Más de 900 sanciones, un efímero golpe contra Chávez en 2002, un atentado con drones contra Maduro en 2018, violencia callejera con cientos de muertos, dos incursiones de mercenarios en 2020, e innumerables operaciones secretas de Estados Unidos.
Más allá de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la experiencia histórica y los hechos reconocidos por todas las partes son claros y contundentes: los 25 años de la Revolución Bolivariana implican 25 años de intentos de derrocamiento. Los golpistas recurrieron a todo: 900 sanciones económicas, un efímero golpe de Estado, acciones terroristas, dos invasiones terrestres de mercenarios colombianos, violencia callejera (con cientos de muertos y personas quemadas vivas por ser chavistas), sabotajes, un intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro con la utilización de drones, y la operación del autoproclamado presidente Juan Guaidó, entre muchos otros actos de violencia.
La lista está lejos de ser completa, pero da cuenta de que, desde su propio nacimiento, fue un proceso acosado, asediado, demonizado y atacado por un gigantesco conglomerado de intereses económicos, políticos, militares, geopolíticos y estratégicos. La Cuenca del Orinoco posee una de las reservas de petróleo más grandes del planeta.
Este amplio movimiento contra-revolucionario incluye a Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la derecha y la ultraderecha regional y mundial, y las grandes corporaciones mediáticas a su servicio.
En 2022, documentos secretos revelaron que el ex presidente argentino Mauricio Macri se comprometió a invadir Venezuela.
Antes de las elecciones, el viernes 26 de julio, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció a través de un comunicado “las acciones y declaraciones injerencistas y desestabilizadoras de los Estados Unidos y otros países aliados, que mediante los medios de comunicación y redes sociales, pretenden desestabilizar el proceso electoral venezolano instalando falsos escenarios de posible fraude electoral”.
“Las acciones injerencistas comenzaron con una amplia campaña mediática donde diversas personalidades de los Estados Unidos y gobiernos aliados llamaron abiertamente a votar por la oposición al actual gobierno venezolano. Ejemplo de ello fue la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien, acompañada de Richard Blanco, presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, en un video difundido por las redes convocó a acompañar masivamente a María Corina Machado, y a votar por Edmundo González”, detalla el comunicado.
“Estas maniobras traen a la memoria un operativo similar previo a las elecciones del 2019 en Bolivia, que desencadenó en el golpe de estado en ese país, con la participación de la USAID, la OEA e incluso de la Unión Europea, con un saldo de muertos, heridos, presos políticos, y despojo de recursos estratégicos para ese país. Con la recuperación de la democracia, el voto popular demostró que el amplio triunfo de Evo Morales en 2019 fue legítimo”, señala la organización con sede permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra.
“Nuestra organización ha acreditado veedores y acompañantes internacionales para el proceso del próximo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela. Hemos verificado que, al igual que en anteriores elecciones, se trata uno de los sistemas electorales más íntegros y seguros, sólo administrado por el Poder Electoral, el cual está integrado por miembros de todas las fuerzas políticas participantes con juntas electorales a todos los niveles: Nacional, Regional y Municipal”, puntualiza el comunicado.
La AAJ señala que, “en materia tecnológica, contiene 16 tipos de auditorías en sus distintos componentes, incluso en su sistema cerrado de transmisión, en las que también intervienen todas las fuerzas políticas. Además, los centros de votación están sujetos a verificación ciudadana, con previsiones tales como el sorteo de 30 miembros por cada mesa, a pesar de que sólo ejercerán la función 3 de ellos, juntamente con los testigos designados por cada partido político. Todo ello, bajo minuciosa normativa y reglamentación, con rango constitucional”.
Finalmente, la ONG exhortó a los gobiernos y sus representantes “a no realizar declaraciones que alienten un cruento enfrentamiento en la sociedad venezolana”, e instó “retomar la senda de la solidaridad y cooperación pacífica entre los pueblos”.
