DiarioAr

El brusco descenso de asesinatos en Rosario, sin cambios estructurales en las agencias de seguridad, lleva a los especialistas a vislumbrar un posible acuerdo de pacificación entre el Estado y el crimen.

Con la misma policía –apenas provista de más patrulleros y motocicletas–, el mismo Servicio Penitenciario y un puñado de leyes aprobadas por la Legislatura apenas asumió, el gobernador Maximiliano Pullaro logró en muy pocos meses revertir una tendencia de más de una década en materia de violencia letal. Con la cooperación de Patricia Bullrich, redujo entre un 60 y un 70 por ciento el número de homicidios intencionales cometidos en Rosario en apenas medio año, números que los mismos actores no consiguieron conmover cuando compartieron sus responsabilidades a cargo de la seguridad pública de la provincia y del país, entre 2015 y 2019. O en cuatro años aprendieron lo que antes no sabían y es el tesoro mejor guardado del mundo del conocimiento, o se trata de un milagro securitario. Los especialistas, en cambio, se inclinan por una tercera y más racional explicación: un acuerdo subterráneo entre agencias estatales y la criminalidad más o menos estructurada, que garantiza a la vez el mantenimiento del negocio y estándares aceptables de paz social. En definitiva, lo que ocurre en otras ciudades similares a Rosario y que les permiten convivir con tasas de homicidios y de violencia armada cercanas o por debajo a la media nacional.

El milagro

En la narrativa oficial, lógicamente, nada de eso puede ser expuesto. Por eso, el lunes 26 el gobernador Pullaro y la ministra nacional de Seguridad, Bullrich, se presentaron en la sede local de Gobierno, en rueda de prensa, y dijeron: “Bajamos hasta 70 por ciento los niveles de violencia y tenemos el número más bajo de homicidios en 17 años en Rosario”.

Seguro de la eficacia de su política, el mandatario provincial prometió mejorar aún más los ya milagrosos números sobre descenso de asesinatos: “Les puedo asegurar a todos los rosarinos y rosarinas que no vamos a descansar hasta que Rosario sea la ciudad que fue, y hoy podemos decir que de a poco lo estamos cumpliendo”.

Con estadísticas que cualquier gobernante quisiera exhibir en público, Pullaro dijo que “tenemos al día de hoy una disminución de la violencia del 66 por ciento respecto al año pasado y 70 por ciento menos que el anteaño pasado; es el número más bajo en heridos de arma de fuego y homicidios de los últimos 17 años en la ciudad de Rosario, y el número de homicidios y heridos de arma de fuego más bajo del siglo en la capital provincial”.

El gobernador no brindó detalles del plan de seguridad puesto en marcha para conseguir, en tan escaso tiempo, resultados de tal magnitud. Sólo aseguró que “esto indudablemente nos marca que el rumbo que hemos llevado adelante junto al Gobierno nacional y los demás poderes, es el rumbo que teníamos que tomar con mucha firmeza, determinación y claridad”.

Pullaro suele referirse a su programa de seguridad con lugares comunes de la demagogia punitiva –como la aplicación de la “mano dura” policial– y, en esa tónica, hasta llegó a exponer un irónico plan de adopción de presos destinado a personas interesadas en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ya que los reos “son tan buenitos”.

Bullrich, en cambio, desbordó de cifras su exposición en Rosario. Por lo general, las autoridades no mencionan otros delitos que sí crecieron –como hurtos, arrebatos, entraderas, habitualmente denominados ilícitos “predatorios”– sino que se centran en el que mejor exhibe los logros. Guarda una impecable lógica política.

Entonces Bullrich dirá que “hemos incrementado 500 por ciento las incautaciones de cocaína respecto al mismo periodo en el 2023, es decir que hay una caída muy fuerte del flujo de cocaína en Rosario y las fuerzas federales arrestaron a 555 personas vinculadas al narcotráfico”.

