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Desde la Asociación Gremial de Computación señalaron que el decreto reglamentario se aleja del “normal cumplimiento de las obligaciones gremiales” y que es violatorio al derecho laboral. Por esta razón, solicitan una reunión con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a fines de “promover un ordenamiento eficaz y eficiente de la industria informática”. Por ANRed.

El 8 de octubre de 2020 la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el nuevo régimen de promoción de la economía del conocimiento. Esta ley supuso una ampliación de la ley del Software, vigente desde el año 2004, y contó con un capítulo referido a las obligaciones gremiales. Sin embargo, desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) señalaron que el decreto reglamentario es violatorio del derecho laboral.

A través de una nota, el Secretario General de AGC, Ezequiel Tosco, se refirió a determinados aspectos del Decreto Reglamentario (N 1034/2020). Sobre el mismo, manifestó que “son violatorios de la ley que le da origen y son contradictorios con las normas que rigen en nuestro país la relación formal entre empresarios y trabajadores”. Según informaron, en los anexos del decreto “aparecen elementos extraños que se alejan del normal cumplimiento de las obligaciones gremiales”.

Foto: Sitio Gremial

Uno de los cuestionamientos parte del artículo artículo 4º, apartado I, de la ley. En el mismo, y según han resaltado desde la AGD, se limita a disponer como requisito de inscripción en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a un: “curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales debidamente acreditados con el certificado de libre deuda de la entidad respectiva.”

“Esta circunstancia puede tranquilamente considerarse discriminatoria. El texto no admite contingencia alguna, la exigencia representa un curso de normal cumplimiento de las obligaciones gremiales y eso debe ser acreditado mediante un certificado de libre deuda emitido por la entidad sindical respectiva. Entendemos que hubo un exceso reglamentarista que promueve confusión donde no la había e impone un falso atajo para evadir el cumplimiento del requisito dispuesto expresamente en la ley”, advirtió Tosco.

Para las y los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Computación la ley no explicita acerca de “declaraciones juradas ni mucho menos de segmentar las obligaciones gremiales entre afiliados y no afiliados”. La controversia, en este punto, radica en la distinción entre trabajadores afiliados y no afiliados; lo que es considerado como un “modo de evadir las obligaciones gremiales para aquellas empresas donde no haya afiliados que, al tratarse de un rubro que no cuenta con Convenio Colectivo de Trabajo, son la enorme mayoría”.

La reglamentación de la ley depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Por esta razón, desde la entidad gremial que dirige Ezequiel Tosco han solicitado una reunión con el ministro Matías Kulfas. “Como parte inescindible del movimiento sindical argentino estamos obligados a participar activamente en esta oportunidad apelando a todos los recursos legales disponibles, con el fin de promover un ordenamiento eficaz y eficiente de una industria informática que está llamada a ser una de las grandes protagonistas del desarrollo de nuestro país”, sostuvieron desde la asociación gremial.

Fuente :

anred.org