“El 11 de abril de 2002, la ultraderecha venezolana, en complicidad con los medios de comunicación privados, convocaron una protesta en Caracas para pedir la renuncia del jefe de Estado; sin embargo, esta manifestación fue desviada al Palacio de Miraflores, donde se encontraba el pueblo que respaldaba al presidente Hugo Chávez”, recuerda la página oficial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, que agrega que “una vez movilizados hasta las cercanías de la casa de Gobierno y con el apoyo de la Policía Metropolitana (actualmente inexistente) los grupos en contra del Gobierno arremetieron contra el pueblo reunido y el resto de la gente”.
“La oposición preparó todo para este golpe de Estado, antes del 11 de abril realizaron el llamado «paro cívico», convocado a partir del 10 de diciembre de 2001, a la que se sumó parte de la nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Fedecámaras, entre otros sectores económicos del país”, señala la nota.
Foto: Sputnik
Concentraciones a favor y en contra se encontraron en las cercanías del Palacio de Miraflores tal como lo había planificado la oposición radical, e infiltrados armados (francotiradores) comenzaron a abrir fuego contra el pueblo. Paralelamente, todos los canales de televisión privados promovieron la desinformación y el terror en la población, acusando falsamente del ataque a los chavistas.
Tras horas de desasosiego, en la madrugada del 12 de abril, comenzaron a hablar de la renuncia de Chávez, lo cual no fue cierto. Luego se supo que el mandatario fue llevado por los golpistas a Fuerte Tiuna y luego retenido en Turiamo. Desde allí, logró escribir una carta donde afirmaba que no había renunciado. Gracias a ese mensaje, enviado a través de un funcionario militar que lo cuidaba, el país conoció la verdad. Finalmente, los golpistas en Miraflores abandonaron el Palacio Presidencial, dirigidos por el titular de la patronal Fedecámaras y juramentado “presidente”, Pedro Carmona, el 12 de abril en horas de la tarde.
“Guarimba” es el término coloquialmente usado en Venezuela para referirse a barricadas callejeras. Fueron utilizadas para desestabilizar, primero a Hugo Chávez, y luego a Nicolás Maduro, en 2004, 2007, 2014 y 2017. No se trataron de meros cortes de calle, sino que se desplegaron actos de violencia que, de suceder en otro país, recibirían el calificativo de “terroristas”.
En las guarimbas de 2004 se produjeron 15 muertos. En las de 2007, hubo un muerto. En las de 2014, 43 fallecidos. En las protestas de 2017, que duraron semanas, se registraron 127 muertes y más de 3.000 personas heridas.
“Orlando Figuera murió en 2017 tras ser apuñalado y quemado por manifestantes opositores durante las protestas antigubernamentales. Dos años después del crimen, su madre recuerda el caso y pide justicia y paz en su país, donde se registraron varios casos similares que llevaron al Gobierno a legislar contra los crímenes de odio”, informa el diario español Público en la nota titulada “A mi hijo lo quemaron vivo por ser chavista”.
Foto: Ronaldo Schemid
“Un cuerpo envuelto en llamas que corría sin rumbo ni esperanza, buscando ayuda a tientas entre la multitud que le había prendido fuego”, describe la nota.
“En las imágenes se aprecia cómo le rocían combustible y en una fotografía hasta se ve a un joven con la cara tapada con un mechero antes de prenderle fuego”, describe la BBC.
El sábado 4 de agosto de 2018, durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un par de drones suicidas explotaron a escasos metros de Nicolás Maduro mientras daba un discurso en la Avenida Bolívar en Caracas.
“CNN obtuvo nuevos videos que proporcionan una perspectiva escalofriante del misterioso ataque con drones perpetrado el año pasado contra el presidente Nicolás Maduro. Que se sepa, es el primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares en su interior”, señala el medio estadounidense cuando se cumplió un año del atentado.
“Un hombre ha reconocido ser el organizador del ataque y dice que fue ejecutado por un grupo de desertores del Ejército de Venezuela, junto con otras personas. En una entrevista exclusiva con CNN, recapituló cómo se prepararon para el ataque y nos dieron videos tomados con celulares que mostraban drones, explosivos y hasta vuelos de práctica en los llanos colombianos”, agrega la nota.
