Extractivismo y saqueo de recursos Reforma a la Ley de Glaciares: el oficialismo va a fondo
04-03-2026 11:53:24
El gobierno busca este miércoles dar una señal firme a la megaminería en el plenario de comisiones en la Cámara baja, luego de la aprobación en el Senado. Para los opositores peligran las reservas estratégicas de agua.
El inicio del debate por la Reforma a la Ley de Glaciares está previsto para las 10 de este miércoles, y reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este mismo miércoles con la firma del dictamen, publicó NA
La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026”, evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.
De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos”. El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
La Ley de Glaciares de 2010 había convertido a la Argentina en el primer país del mundo en sancionar una normativa nacional de protección de estos ecosistemas, un antecedente valorado internacionalmente en plena crisis climática y que ahora, con esta reforma queda herido frente a las políticas negacionistas y los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Los ambientalista advierten que “en los últimos años se registró la mayor pérdida de glaciares desde que existen mediciones, y en Argentina el retroceso es la tendencia dominante en los glaciares monitoreados”. “Esta situación refuerza la urgencia de garantizar controles efectivos y medidas de protección reales sobre estas reservas estratégicas de agua dulce, en lugar de retroceder en su cuidado con intentos de invalidación de la Ley”, publicaron desde Greenpeace.
Fuente : redaccionrosario.com
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