También, detalló la ministra, “se han hecho 856.688 controles de personas, con 647 detenidos; se controlaron 382.662 vehículos con la retención de 344; se realizaron 191 allanamientos en lo que va del año y tenemos 387 investigaciones en curso; y se firmó un acuerdo con el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) para el control de todas las armas en la ciudad de Rosario”.

Pullaro no se quedó atrás y también desparramó números, aunque antes enfatizó que “estos datos no son el punto de llegada, sino el punto de partida”, atento a que “viene una segunda etapa de este programa que llevamos adelante conjuntamente con Nación, por lo que vamos a seguir fortaleciendo los niveles operativos”.

Así, explicó que “se viene el llamado a concurso para 52 fiscales en la provincia con el objetivo de cubrir las vacantes con subrogantes que faltan en el Ministerio Público de la Acusación para que se pueda mejorar la investigación”.

Y agregó: “Vamos a invertir 50 millones de dólares para incorporar 5.000 cámaras de seguridad, lo que hará que Rosario sea la ciudad más monitoreada del país, e invertiremos 400 millones de dólares en obra pública carcelaria y policial para construir en estos cuatro años 4.260 plazas carcelarias y nos comprometemos a terminar las 4 estaciones policiales que le faltan a la ciudad de Rosario”.

Con los resultados exhibidos en el primer semestre del año, podrían considerarse a esas inversiones casi como un malgasto de los recursos públicos. Porque, aun sin ellas, el delito trepidó.

Paz y biyuya

Quien con menos apego por la metáfora se refirió al tema fue el ex ministro de Seguridad durante una parte de la gestión de Omar Perotti, Marcelo Sain, enemigo público del gobernador Pullaro, quien antes de enemistarse lo trajo como asesor a Santa Fe.

En su cuenta de la red social X, Sain adjuntó una noticia periodística sobre la caída de la tasa de homicidios en Rosario y escribió: “Se hizo lo que se tenía que hacer: pactaron con el crimen a cambio de paz y biyuya. Es lo que había que hacer. Siempre lo dije!!!”.

Efectivamente, el ex encargado de la seguridad pública santafesina expuso en diferentes oportunidades la teoría de la regulación estatal del mercado ilegal de la venta de estupefacientes al menudeo. En su gestión, chocó contra una fuerza de seguridad que se mostraba fragmentada, impotente o inhibida –por complicidades o subordinaciones a las bandas criminales– de ocupar esa posición.

Y, según explicó ahora –aunque también lo había hecho antes– con la ausencia de las condiciones mínimas que se requieren para establecer ese tipo de acuerdos.

Sain sostuvo en su posteo de X que, con el objetivo de alcanzar un acuerdo pacificador, “se necesitan tres condiciones que nosotros no tuvimos: 1) Tener subordinado al Ministerio Público de la Acusación (MPA, es decir, fiscalías); 2) Contar con el silencio y legitimidad de los medios de comunicación. Y 3) El apoyo integral y concreto del gobierno federal”.

Concluyó el posteo con una autocrítica: “Nosotros no estábamos ni cerca”.

Luego volvió con un olvido en su enumeración de requisitos que considera indispensables para el objetivo que sí parece haber logrado, al menos por ahora, Pullaro. “Agrego: y un gobernador que banque!!! Nosotros tampoco lo teníamos”, dijo sobre Perotti.

Ante la consulta de otro usuario de X, Sain añadió que “en este caso hay alianza de viejos lobos policiales y jefes narcos, paz y plata a cambio de que el negocio no se toque”. Y aseguró que eso “no está mal”.

“Acuerdo tácito”

El director del Observatorio de Política Criminal y ex titular de esa área en el Ministerio de Seguridad de la Nación, el abogado Ariel Larroude, consideró “sorprendente” el descenso de la tasa de homicidios en Rosario, cuando paralelamente “el consumo de drogas sigue creciendo”. También entiende que puede existir un pacto de pacificación entre el Estado y las bandas criminales.

Consultado por El Eslabón para esta nota, dijo lo siguiente.

—¿Qué explicación encontrás a la reducción tan pronunciada y rápida de la tasa de homicidios en Rosario?