El 23 de enero de 2019 el diputado opositor Juan Guaidó levantó la mano y juró desde una plaza alejada del Palacio de Miraflores, en una zona adinerada de Caracas. “Su autoproclamación quedará como el punto de inicio de una de las operaciones más importantes montadas por el gobierno norteamericano en América Latina. Se trató, y aún se trata, de crear una realidad ficcional, un gobierno paralelo que nunca existió”, señala Página 12.
“Ocurrió a una velocidad que debía ser imparable: el reconocimiento de Guaidó por parte del presidente de Estados Unidos, la construcción de una diplomacia de asfixia con el Grupo de Lima y la Unión Europea, la presión a gran escala para lograr el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) crucial en la estrategia golpista. El cálculo falló”, señala la nota firmada por Marco Teruggi.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, integrantes del grupo, firmaron un comunicado en el que apoyan “el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela en el marco de su Constitución a fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo con la participación de todos los actores políticos”.
Pero la ficción no se pudo sostener. Guaidó recibió mucho dinero de los Estados Unidos para invadir Venezuela. Pero se lo gastó en otros menesteres. Y cosechó coimas, pero para sus propios bolsillos. Fueron los mismos estadounidenses quienes lo desenmascararon.
El diario The Washington Post reveló la trama de corrupción que involucró al autoproclamado presidente Juan Guaidó. Según el medio estadounidense, Guaidó estuvo implicado en el robo de activos del país en el extranjero y contratos con coimas millonarias a las que habría recurrido para proyectar su imagen en el exterior. Las maniobras expuestas por el diario, en base a más de 20 entrevistas y documentos, involucran a Fernando Blasi y Javier Troconis, dos colaboradores de Guaidó señalados por la Fiscalía de Venezuela como parte de una red que cobra sobornos para “robar activos venezolanos”.
La maniobra de corrupción superó los 40 mil millones de dólares. Troconis habría condonado la mitad de la deuda de Paraguay con la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) y además firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1.700.000 dólares del ministerio de Alimentos de Venezuela.
“El llamado gobierno interino de Guaidó necesitaba efectivo para proyectar poder en el exterior y socavar al presidente en el país”, señala el diario de Washington en la nota titulada “Los intentos de la oposición venezolana de apoderarse de los activos extranjeros del gobierno bajo investigación”. (“Venezuelan opposition efforts to capture government’s foreign assets draw scrutiny”).
En mayo de 2020, comandos de mercenarios apoyados por Estados Unidos intentaron desembarcar en las costas de los estados de Aragua y La Guaira, con la intención de derrocar al gobierno de Maduro. Los intentos fracasaron, pero las amenazas de invasión continuaron.
El 8 de mayo, tras la incursión fallida, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si alguna vez decide intervenir en Venezuela, sería con una “invasión militar”, y negó cualquier implicación en el intento de ataque con participación de ex militares estadounidenses. “Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela no sería de esa forma. Sería ligeramente diferente. Se llamaría una invasión”, dijo Trump a la cadena de televisión Fox News. “Si quisiera entrar en Venezuela no lo mantendría en secreto, y no mandaría a un grupo pequeño, hablaríamos de un Ejército”, agregó.
Según informó Página 12, Trump describió como “un grupo que actuó en solitario” al colectivo compuesto por dos estadounidenses y “muchos venezolanos” que entre el domingo y el lunes de aquella semana protagonizó dos intentos de penetración desde el mar en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, en los que murieron ocho personas y fueron detenidas otras 18. “(El grupo) no estaba dirigido por el general George Washington”, dijo con sorna Trump.
La agencia de noticias estadounidense con sede en Nueva York The Associated Press (AP) reveló en febrero de 2024 la más reciente estratagema de Estados Unidos para sacar del medio a Maduro.
