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El 1 de marzo de 2007 efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a Gabriel Blanco y, horas más tarde, alegaron que se había suicidado. La relación con el caso Arruga, el accionar del Poder Judicial y la denuncia contra la APDH La Matanza por su rol en la investigación. Agencia Paco Urondo dialogó con Pablo Pimentel, referente del organismo.

Por Diego Moneta

Gabriel Alejandro Blanco, de 21 años, vivía en el barrio La Borgward en Isidro Casanova, La Matanza, junto a su pareja e hijo. Trabajaba como vendedor ambulante. Tenía algunos antecedentes y problemas de adicciones, pero se estaba ocupando de ellos con el apoyo de la filial de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Era hostigado y perseguido por oficiales de la Comisaría Segunda de San Carlos de la Policía Bonaerense que querían que robara para ellos, lo que puede entenderse como un precedente al caso Luciano Arruga. A Gabriel le quitaban su mercadería y por eso salía acompañado, desde hace al menos un año, a la parada de colectivo.

El 1 de marzo de 2007 estaba por entrar a su domicilio pero fue detenido por un grupo de agentes que lo estaba siguiendo y lo subió a golpes al patrullero. Según los registros, ingresó a la dependencia a las 21 hs. y cerca de la medianoche fue trasladado sin éxito al Hospital Paroissien. Un móvil se dirigió a la casa de sus padres explicando que, deprimido, se había suicidado con un cable en el calabozo. Sin embargo, la familia nunca lo creyó.

Durante el velatorio constataron marcas en su cuerpo y la falta de algunos dientes. Se acercaron a la APDH y, tras la intervención del abogado Alejandro Bois, solicitaron la realización de una nueva autopsia -la primera había sido llevada a cabo por la fuerza de seguridad-. Tres meses después, surgió que había sido golpeado mientras estaba vivo. Tanto su mujer, que no había podido verlo tras visitarlo, como otros presos, que fueron entrevistados por el organismo, lo habían escuchado gritar. Además, la Policía Científica y Gendarmería Nacional reconstruyeron los hechos y certificaron que el cable que habría utilizado Gabriel, dado su largo y grosor, se hubiera quebrado ante un peso de cincuenta kilos, pero Blanco superaba los ochenta. La versión oficial se terminaba de derrumbar.

A partir de esa situación, en febrero de 2013 el fiscal Carlos Arribas solicitó la detención preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, acusados de torturas seguidas de muerte, y el juez de Garantías Ricardo Alí aceptó. Los otros dos imputados, por encubrimiento agravado, eran Claudio Hundayn y Daniel Omar Dos Santos. En diciembre de 2015 se les concedió la prisión domiciliaria porque la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza declaró nulo el peritaje de reconstrucción. De esa manera, anticipaba posición. 

La familia siguió viviendo en la misma casa y en más de una oportunidad fueron intimidados por personal policial. El juicio, que se llevó a cabo en marzo de 2016, estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Justo. A modo de provocación, empapelaron sus paredes externas con afiches defendiendo a los uniformados, que fueron patrocinados por Miguel Racanelli, conocido en esa labor y por ser presidente del bloque de concejales de Cambiemos (2015-2019). Los jueces Matías Mariano Deane, Gabriela Silvia Ruizutto y el subrogante Guillermo Lucero dictaron la absolución para los acusados por considerar que los argumentos eran “insuficientes”. Además, pidieron al Ministerio Público que revisara la actuación del fiscal e imputaron a un médico y a la sobrina de Gabriel por falso testimonio.

La impunidad se acrecentaba ya que quienes defendían a los agentes antes detenidos iniciaron una causa por extorsión contra Pablo Pimentel, por entonces presidente de APDH La Matanza. La diferencia entre la lentitud del primer proceso y la celeridad en este caso era evidente. El objetivo era claro: impedir que los organismos de derechos humanos vayan a las cárceles. Por eso sus abogados solicitaron desestimar la acusación, ya que se estaría criminalizando la labor de las mencionadas organizaciones. Para colmo, mientras se llevaba a cabo una conferencia y marcha denunciando la situación, familiares de los policías convocaron a otra movilización para ese mismo día y a la misma hora. Otra provocación. 

Tanto la fiscalía como la querella impugnaron la absolución y recurrieron al Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, que en 2018 anuló la sentencia. Los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral consideraron que existió “arbitrariedad valorativa de los testimonios” y que se había dado credibilidad sólo a los peritajes realizados por médicos policiales, desestimando la segunda autopsia y la reconstrucción del hecho. A la espera de un nuevo proceso judicial, y a 15 años del asesinato de Gabriel Blanco, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Pablo Pimentel acerca del caso. 

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse a quince años del caso?

Pablo Pimentel: Es increíble que ya hayan pasado quince años. La reflexión es que evidentemente vivimos en un mundo en el que a los pobres se les aplica la justicia para condenarlos pero para investigar lo que les haya ocurrido se los sigue condenando o absolviendo a los verdugos, como en el caso de Gabriel. 

APU: ¿Cómo evalúa el proceso judicial en su conjunto?

PP: Costó muchísimo demostrar la culpabilidad de los policías hasta que el juez determinó que había elementos suficientes para que estén detenidos preventivamente. Costó llegar al juicio oral, que se tendría que haber hecho mucho tiempo antes. Había cambiado el gobierno y quien encabezaba la defensa de los agentes era el titular del bloque del Pro, que se divirtió armando y desarmando para que queden todos absueltos y pase como un suicidio. Así y todo, con la reautopsia, los testimonios, la reconstrucción y la prueba contundente del cable, el Tribunal no lo tuvo en cuenta y pasó lo que pasó.  

Fue un juicio con todas las características que mencioné al principio. Para los pobres no hay justicia sino condena u olvido directamente. Acá no sucedió porque hubo una familia presente y organismos de derechos humanos que no permitimos que la causa se caiga. Con todo, parece que la culpa la tuvo Gabriel por haberse deprimido y suicidado. 

APU: ¿En qué quedó la causa que armaron en su contra?

PP: Utilizaron a jóvenes presos, haciéndolos cambiar su declaración para culparnos de que habíamos ido a instarlos a que culpen a la policía a cambio de que mejoremos su situación procesal. Eso se cayó por su propio peso, ni se siguió. 

APU: ¿Qué pasa con el nuevo juicio?

PP: Estamos esperando que el Tribunal Oral N° 4 ponga fecha. Allí ya se dio un juicio de causas armadas que también salió mal y no les creyeron a los jóvenes su inocencia. Estamos ante un tribunal complejo. Ojalá nos puedan dar todos los elementos para que algún día haya verdadera justicia. Soy pesimista porque se trata de un joven pobre, con antecedentes, que se había negado a robar para la policía, que cumplió con lo que le había dicho. Si lo agarraban lo iban a meter preso o a matar. Hicieron las dos.

De todas formas, vamos a movilizar y a poner todo lo que tengamos que poner: mística militante, gente en la calle, radio abierta, acompañamiento de familiares y amistades de Luciano Arruga, también otras familias. La esperanza jamás se pierde por más que piense que el final de la película ya fue escrito. 

Fuente :

agenciapacourondo.com.ar