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El Grupo de Puebla expresó su preocupación por la Argentina “donde crecen candidaturas de ultraderecha que, en nombre de la libertad y la democracia, prometen suprimir a los opositores como si fueran enemigos y acabar con las instituciones”.

El Grupo de Puebla se reunió entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1° de octubre en la ciudad de la que tomó su nombre, en México, para avanzar en una política exterior que rompa con la hegemonía de Estados Unidos y construya un nuevo multilateralismo. Se propuso, asimismo, la creación de una moneda común (como parte del proceso de desdolarización), la convergencia de los organismos de integración subregional, un nuevo modelo solidario de desarrollo, la transición energética y la inserción del continente en el Sur global a través de espacios como el del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). 

“Volvemos en tiempos muy distintos; la primera vez fue previo a la pandemia y cuando los valores humanistas y progresistas no construían mayorías. Hoy nuestros valores nuevamente han conquistado la confianza de muchos pueblos como los de Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Argentina”, expresó a Télam el ex candidato a presidente de Chile Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla, al iniciar el encuentro.

“Vamos a proponerle a la región un camino para la paz entre Rusia y Ucrania, acompañar los razonamientos del presidente de Argentina, Alberto Fernández; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce, de que somos parte de la solución, también en materia de cambio climático y alimenticia”, agregó Enríquez-Ominami.

Participaron del encuentro seis ex presidentes: Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), Leonel Fernández (República Dominicana, 1996-2000 y 2004-2012), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019) y Manuel Zelaya (Honduras, 2006-20009). Asistieron además el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo; la canciller de México, Alicia Bárcena; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; la secretaria de Cambio Climático de la Argentina, Cecilia Nicolini; la candidata a la presidencia mexicana por el oficialista partido Morena, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; los senadores colombianos Iván Cepeda Castro y María José Pizarro; la diputada chilena Karol Cariola, y el senador uruguayo Rafael Michelini, entre otros dirigentes.

El Grupo de Puebla fue fundado el 14 de julio de 2019 con el objetivo de articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Está compuesto por presidentes, ex presidentes, referentes políticos, sociales y académicos de 19 países latinoamericanos, España, Portugal e Italia.

El último día de la reunión se dio a conocer el documento titulado “Declaración IX Encuentro Grupo Puebla: En Unidad Avanzamos”. El documento propone la integración regional para defender la autonomía, la dignidad y la seguridad económica de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, destacando la reactivación de los organismos multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y la coordinación entre los diferentes agrupamientos subregionales. En materia económica, se expresa la necesidad de crear una nueva arquitectura financiera adaptada a las necesidades de la región, incluyendo la propuesta de una moneda única y una nueva institucionalidad para manejar las necesidades financieras. 

El Grupo de Puebla llamó a reemplazar el modelo neoliberal por un modelo solidario de desarrollo enfocado en la inclusión, la generación de valor, la transición ecológica, una institucionalidad social y la construcción de una nueva ciudadanía democrática.

La declaración incluye un análisis de la crisis climática que afecta a la región y al mundo. Advierte a los gobiernos sobre la necesidad de actuar, y de exigir a los países desarrollados (los que más contaminan) que ratifiquen los protocolos y acuerdos globales de cuidado medioambiental.

El texto interpela a las gestiones progresistas para que impulsen medidas para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, y promuevan la equidad y los derechos y oportunidades con perspectiva feminista.

Los dirigentes denunciaron la utilización de la guerra judicial “que continúa suprimiendo los liderazgos progresistas en la región” y reiteraron su repudio a las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela y Cuba. “Estos actos no solamente violan la carta de derechos humanos, sino que significan una declaración de guerra y actos subsecuentes que golpean a los más vulnerables’’, afirma el documento, que también hace referencia al injerencismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la exacerbación de conflictos geopolíticos.

“Declaramos que el objetivo de este encuentro ha sido debatir, proponer y construir mecanismos y transformaciones que nos permitan enfrentar, a través de una política de protección basada en la integración regional, la soberanía y la seguridad, los múltiples desafíos del mundo moderno, como la crisis medioambiental y el reordenamiento geopolítico multipolar”, señala el segundo párrafo de la declaración de siete páginas, en la que también se hace referencia a los cambios tecnológicos y sus implicancias políticas y laborales.

“Invitamos a nuestros gobiernos a ser protagonistas y no testigos de los cambios que está provocando la inteligencia artificial y su promesa de automatizar y reemplazar el trabajo humano”, agrega la declaración final. 

La ultraderecha en la Argentina y la región

“Expresamos preocupación por la Argentina, donde crecen candidaturas de ultraderecha que, en nombre de la libertad y la democracia, prometen suprimir a los opositores como si fueran enemigos, acabar con las instituciones y suprimir los derechos conquistados por la ciudadanía durante décadas. Lamentamos los descalificativos lanzados por el candidato de extrema derecha contra el papa Francisco”, indica el tercer párrafo del texto, que advierte sobre el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe de una derecha antidemocrática que avanza, sin embargo, dentro del marco de la democracia. “Con esa vieja ideología, el fascismo, que consiste en dividir entre amigos y enemigos, y cuyas posturas en contra del progresismo ponen en riesgo el pluralismo”.

Los dirigentes discutieron sobre la debilidad de ciertos procesos democráticos en la región, y reflexionaron sobre la necesidad de no desconocer la voluntad popular: “Denunciamos los intentos de sabotear la transición al nuevo gobierno electo en Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, elegidos mayoritariamente en las elecciones del 20 de agosto. También denunciamos una guerra jurídica (lawfare) por parte de las autoridades judiciales, para deslegitimar la candidatura ganadora del Movimiento Semilla, incluyendo amenazas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Solicitamos a las autoridades judiciales y disciplinarias proceder a sancionar las conductas del ministerio público que alteran la democracia”.