“Un informe secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de varios años de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que infiltró a operativos en Venezuela para grabar a escondidas y armar causas por narcotráfico contra el gobierno del país, un plan que Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional”, señala la investigación titulada “Programa secreto de EEUU espió a funcionarios de Venezuela burlando el derecho internacional”.
“Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la “Operación Tejón del Dinero”, una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.
“No nos gusta decirlo públicamente pero somos, de facto, la policía del mundo”, dijo Wes Tabor, un ex agente de la DEA que fungió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes del inicio del operativo descrito en el reporte.
Tanto la DEA como el Departamento de Justicia rechazaron responder a las preguntas de la AP sobre el informe, la frecuencia con la que Estados Unidos realiza actividades unilaterales y quiénes forman el comité que aprueba esos operativos. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a un pedido de comentarios. Pero recientemente Maduro acusó a la DEA y a la CIA de llevar a cabo esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA se negó a realizar declaraciones.
“Yo no creo que el presidente (Joe) Biden esté involucrado”, dijo Maduro en una aparición en televisión. “Pero la CIA y la DEA son organismos independientes, imperialistas, criminales”.
El documento, jamás visto hasta ahora, fue escrito durante el apogeo de la campaña de “máxima presión” para desalojar al presidente venezolano, bajo el entonces presidente republicano Donald Trump.
Maduro acababa de ganar su reelección en 2018, en un proceso que el gobierno de Trump calificó de amañado. “En las semanas siguientes, funcionarios de la DEA planearon enviar al menos tres informantes clandestinos para grabar a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado”, señala la agencia de noticias.
La operación contra el círculo íntimo de Maduro no es la primera que realiza Estados Unidos en el exterior sin avisar al país blanco.
Consultado por AP, Evan Criddle, profesor de la Facultad de Derecho William & Mary en Virginia, dijo que “el derecho internacional prohíbe las operaciones clandestinas como las descritas en el memorando que se realizan sin consentimiento en el territorio de un tercer país”. Y prevé que la difusión del memo “causará algún bochorno a Estados Unidos, impulsará a diplomáticos venezolanos a registrar objeciones y posiblemente inhibirá la futura cooperación”.
Varios agentes de la DEA en actividad y retirados que examinaron el memo dijeron a la AP que no les sorprendía tanto el descaro del plan como que la agencia lo reconociera en documentos internos. “Es muy raro que se haga simplemente porque existe la posibilidad de que le explote en la cara al gobierno de Estados Unidos”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
La denominada “Operación Tejón del Dinero” jamás debía llegar a conocimiento del público. AP reveló que fue introducida accidentalmente junto con decenas de documentos del gobierno en un sitio web para compartir archivo por la fiscalía federal de Manhattan el año pasado durante el juicio por asociación ilícita para cobrar sobornos contra dos ex supervisores de la DEA que ayudaron a encabezar la ofensiva contra el gobierno de Maduro. La retiraron horas después de que un reportero de la AP empezó a hacer preguntas.
Los ex supervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. fueron condenados por filtrar información policial confidencial a los abogados defensores en Miami como parte de una asociación ilícita para cobrar sobornos.
Los dos previsiblemente purgarán condenas en prisiones federales, sumándose a la lista creciente de agentes de la DEA tras los barrotes.
La agencia AP aclaró que “no publicará el memorando en sí ni identificará a los informantes para evitar ponerlos en peligro”.
Zach Margulis-Ohnuma, un abogado del general retirado Hugo Carvajal, un ex jefe del espionaje venezolano preso en Estados Unidos a la espera de juicio por narcoterrorismo, dijo que “la fama de la DEA por su desprecio de las leyes es bien merecida”.
“Un programa que institucionaliza la ilegalidad al autorizar a agentes e informantes de la DEA a violar leyes extranjeras”, dijo, “es poco eficaz para impedir la entrada de drogas a Estados Unidos y a la vez socava la integridad de la DEA y el prestigio de Estados Unidos en el exterior”.
Fuente : redaccionrosario.com
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