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La derechización de los discursos públicos sobre seguridad encuentra abono en el fracaso de las políticas estatales. Bullrich, el Ejército y el sticker de Bukele. Problematizar en vez de exagerar.

Uno de los síntomas de la situación que atraviesa la ciudad de Rosario en materia de seguridad pública y criminalidad se expresa en la circulación de un sticker a través de la aplicación Whatsapp que consiste en una fotografía del presidente de El Salvador, “el dictador más cool del mundo mundial” como se autodefine irónicamente, Nayib Bukele, que dice: “Un Bukele para Rosario”. El sticker sintetiza, de algún modo, la presunta necesidad de acciones “excepcionales” ante una realidad que ofrece las mismas características. No sólo los discursos de la presidenta del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, acerca de inmiscuir a las fuerzas armadas en lo que llama “el combate al narcotráfico” alimenta esa idea, sino que la repetición oficial de remedios para una patología que no se cura alimenta la desazón y abre la puerta a “lo excepcional”. El nuevo envío de fuerzas federales –que, en el mejor de los casos, podría traer un “alivio” a corto plazo– y la participación del Ejército –sin armas– en tareas de infraestructura de los barrios populares lucen como las mismas respuestas a un problema que no encuentra solución aparente. Sin dudas, esas medidas no forman parte de ningún plan integral sino del “algo más habrá que hacer” por Rosario del presidente Alberto Fernández, luego del ataque al supermercado de la familia política de Lionel Messi. El resultado de la desatención es la derechización de los discursos en materia de seguridad pública y el convencimiento de una parte de la población de que ceder derechos y garantías individuales es el precio a pagar por una potencial paz social. Leña al fuego, digamos.

Estado de excepción

Las experiencias de Colombia, México y Brasil acerca del involucramiento de las fuerzas armadas en “el combate” al narcotráfico diseñado por Estados Unidos fueron desastrosas: creció la violencia –estatal y del mundo criminal– a la vez que aumentó el tráfico de drogas y el consumo. Es decir, se agravó el problema.

De todos modos, comparar el fenómeno de violencia altamente lesiva que desde hace una década vive Rosario asociado al accionar de bandas barriales del narcomenudeo con participación policial con los carteles de los países latinoamericanos mencionados sólo puede ser fruto del desconocimiento. O de la intencionalidad política.

Además del escollo legal –siempre superable– por el cual las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior impiden la participación de las fuerzas armadas en conflictos internos –con las excepciones establecidas en ambas normas–, el Ejército no está capacitado, adiestrado ni armado para hacer de policía y perseguir pibitos que balean y escapan en motos.

Las consecuencias de la última oportunidad en que decidieron intervenir en los conflictos internos se ventilan desde hace casi dos décadas en los Tribunales federales de todo el país por medio de juicios por delitos de lesa humanidad. Este, está claro, es otro mundo.

De todos modos, puede trazarse un paralelismo entre los climas sociales de entonces y los actuales. Aquella intervención de las fuerzas armadas estuvo precedida de años de desgaste del sistema democrático, de una situación de violencia política que los medios de comunicación calificaban como “caos” y que, por lo tanto, requería de una respuesta excepcional.

Esa preparación del terreno fue lo que permitió que grandes porciones de la ciudadanía aplaudieran el golpe de Estado de 1976, como salida excepcional a una crisis ídem. Es lo que representa el sticker de “un Bukele para Rosario” en estas circunstancias.

En forma sintética, lo que el empresario Bukele hizo en El Salvador a partir de 2022 –cuando tuvo mayoría parlamentaria– fue declarar un estado de excepcionalidad y suspender derechos y garantías de todas las personas para combatir a las pandillas.

El martes 7 de marzo la embajada de Estados Unidos en ese país –no un organismo de defensa de los Derechos Humanos– emitió una alerta de seguridad 3 para viajeros del norte a la nación centroamericana.

Señala el texto de la embajada que el estado de excepción “otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril y suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora. Las condiciones carcelarias son duras”.

El comunicado detalla que “numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos en una manera supuestamente arbitraria”.

Desde que se dictó el estado de excepción, en marzo de 2022, está restringida la libertad de asociación y suspendidos los derechos de los detenidos a ser debidamente informados de sus derechos y del motivo del arresto, así como de la asistencia de un abogado.

Según un reporte de la agencia Associated Press, en ese período se produjeron 65.291 detenciones de personas presuntamente relacionadas con las pandillas, de las cuales unas 57 mil están procesadas sin condena. Se registraron 3.745 casos de personas liberadas por ausencia de pruebas y 7.900 denuncias de abuso estatal ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Pero en el mismo plazo, y este es el dato saliente, el “dictador más cool” redujo la altísima tasa de homicidios de su país. Una tentación a la salida que ofrece la demagogia punitiva, cuyos resultados ya son conocidos pero se tornan algo borrosos cuando el miedo arrecia y las respuestas estatales no lucen adecuadas o efectivas.

El alimento

Pero la derechización de la conversación pública en materia de políticas de seguridad está también habilitada por la inhabilidad de los gobiernos que no supieron o no quisieron aplicar políticas públicas tendientes a superar los problemas desde una perspectiva de seguridad democrática.

El “algo más habrá que hacer en Rosario” es muy frustrante, aunque el problema no sea esencialmente del Gobierno federal sino de Santa Fe. La respuesta, hasta ahora, fue el envío de 400 nuevos gendarmes y el anuncio de la llegada de militares para tareas de infraestructura en barrios populares.

El envío cíclico de fuerzas federales a Rosario se inició en 2014 con el “desembarco” del entonces secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, y se convirtió en un analgésico aplicado una y otra vez, durante aquella gestión, la de Cambiemos con Patricia Bullrich al frente del ministerio y en dos ocasiones durante la administración de Fernández.