La declaración expresa su apoyo a Arévalo para regir los destinos de Guatemala a partir de enero de 2024. “Nos declaramos en emergencia para observar el proceso político hasta el 14 de enero, para garantizar el respeto por la voluntad popular e intentaremos hacer presencia in situ”, asegura el texto, que también hace referencia a la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador.

“Confiamos en que el proceso electoral en marcha en Ecuador, que culminará en una segunda vuelta el 15 de octubre, permita al país volver a la senda de la vitalidad democrática y reponerse de las consecuencias de la persecución política que han auspiciado medios e instituciones”, indica la declaración final, que también hace referencia a las divisiones dentro del movimiento popular en Bolivia: “Crearemos una comisión permanente de trabajo y acompañamiento al proceso boliviano con el objetivo de afianzar la unidad del progresismo”.

Basta de injerencismo

La “Declaración del IX Encuentro Grupo Puebla: En Unidad Avanzamos” pone énfasis en el problema de la soberanía, y expresa su rechazo a las intervenciones de potencias extranjeras, que siguen siendo un escollo para la profundización de la democracia y la libertad en nuestra región. “Sólo durante el último lustro son numerosos los casos que demuestran esta situación. A saber: Bolivia 2019 y el golpe de estado contra Evo; el préstamo récord del FMI a Mauricio Macri, que condicionó e hipotecó la soberanía económica de la Argentina; la intervención encabezada en Venezuela por Juan Guaidó, y sus intentos de golpe y desestabilización; o las declaraciones, a lo doctrina Monroe, de Laura Richardson, que anuncian la intervención de Estados Unidos en la región con la excusa de frenar a China”, se indica con referencia a la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos y sus expresiones abiertamente injerencistas sobre la región, y más específicamente sobre la avidez imperial por sus recursos naturales, especialmente el litio, los minerales y el agua dulce.

Los dirigentes reunidos en México hicieron un análisis de las distintas estratagemas utilizadas por los poderes fácticos para imponer sus intereses por sobre la voluntad popular. “Denunciamos los juicios políticos y la guerra jurídica que no buscan otra cosa sino la supresión de los liderazgos progresistas en nuestra región, como ha ocurrido en los casos de Cristina Fernández, Rafael Correa, Luis Inácio da Silva, Evo Morales y Marco Enríquez-Ominami, entre otras y otros. Destacamos así mismo, los esfuerzos del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), creado por el Grupo de Puebla, para visibilizar el lawfare y trabajar infatigablemente por la soberanía jurídica y el respeto a los derechos humanos”, señala el documento, que condena asimismo los intentos de desestabilización y golpes contra la mandataria de Honduras, Xiomara Castro: “Llamamos la atención de una ofensiva en su contra que busca replicar atentados recientes contra la democracia y el progresismo”.

El Clajud nació con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región. “La región está experimentando una ofensiva desde poderes fácticos que, entre otros subterfugios, utiliza el sistema de justicia con el propósito político de atacar las experiencias progresistas de los gobiernos, sus partidos y líderes. De este modo, grupos comunicacionales, conglomerados económicos, gremios empresariales, organizaciones internacionales, agencias de calificación de riesgos, están haciendo política sin haber ganado un voto, y, por tanto, sin responsabilidad pública y usando, como estrategia, la judicialización de la política”, señalaron los juristas de este grupo de estudios.

En la reunión tuvo lugar también la denuncia por autoritarismo y desapego a la Constitución del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador: “Demandamos el fin a la persecución político-judicial y al lawfare dirigido a destruir opositores políticos, líderes y lideresas populares y de la sociedad civil, incluyendo periodistas independientes, así como el respeto al Estado democrático de derecho, a la institución de la alternabilidad en el poder y la no reelección establecidas en la Constitución desde la fundación de la República de El Salvador, el levantamiento del estado de excepción permanente y el total respeto a los derechos humanos exigido por los relatores de la ONU”.

Los firmantes del documento consideran que el escenario global brinda a los habitantes de la región una oportunidad única para que, a través de una alianza regional, se pueda defender la autonomía, la dignidad y la seguridad alimentaria y material de los pueblos. “Debemos superar la polarización a la que nos ha llevado la derecha radical y por eso proponemos una alianza fundamentada en relaciones internacionales entre Estados y no entre gobiernos”, se propone en la declaración.

Nueva arquitectura financiera y desdolarización

El Grupo de Puebla señaló que una de las primeras tareas concretas consiste en relanzar una nueva arquitectura financiera adaptada a sus necesidades, centrando su mirada en la creación de una moneda única y propia, y una nueva institucionalidad para manejar los problemas financieros de corto, mediano y largo plazo. Se propuso un modelo solidario de desarrollo para reemplazar el modelo neoliberal.

“Desdolarizar la economía significa que, en vez de utilizar una única moneda para intercambio, se utilice una canasta de monedas como lo están proponiendo Lula Da Silva, los BRICS y varias regiones de Europa. Lamentablemente, esto está siendo manipulado mediáticamente en Ecuador para afectar la campaña electoral, haciendo creer que desdolarizar significa que las economías nacionales que utilizan el dólar como moneda nacional lo abandonen. Rechazamos esta campaña sucia”, indica el texto.

El documento incluye un apoyo explícito al papel de Brasil en los BRICS, alianza que ha reafirmado su compromiso con el multilateralismo y en contra de la oposición a las sanciones unilaterales y de las barreras comerciales, y que ha puesto énfasis en la utilización de monedas nacionales para transacciones financieras junto a su rechazo a la dependencia del dólar, que es la puerta de entrada a otras tantas formas de dependencia.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 07/10/23

Fuente : redaccionrosario.com