en la violencia en los barrios es fundamental, pero cuando se lo hace focalizando en ellos, sigue siendo una forma de desviar parte de la atención, de cuidar a las fuerzas vivas de la región, que financian gran parte de la política y la gestión en esa provincia”.

La ambigüedad de la noción de “terrorismo”

Otra de las nociones a las que recurre el enfoque punitivista para calificar a las organizaciones de narcotraficantes es “terrorismo”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos señala que el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia, y advierte: “Los Estados definen al terrorismo de maneras diferentes y a veces ambiguas, por lo que la legislación nacional no siempre protege los derechos humanos de los ciudadanos”.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ofrece el marco jurídico universal contra el terrorismo en un documento de 126 páginas que se puede consultar en línea. Allí se documentan los peligros que implican la ambigüedad del término y los vacíos legales que pueden dar lugar a prácticas aberrantes.

El documento contiene además una serie de recomendaciones que se desmarcan de las posturas militaristas y represivas que, sistemáticamente, ignoran los aspectos financieros del problema, más allá de los usos y abusos del término “terrorismo”: “Aumentar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”, recomienda la oficina de Naciones Unidas.
 

Fuente : redaccionrosario.com