DiarioAr

Desde el mes de diciembre 14 jóvenes están padeciendo el encierro en la cárcel de Villa Floresta en Bahía Blanca en el marco de una causa armada por la policía bonaerense, cuyo máximo responsable y posteador serial de videos de allanamientos tan absurdos como preocupantes por su magnificación mediática, Sergio Berni, calificara como “peligrosa banda narco”, en connivencia con el fiscal Mauricio Del Cero, lúcidamente retratado la semana pasada por Ruchansky en El Cohete a la Luna, y la venia del Juez Guillermo Mercuri. Jóvenes, en su mayoría de entre 20 y 30 años, son oriundos de Puan, zona rural del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Por corresponsal popular, para ANRed | Imágenes desde Puan: Meli Parodi.

En un contexto en que en el país hay 16 mil contagios y una duplicación de casos en Bahía Blanca, los 14 jóvenes se encuentran en prisión desde el 15 de marzo, contrariando todas las recomendaciones que se han hecho para estos contextos y las medidas que se han dispuesto en el inicio de la pandemia para garantizar la salud.

Además, hace 15 días que uno de los pabellones en los que están se encuentra al día de la fecha aislado. Los jóvenes no han podido recibir visitas, no han podido asistir a consultas médicas externas y en algunos casos tienen problemas de salud respiratorios que en este contexto agrava la situación.

Raul Zibechi, comprometido activista e intelectual uruguayo les decía en un mensaje a los jóvenes las pasadas semanas la necesidad de responderse a la pregunta de por qué la criminalización de los jóvenes, por qué para esa criminalización se usa el narcotráfico, en todo el mundo.

El narcotráfico existe. Pero por qué se utiliza de este modo contra los jóvenes se preguntaba: “se utiliza porque el sistema es incapaz de darle una vida digna a los jóvenes, empleos dignos, como en su momento les dio en fábricas, antes las familias tenían una expectativa de vida ascendente, llegaban del campo a la ciudad, se empleaban en fábricas, y al final de sus vidas tenían una vivienda, tenían un pequeño predio donde construirla, y podían mandar a sus hijos a la universidad, no eran todos pero si una gran parte. Hoy en día los jóvenes en el sistema sobran. No hay empleo para ellos, empleo digno, todo es precario, y entonces las formas de control que antes eran: la fábrica, el taller, la escuela, la colimba, hoy esas formas de control son a cielo abierto, en barrios, en espacios abiertos, entonces, la alianza entre el Estado con la policía y el narco con la complicidad de los jueces lleva a que los jóvenes que sobran, que son los jóvenes de los sectores populares sean sistemáticamente victimas de gatillo fácil o de persecución, o lo más fácil es acusarlos de narcos, con cualquier excusa, reales o inventadas porque fuman un porro o porque se les planta una causa armada en su contra. Esto es necesario entenderlo, hoy el narcotráfico y la policía que son dos figuras muy afines entre sí, son el modo de dominación del sistema, eso hay que tenerlo en claro para pararnos de un modo que podamos desarticular esta alianza o por lo menos tener claro donde estamos parados”.

Ratificar lo que ya se había denunciado

El hostigamiento policial, en la figura de Víctor Tebes, durante años ensañado con Kevin Torres, el armado de una causa a partir de una denuncia falsa de Kevin, la firmas sin permitirle leer lo que firma, el mismo comisario Tebes tomando declaración a su colega Arguello falsficicando una supuesta denuncia de Kevin, o el comisario Gómez sin mostrarle la supuesta “denuncia” en que se lo implicaba, es solo una muestra de los padeceres de cualquier joven en nuestro país, en un barrio pobre, en un pueblo o zona rural. En la misma región de la provincia donde desapareciera hace un año Facundo Astudillo Castro.

La pasada semana Kevin Torres vino a ratificar su denuncia contra la bonaerense a la ciudad de Bahía Blanca ante funcionarios judiciales del Ministerio Publico Fiscal. Esas oficinas donde todo se pierde en el gris, en la nada, en la asquerosa monotonía de la rutina, de los papeles, los sellados y la deshumanización. La inmensa humanidad de Kevin, un joven como tantos, como los 14 que se encuentran detenidos, íntegro, honesto, de principios, que no se deja intimidar por un fiscal que lo interroga a solas por videollamada, ni por citas telefónicas ambiguas, ni por las distancias que lo separan de esa Bahía gris, como alguien supo llamarle a esta ciudad marcada por el genocidio reciente, con enormes marcas indelebles, en las fuerzas armadas y policiales y en ese poder judicial pero no solo en el poder judicial también en las instituciones y en gran parte de esa sociedad de esa ciudad y esa zona bajo la influencia del multimedio La Nueva Provincia, LU2, Canal 9, La Brújula.