—La verdad que es sorprendente, tanto es así que resulta llamativo. Esto lo digo porque el consumo de drogas sigue creciendo. Ni grandes ciudades con problemáticas de base similares a Rosario, como Medellín o Cali a finales de los 80 y principios de los 90, bajaron de manera tan abrupta la cantidad de muertes violentas vinculadas al narcotráfico en menos de seis meses. Esto puede ser resultado de un excepcional éxito en materia de política criminal que en la superficie se manifestó a partir de un reacomodamiento de las tareas de prevención del delito por parte de las estructuras policiales –federales y locales–, como también de las penitenciarias en las cárceles.

Para Larroude, esos ajustes no son excluyentes con la idea de un pacto de convivencia. “Lo que no quita que, en paralelo, haya habido un gran acuerdo tácito con las bandas para menguar la violencia, haciendo la vista gorda con la venta de drogas en la ciudad. Recién a fin de año habrá que evaluar el impacto de estas políticas, tanto preventivas policiales como penitenciarias”.

El director del Observatorio de Política Criminal, autor de los trabajos Dejar matar, dejar morir. Rosario, un sueño de paz, agregó que “de igual forma, hay que evaluar lo que sucedió con el narcomenudeo en la ciudad, que pudo haber revitalizado el poder de control territorial a partir de una reorganización vertical de una fuerza cuestionada pero profundamente atomizada, como así también el impacto de las reformas procesales penales que dieron vida al sistema acusatorio en la ciudad, donde ahora las investigaciones y la acción penal están en manos de los fiscales y no de los jueces”.

—Se trata solamente de ajustes en el funcionamiento de las agencias de seguridad –como la Policía y el Servicio Penitenciario–, ¿o requiere de acuerdos estatales con sectores de la criminalidad?

—Bueno, es una posibilidad. Lo que ocurre es que esos acuerdos no hay que pensarlos como parte de una escena de película donde en un galpón se juntan jefes de clanes y altos mandos policiales y pactan a viva voz. No digo que no haya sucedido. Digo que hay veces que es más simple. Ejemplo, deja de haber control poblacional de la policía en tales esquinas, deja de haber procedimientos por tenencia de drogas en ciertos barrios, se deja de patrullar a tal hora por tales calles, etcétera. Esas decisiones crean mensajes encriptados, fáciles de decodificar para grupos acostumbrados a lidiar con la violencia y los mensajes de la Policía. De todas maneras, bajar la cantidad de muertes era una obligación, ya no sólo de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, sino también del Gobierno nacional. Eso se logró y es inobjetable. El tema es ahora la perdurabilidad y sustentabilidad de esa baja de homicidios. Más en un escenario de pobreza y de altísimo consumo de drogas en todo el país.

La clave del éxito

En un escrito con “15 apuntes críticos sobre la política pública de seguridad” enviado al gobernador Pullaro y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, el diputado Carlos Del Frade también se mostró sorprendido por la eficacia y rapidez del programa securitario del gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La nota fue enviada el 14 de agosto, antes de la conferencia de prensa conjunta de Pullaro y Bullrich, pero cuando ya se conocían los datos del milagro rosarino.

“La disminución del número de homicidios en casi un 60 por ciento en el Gran Rosario es un hecho saludable. Igualmente debe hacerse público el conjunto de medidas, correcciones, intervenciones y decisiones tomadas para lograr este resultado, como también denunciar quiénes eran los encargados de hacer las cosas mal y juzgarlos como corresponde”, sostuvo en aquél escrito Del Frade, en el que reclamaba detalles del éxito y, a la vez, sanciones para los que fracasaron.

“Si no hay una detallada información sobre el por qué de la reducción de la violencia altamente lesiva, es posible que no se pueda mantener en el tiempo”, sostuvo el diputado, para quien “es necesario mantener ese ciclo de disminución de violencia, pero es necesario saber qué es lo que hay que seguir haciendo y qué es lo que no hay que volver a hacer o quiénes miraron para otro lado”. La pregunta es correcta, la respuesta tal vez no pueda ser pública.

Fuente : redaccionrosario.com