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A más de un año y medio del asesinato de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una señalización en el lugar del hecho. Agencia Paco Urondo dialogó con Soledad Laciar, madre del joven.

Por Diego Moneta / Foto: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

El sábado 12 de febrero, por la tarde, distintos representantes de organismos de derechos humanos y familiares y amistades de víctimas de violencia institucional, entre otras personas, se congregaron en Avenida Vélez Sarsfield 2311, frente al Edificio Pablo Pizzurno del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Ese día Valentino Blas Correas hubiera cumplido 19 años. Allí, en el lugar donde lo asesinaron, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una señalización en homenaje al joven.

La madrugada del 6 de agosto de 2020 un grupo de cinco amigos volvía en auto después de juntarse en un bar de la capital provincial. Un grupo de oficiales de la Policía de Córdoba, que estaba llevando a cabo un control vehicular, hizo señas para que se detuvieran, pero como divisaron armas desenfundadas se asustaron y siguieron de largo. Los uniformados efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó en la espalda de Blas, causándole la muerte, otro hirió a un acompañante y otros cuatro se alojaron en el coche. Pocas semanas después el accionar despiadado se repetiría con Joaquín Paredes.

El joven fue llevado por sus amigos al Sanatorio Aconcagua, donde le negaron la atención médica por haber sido “en la calle”. Llegó sin vida al Hospital de Urgencias. En paralelo, los policías plantaron un arma en la escena para simular un enfrentamiento. Soledad Laciar, la madre de Blas, aseguró que al llegar al lugar de los hechos le impidieron acercarse y que “en dos horas limpiaron toda la zona y borraron evidencia”.

La investigación, a cargo del fiscal José Mana, y el testimonio de testigos permitieron determinar que los efectivos Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón fueron quienes dispararon, por lo que se los detuvo e imputó por “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego y su condición de policía”. Las pericias también arrojaron que el primero de ellos fue el autor del impacto de bala mortal. 

A fines de 2020, Wanda Esquivel, otra de las imputadas, declaró que el arma había sido plantada por orden del cabo Alarcón. Por otro lado, en 2021, Ana María Becerra, directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba, fue imputada por “abuso de autoridad” por el fiscal de Instrucción Anticorrupción Matías Bornancini, quien la acusó de levantar la situación pasiva al cabo Gómez. A su vez, el ex subdirector de Seguridad, Gonzalo Cumplido, fue sobreseído de la acusación por "violación de los deberes de funcionario público".

Las responsabilidades fueron in crescendo y se alcanzó la cifra de 16 imputaciones, entre ellas trece policías y tres empleados del Sanatorio Aconcagua acusados de “abandono de persona” y que serán sometidos a un proceso aparte por considerar que no se encuentran vinculados al crimen en sí. Además de Gómez y Alarcón, los restantes uniformados están acusados de distintos delitos como “abuso de autoridad calificada, encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público", y son Enzo Quiroga, Ezequiel Vélez, Jorge Galleguillo, Juan Antonio Gatica, Leandro Quevedo, Leonardo Martínez, Rodrigo Toloza, Sergio González, la mencionada Esquivel, Walter Soria y Yamila Martínez. 

La causa está elevada a juicio pero todavía sin fecha de inicio. A más de un año y medio del asesinato del joven, y con motivo de la señalización llevada a cabo en el lugar del hecho el día que hubiera sido su cumpleaños, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué análisis puede hacerse a un año y medio?

Soledad Laciar: La justicia sigue lenta. Todavía hay un tiempo más, según lo que dijo el abogado, para confirmar una fecha de inicio del juicio. Han presentado la última apelación posible, lo que también lleva tiempo. Si bien una está ansiosa para que llegue, la lucha va más allá del crimen de Blas.

APU: Dada la cantidad de acusados, ¿cuáles son las responsabilidades que ustedes señalan o hasta dónde consideran que llegan?

SL: Desde el primer día dije que, si bien quizás para la gente que haya trece personas imputadas parece mucho, esa noche, con lo que viví, sé que hay muchos más. Sigo sosteniendo que hay responsabilidad política, que llega hasta el gobernador como jefe máximo de la policía y del Poder Ejecutivo. Ni hablar del ministro de Seguridad. Estoy convencida que es responsable por la muerte de mi hijo, por acción u omisión. 

La policía no sólo lo mató sino que quiso ensuciarlo plantando un arma y su jefe máximo, que sigue en el puesto, por saber esta manera de actuar, no debe estar más en el cargo, y si no lo sabía tampoco. Mi lucha es para que eso cambie. Por eso he apelado a que todos los políticos, de alguna manera u otra, según el lugar que ocupan, puedan hacer algo para modificarlo y que lo hagan. Sé que es una tarea larga pero algún día tiene que comenzar. 

APU: ¿Cómo evalúa la situación en materia de violencia institucional en Córdoba? 

SL: Siempre doy el mismo ejemplo. Cinco pibes llegaban en auto a un control policial y cuando van frenando ven que tienen el arma desenfundada, por lo que siguen de largo. Se asustaron. Eso genera la policía hoy en Córdoba lamentablemente: miedo. Mi lucha siempre va a ser para que el día que mis hijas, que son chicas, tengan un problema corran hasta un policía, que es lo que debiera generar un oficial en la calle. 

Fuente :

agenciapacourondo.com.ar