La contextura pequeña pero a la vez inmensamente grande de ese joven y su padre viajando 150 kilómetros una y otra vez para meterse en ese mundo hostil del poder judicial, un mundo frio como la hiel solamente para afirmar que el nunca denunció nada a nadie, solo para eso y a la vez denunciar el hostigamiento se ha presentado en la justicia, son la contracara de aquella sociedad que el genocidio se propuso dar lugar. El y la integridad de esas madres, compañeras y familiares marchando solxs, casi casi que haciéndonos acordar a la querida Olga Aredes, cuando marchaba sola en esa plaza de Jujuy o las mujeres chilenas, bailando su cueca sola, que Sting retratara y dejara para la historia en su célebre canción, ellas bailan solas…. Así, igual, en ese pueblo marchan cada domingo y se encuentran por sus jóvenes encarcelados con la excusa de esta ridícula guerra contra los estupefacientes.

Kevin ratificó su declaración realizada allá por principios de mes, cuando por casualidad supo de que estaba involucrado en una causa que tenía detenidos a jóvenes de su pueblo que ni siquiera conocía, y viajó y antes de saber si el fiscal Mauricio Del Cero lo recibiría para tomarle declaración (que luego lo hizo sin ahondar en preguntas centrales y de relevancia y solo pretendiendo involucrar a las familias y a quienes lo acompañaban), antes de eso se dirigió a la fiscalía de turno, donde por el contexto de Covid tampoco se la tomaron presencial y tuvo que enviarla por escrito. Un extenso y detallado escrito preparó Kevin. Ese escrito era su denuncia contra la bonaerense local, contra el hostigamiento, contra el armado de una causa. Esta semana la ratificò y pidió protección una vez màs, como ya lo había hecho en su primera declaración ante la fiscalía de Del Cero. Kevin, es un joven de esos héroes jóvenes que existen y necesitamos visibilizar en esta Latinoamérica de las venas abiertas.

Negativa a las excarcelaciones

Ese mismo día fueron notificadas las defensas de las familias que habían solicitado el cese de la prisión preventiva o la nulidad de la causa por tratarse de una causa armada, de la negativa a otorgar el cese de la misma y la negativa a las nulidades solicitadas por abogados defensores de los jóvenes. En nota anterior profundizamos en Anred las razones de los pedidos de nulidad. El fiscal Del Cero señala en su presentación según la “doctrina de fuente independiente” que si se cae una prueba –como si fuese algo menor que se trate de la falsficación de una denuncia que a su vez era ratificada por otra también falsa- la otra prueba inicial sigue siendo válida, pero lo curioso del caso es que la otra prueba se trata ni más ni menos que de una denuncia anónima de alguien que haciendo mandados había visto lo mismo que afirma un policía de civil en su informe, a partir de una orden de Del Cero. O sea, una aberración absoluta. El Juez Mercuri en sintonía también con Del Cero va a negar las nulidades y cesde de las preventivas con este mimo argumento y ambos van a seguir sosteniendo la teoría de que Kevin Torres está siendo presionado por las familias.

Ríos de tinta han corrido en estos tres meses para justificar lo injustificable. El encarcelamiento de jóvenes consumidores de cannabis. Ríos de tinta para repetir palabras vacías o mentirosas una y otra vez.

Esta causa está siendo observada y acompañada desde la Comisión Provincial por la Memoria desde el primer día a mediados de diciembre de 2020 que ha venido acompañando y asesorando, realizado presentaciones ante la Cámara de Apelaciones, Fiscalía General y Procuración en la que entre otras cosas solicitan pedidos de protección para Kevin Torres, por la Asociación de Pensamiento Penal, por la Universidad Nacional del Sur y también ha recibido el acompañamiento de Nora Cortiñas así como de organizaciones sociales y políticas locales y regionales.