Foto: José Romero | Télam

Pero la dirigencia política de Santa Fe no pudo o no quiso aprovechar esas suertes de intervenciones para reformar su policía y dotarla de capacidades e instrumentos para enfrentar el problema de violencia que le generan las bandas barriales narcopoliciales, mejorar el servicio de Justicia, hacer el esfuerzo por desligar la política de esas tramas ilícitas, como quedó demostrado en el caso del senador Armando Traferri y la causa por juego clandestino.

El último intento por darle una conducción política a la fuerza policial, tentado por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quedó trunco cuando las investigaciones oficiales subieron desde las bandas barriales del narcomenudeo hacia las esferas de poder financiero donde se combina la plata narco con la proveniente de otras ilicitudes socialmente aceptadas, como el comercio de cereal en negro, el cambio de divisas y la usura financiera.

La decisión del gobernador Omar Perotti fue retroceder varios casilleros, al devolverle llave en mano a la policía la conducción de un problema tan serio como lo es el de la seguridad pública. El Tigre Rimoldi, comisario retirado, duró seis meses en el Ministerio y fue reemplazado por un comandante de Gendarmería, también retirado, Claudio Brilloni, que “hace lo que puede” con lo que tiene.

Agendas y carteles

La reforma de la policía, del sistema de seguridad, del Poder Judicial local y del federal y del Servicio Penitenciario sigue sin formar parte de la agenda, más allá de las declaraciones de ocasión.

La regulación de los mercados ilícitos de la venta de drogas al menudeo continúa en manos de pibas y pibes jóvenes de barrios populares que cada día muestran su rusticidad y la violencia de la que son capaces, sin una respuesta estatal adecuada. Cada semana es imputado un policía por su complicidad con las tramas ilegales.

En ese contexto Rosario registró el año pasado 288 homicidios y lleva más de 60 en los primeros meses de este año. La serie histórica muestra que se trata de un fenómeno arraigado, con más de una década.

Pero hubo un hecho que motivó la respuesta estatal: la balacera al supermercado del suegro de Lionel Messi. La noticia dio vueltas al mundo –como era esperable– y reanudó las cíclicas y espeluznantes coberturas de los medios de comunicación nacionales sobre Rosario. El crimen del niño Máximo Jeréz al quedar en medio de una balacera entre bandas del narcomenudeo en la comunidad Los Pumitas alimentó el morbo.

La respuesta del gobierno provincial consistió en subirle “el cartel” al fenómeno, de claro sesgo barrial y narcopolicial, al señalar por vía de su ministra política que la balacera al súper de los Roccuzzo fue un acto de “narcoterrorismo”.

Esa calificación, incorrecta en el contexto rosarino y más parecida a una serie de Netflix, no hace más que agigantar el fenómeno que requiere ser problematizado y politizado en el mejor de los sentidos, no en el del carancheo electoral que se ve por estos días.

El diputado provincial Carlos Del Frade sostuvo que “cuando la señora Patricia Bullrich, la ministra de gobierno de Santa Fe, Celia Arena, el diputado nacional Roberto Mirabella y ahora el presidente de la Nación, Alberto Fernández, impulsan la participación del ejército a través de la figura del narcoterrorismo, utilizada por los Estados Unidos desde los años noventa en todo el continente con el resultado de decenas de miles de personas muertas y cada vez más narcotráfico, lavado de dinero y control social sobre las juventudes; no hacen más que agravar y sobredimensionar lo que sucede en los barrios”.

Para el legislador del Frente Social y Popular, “son bandas narcopoliciales barriales, no son carteles”.

“Cuando el presidente dice que las fuerzas de seguridad de la provincia son insuficientes para afrontar la solución del problema, es porque la política provincial de los últimos cuarenta años no quiso o no pudo eliminar los nichos de corrupción que negociaron las calles con esas bandas que primero cometieron distintos tipos de delitos provinciales”.

Así, Del Frade agregó que “la sumatoria de fuerzas federales sin ninguna coordinación ni compromiso con las historias barriales del Gran Rosario terminará en lo mismo que el año pasado: nunca hubo tantos efectivos de fuerzas federales y nunca hubo tantos asesinatos como en 2022”.

Giro a la derecha

El abogado, docente y criminólogo Enrique Font dijo esta semana, en una entrevista con el programa Poné la Pava de Radio Rebelde, que “lo que preocupa es el hecho de que la política, la dirigencia, no le encuentra la vuelta al tema, sino que se enreda en una disputa de muy baja estofa, que va a terminar derechizando la discusión”.

Para Font, “en 30 días vamos a estar discutiendo en Rosario como estrategia válida si hay que traer a las fuerzas armadas o si tenemos que copiar el genocidio que se está haciendo en El Salvador”.

El criminólogo señaló que en esta situación “todo el mundo derechiza el discurso” y agregó que el intendente (Pablo) “Javkin, que era un tipo que hasta hace un año y medio o dos tenía posiciones más o menos razonables sobre el tema seguridad, hoy tiene que competir, o probablemente compita, con el ex ministro (de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, Maximiliano) Pullaro, que juega con Bullrich y tracciona toda la discusión a posiciones ultra conservadoras y de derecha, pero además absolutamente ineficaces”.

Font dijo en esa entrevista que “la incapacidad de quienes uno podría esperar posiciones más razonables en términos de respuesta política, termina amplificando el impacto” de hechos como la balacera al comercio de la familia política de Messi.

“Donde mires, esto es la tormenta perfecta para que todo se vaya al carajo”, afirmó, para señalar que “lo que se buscaba es claramente lo que está sucediendo: quién lo busca no sé, a quién le sirve sí, pero eso no tiene por qué ser indicador de quién lo está buscando”.

Fuente :

redaccionrosario.com