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Dos policías fueron imputados por trabajar para Los Monos y transmitirle información a un barrabrava de Newells prófugo por el homicidio de su antecesor. Una mujer de la fuerza quedó presa por pasarle data a una banda narco a través de su hijo.

“Son personal jerárquico que no sólo participaba de las organizaciones criminales sino que incluso participaba en la toma de decisiones a nivel ministerial”, dijo el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, al día siguiente de la imputación a dos policías de Rosario por su presunto involucramiento en el entramado de células en que se reconfiguró durante el último tiempo lo que hasta hace unos años se conoció como la banda Los Monos. Los efectivos, según la causa, le transmitieron datos a un barrabrava prófugo que tenía pedido de captura por el asesinato de un anterior jefe de los paravalanchas de Newells Old Boys. Un día después, una mujer policía con licencia médica fue acusada con prisión preventiva por filtrarle datos de allanamientos a su hijo, que integra una de las bandas violentas de los barrios Ludueña y Empalme Graneros, la que conducen desde la cárcel Andrés Benítez y Julián Aguirre. En la misma jornada, la fiscal general de Rosario, María Eugenia Iribarren, aseguró que “hay casos de complicidad policial con el narcotráfico” y explicó que “es una degradación que se viene dando desde hace años”.

En ese marco, y tras la balacera al supermercado del suegro de Lionel Messi y el asesinato de un niño de 11 años inocente, arribó –otra vez– un refuerzo de fuerzas federales de seguridad, que procura ser la misma medicina para una patología que no se curó la última vez.

Los casos de policías imputados por delitos que deberían perseguir y reprimir ponen de nuevo en evidencia la necesidad de una reforma de la institución policial y la modernización del sistema de seguridad que rigen en Santa Fe, de modo más o menos invariable, desde hace décadas. Ponerle el cascabel al gato no es gratis, es cierto. Dejarlo así, tampoco.

Los fiscales Matías Edery y José Luis Caterina imputaron esta semana a los policías David Luciano Arellano y Marcos Emanuel Barúa por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento, violación de secreto e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Según la investigación, los miembros de la fuerza de seguridad, que se desempeñaron en la brigada de homicidios de la AIC, filtraron datos a un ex jefe de la barrabrava de Newells Old Boys, Guillermo Chupa Sosa, mientras estaba prófugo por el asesinato de un anterior líder de la barra, Nelson Chivo Saravia.

Sosa –que luego fue detenido– respondía en la interna de la barra Leprosa a un grupo conducido por los presos Luis Pollo Vinardi, Pablo Nicolás Camino y Carlos Toro Escobar, que, a su vez tributan a Guille Cantero.

“Trajimos a dos policías que participaban activamente de la organización, brindando datos cuando los miembros estaban prófugos”, dijo Edery.

Los policías Barúa y Arellano fueron detenidos el viernes 3 de marzo durante una serie de allanamientos realizados en Rosario y Granadero Baigorria, entre ellos un galpón donde cenaban civiles con un ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Franganillo, y el actual titular de la Policía en la ciudad de Villa Constitución, Marcelo Malevo Mendoza.

En ese galpón la policía secuestró un costoso motorhome y varios fajos de billetes por alrededor de medio millón de pesos, lo que derivó en los allanamientos de los domicilios de Franganillo y Mendoza, quien hasta el año pasado fue segundo de la Policía de Rosario, indicaron voceros del caso.

La investigación tiene también una pata federal por una denuncia sobre la presunta existencia de una organización que combina policías y civiles con el negocio narco. Originalmente el caso se investigó en la ciudad bonaerense de Campana y ahora lo sigue la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) de Rosario.

Por la misma causa la Gendarmería demoró a un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Rosario y le secuestró su teléfono móvil. La sospecha de la Justicia consiste en que tenía vínculos con organizaciones criminales.

Los fiscales Edery y Caterina indicaron que en su causa se encuentra prófugo un ex policía, Juan José Raffo, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en el juicio a la banda de Los Monos que terminó en 2018.

De acuerdo a la pesquisa, Raffo era el contacto entre los policías Barúa y Arellano con sectores criminales vinculados a Los Monos.

“Los dos terminan siendo parte de una célula de la banda de Los Monos, pero tuvieron imputaciones independientes”, explicó el fiscal Caterina.

Mientras que Edery agregó: “Esta investigación muestra cuál es el problema real de la infiltración y la influencia que tienen ciertos sectores policiales en la toma de decisiones que influyen en la seguridad pública”.

Los fiscales les achacaron a los dos acusados “ser miembros, junto con otras personas de la asociación ilícita liderada por Ariel Cantero, cuyo objeto es obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones”.

Señalaron que “ellos pelean por el control territorial y ofrecen «protección» ilícita en las zonas donde ejercen este control” y que la banda “se estructura bajo la modalidad de células autónomas que operan independientemente todas ellas, colaborando a un fin común”.

Así, indicaron que Guille Cantero “es el jefe de la asociación, quien desde su lugar de alojamiento en la unidad penitenciaria de Marcos Paz da órdenes a otras personas, quienes además poseen sus propias células o ramas de la organización” y “le reportan”.

El otro caso de esta semana en el que una policía realizaba acciones contrapuestas con las esperables de su función también terminó en la imputación de la agente Analía Francia, que según informó la Agencia de Control Policial tenía licencia médica.

Antes, Francia cumplió funciones en la comisaría 12da del barrio Ludueña, epicentro el año pasado de medio centenar de homicidios.

Buena parte de ellos relacionados a las disputas entre dos grupos violentos, uno conducido desde la cárcel por Andrés Benítez y Julián Aguirre, referenciado en Los Monos, y otro liderado por Francisco Riquelme, un joven que está preso por una tentativa de homicidio y se lo vincula con la organización de Esteban Alvarado, el capo narco condenado el año pasado por tráfico de drogas y a prisión perpetua en la Justicia local por un homicidio, asociación ilícita, lavado de activos y otros delitos.

El fiscal Pablo Socca, de la unidad de Balaceras, acusó a Francia de transmitirle datos sobre procedimientos y allanamientos al grupo de Benítez y Aguirre, del que participaba su hijo Kevin Fracchia en condición, de acuerdo a la investigación, de sicario.

El joven de 23 años también fue detenido el mismo día que su madre y acusado de integrar una asociación ilícita que cometió diversos delitos como extorsiones y balaceras.

La madre fue imputada por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el fiscal, a partir de información a la que accedió por su función de policía alertó a un miembro de la banda, Jonatan Almada, de un procedimiento en su contra, a través de su hijo Kevin.

Las imputaciones y condenas frecuentes a miembros de la fuerza de seguridad revelan que la participación de la policía santafesina en las tramas delictivas obedece más a un fenómeno estructural que a uno coyuntural. Desde el juicio a Los Monos en 2018 queda claro que las bandas de comercio de estupefacientes son narcopoliciales. También, la incapacidad de la fuerza para ordenar la calle y regular –legal o ilegalmente– el mundo del delito, cuyo descontrol se evidencia en las cifras de homicidios de la última década.

En ese contexto, el arribo de gendarmes sólo puede convertirse en algo productivo en la medida en que la política se atreva a reformar la fuerza de seguridad y convertirla en un instrumento que, junto al Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, pueda transformarse en reguladora del mundo de la criminalidad en índices aceptables de paz social.

Fuente :

redaccionrosario.com