Hoy la prensa nacional se está haciendo eco de un caso escandaloso y descontamos que la obscenidad con la que han actuado en este caso: el Fiscal Mauricio Del Cero , que viene de una práctica sistemática de maltrato a las familias, como lo venimos mencionando respecto del caso de Katherine Moscoso, de perseguir a los eslabones más débiles en las cadenas del consumo de estupefacientes con estrategias sumamente mediáticas y empleando estrategias de lo mas oscuras incluso con irregularidades en los allanamientos como ya han mencionado una y otra vez las familias en conferencias de prensas y entrevistas con funcionarios judiciales; la policía bonaerense y su falsificación de pruebas ; el juez Mercuri y su venia a tanta obscenidad…. Como decíamos esta obscenidad hará que esa fiscalía de estupefacientes nefasta tenga sus días contados. El personaje de Arslinger en “Tras el Grito”, libro que reúne los aconteceres de lo que fueron los inicios de una guerra contra las drogas en Estados Unidos en la década de 1930, que fue una guerra contra afrodescendientes y los mexicanxs, tiene en Del Cero su copia latinoamericana, un mediocre, torpe y frustrado funcionario judicial ocupando una oficina recientemente creada y de la que tiene que justificar su existencia.

La guerra contra las drogas es una guerra contra los pueblos, es una guerra mentirosa contra los jóvenes, es parte de esa invención que necesita el sistema y los Estados para sostenerse, para tener una excusa perfecta en su política de seguridad, un enemigo a combatir. Esta causa se va a caer, y al caer el estruendo va a ser muy grande…

Pandemia, jóvenes detenidos y vulneración de los derechos humanos

Estamos ante un problema de derechos humanos. Hay antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan la prisión preventiva usada como regla, y no como excepción como ya lo hemos venido mencionando.

La Comisión Provincial por la Memoria ha mencionado instrumentos internacionales de la CIDH que denuncian la aplicación regular de la prisión preventiva y la reducción constante de las medidas alternativas al encierro. Todo esto en complejos penitenciarios que alojan personas por encima de su capacidad.

La sobrepoblación genera hacinamiento y vulnera derechos básicos como el acceso a educación, trabajo, salud, visitas familiares, alimentación y crea condiciones para que ocurran los hechos de violencia y tortura penitenciaria; los números arrojados en materia sanitaria dan cuenta que la desatención de la salud es una práctica recurrente y extendida en todo el sistema penitenciario provincial.

En el actual contexto de pandemia tanto Naciones Unidas, como la OMS plantean que resulta insoslayable que en el actual contexto de pandemia, la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario provincial se agrava exponencialmente. En virtud de los problemas estructurales de las cárceles bonaerenses, la propagación del virus es una amenaza concreta y extrema para la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.

La CIDH recomendó la adopción de medidas para enfrentar el hacinamiento en las unidades: Entre ellas, instó a reevaluar los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad.

El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura mediante el dictado de una serie de recomendaciones, instó a los Estados a reducir las poblaciones penitenciarias. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura emitió un documento de medidas concretas y efectuó recomendaciones para abordar la problemática.

Existe un habeas corpus colectivo presentado por Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires a favor de las personas privadas de su libertad donde también refieren a esto. Esas condiciones en contexo del Covid-19 constituyen un cóctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo), hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades, manifiestan.

Asimismo preocupa en materia de derecho penal y de derechos humanos, al momento de dictar una coerción personal como lo es la prisión preventiva, cuestionada por los defensores públicos y abogados intervinientes, la Comisión Provincial por la Memoria planteaba en un escrito en el caso en enero pasado, que no solo debe valorarse la pena en expectativa, sino bien como reza el articulado, realizar un análisis concreto respecto a si hay reales peligros de fuga y entorpecimiento. Considerar las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia entorpecer las investigaciones

En dicho escrito planteaba la CPM que la prisión preventiva, como medida cautelar, sólo puede tener fines procesales. Su carácter procesal significa que la coerción se utiliza para garantizar la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal . No se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha consagrado, dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia (8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal el dictado de la prisión preventiva no puede fundarse exclusivamente en la gravedad del delito imputado, sino que el tribunal debe atender las circunstancias objetivas que en el caso concreto permitirán formular un juicio sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción.

Como se ha venido insistiendo, estamos ante jóvenes sin antecedentes. Sin peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa. Jóvenes que en dos casos se entregaron. Y ahora ante una situación que estaría solicitándose la nulidad de la causa. Por otro lado estamos ante un contexto de Covid-10 y de sobrepoblación de las cárceles.

Fuente :

anred.org