En medio de cambios drásticos para el oficio, la tarea periodística se precariza y empobrece en un contexto de despidos y cierre de medios públicos. Milei cree en la libertad, salvo la de expresión.
Con la férrea voluntad empresarial de retirar trabajadores y trabajadoras de prensa de medios públicos y privados; con un apagón digital en las redes y webs del canal y la radio estatales; con salarios por debajo de la canasta que establece la línea de pobreza y en medio de una reconversión de lo analógico a lo digital que precariza –aún más- condiciones de empleo y convierte a los “creadores de contenidos” en esclavos “voluntarios” de las grandes plataformas, se conmemora este 7 de junio el Día de las y los Periodistas. La encuesta de 2023 sobre condiciones laborales realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), indica que el 45 por ciento de las y los trabajadores del sector en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) percibía ingresos por debajo de la línea de pobreza, que en el caso de la prensa radial ascendía al 70,6 por ciento, según el mismo relevamiento. El 57 por ciento de los consultados tenía dos o más trabajos, lo que condiciona sus capacidades profesionales por el pluriempleo y convierte en idílica cualquier posibilidad de destinar tiempo a formación y capacitación, en un mercado profesional que exige “innovación permanente”.
En este contexto, el gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei suspendió la pauta publicitaria oficial, se ensañó con los comunicadores que no hacen de la adulación una forma del ejercicio profesional de la actividad, cerró la operación de la agencia de noticias Télam y decidió el apagón digital de la TV Pública y Radio Nacional, medida que dio a conocer por medio de un comunicado en el que anunció un “proceso de reorganización”, sin ninguna intención de que no se lo relacione con la última dictadura. “En el marco general de este gobierno autoritario, hemos tenido un retroceso muy grande en la Argentina”, dijo a El Eslabón Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, para quien “a los grandes medios tampoco les interesa la calidad de la información: por eso precarizan, pagan malos sueldos, disminuyen los planteles”. En este contexto, el dirigente sostuvo que el desafío de la entidad gremial pasa por “poder representar a este nuevo sujeto de la comunicación, que fue cambiando su forma, que está encarnado en los jóvenes, en las nuevas plataformas”.
Tras el cierre intempestivo de su operación, anunciada por Milei ante la asamblea legislativa el 1° de marzo último, la agencia nacional de noticias Télam continúa apagada, pero no cerrada. La intervención abrió un programa de retiros voluntarios por medio del cual logró que casi la mitad de la planta de la empresa, fundada hace 79 años, optara por firmar acuerdos.
Antes, el Gobierno de los hermanos Milei había cancelado contratos en Radio Nacional y la TV Pública, como parte de su política de achicar al Estado para alcanzar el déficit cero, por ahora con más licuadora que motosierra.
El avance sobre los medios públicos por parte del Gobierno responde más a su lógica de desprecio por la pluralidad informativa, el federalismo y el derecho ciudadano de acceso a información veraz y plural que a una cuestión vinculada al déficit fiscal, atento a que su sostenimiento consume una ínfima porción del presupuesto nacional.
Si para los Milei todo es una mercancía transable en el mercado, la información también, a pesar de las normas internacionales que la definen como un derecho humano y un bien social imprescindible para el desarrollo de sociedades democráticas y que, a la vez, obliga a los Estados a protegerla y generar condiciones para su acceso.
“El ataque a los medios públicos, el cierre intempestivo de Télam, el planteo de la eliminación de los programas en la TV Pública y la amenaza de su privatización, al igual que Radio Nacional, donde los compañeros viven en permanente zozobra y angustia, nos afecta desde lo laboral, perdiendo cientos de puestos de trabajo muy difíciles de recuperar en el marco de una crisis laboral muy grande en el país, que nos afecta como a toda la clase obrera”, dijo Carmona. “Y por el otro”, completó, “perdiendo un pilar fundamental para un país y un gobierno democrático como es el rol de los medios públicos”.
Paralelamente, en Rosario, el principal grupo mediático de la región, que combina las empresas del Multimedios La Capital con el de Televisión Litoral, conducido por Gustavo Scaglione, achica la redacción del diario.
El financista que hace unos años se involucró en el negocio de los medios de comunicación intentó avanzar en despidos, que la acción gremial logró convertir en retiros voluntarios.
“En las empresas rosarinas estamos en la misma tensión que sufren los medios nacionales. Despidos que aquí se han transformado en retiros voluntarios, reducciones de plantas, y todavía no nos queda muy claro cuál es el proyecto de futuro que estas empresas quieren construir”, explicó el titular del SPR.
Mientras avanza con el canal de streaming Brindis TV, acorde a las tendencias imperantes, Scaglione reduce la planta de una de las naves insignia del grupo, el diario La Capital, y sostiene condiciones de precarización laboral en sus otros medios, con contrataciones por debajo de la canasta básica que convierte a sus trabajadores en pobres periodistas.
El relevamiento antes mencionado realizado por el Sipreba, sostiene que “a pesar de que el 57 por ciento de les periodistas del AMBA tiene más de un empleo, eso no compensa la caída constante del poder adquisitivo y el deterioro de sus ingresos: el 45 por ciento tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza. Esos son algunos de los datos preocupantes que muestra la Encuesta Integral sobre la situación socioeconómica de periodistas del Área Metropolitana de Buenos Aires, realizada por nuestra Secretaría de Asuntos Profesionales en mayo pasado con la participación de más de 1000 trabajadoras y trabajadores de 140 medios de comunicación (privados, públicos y autogestivos) de prensa escrita, oral y televisada”.
Foto: Julia Carmona
El deterioro salarial promedio del 45 por ciento de las y los trabajadores de prensa con sueldos por debajo de la canasta básica total “sube al 63 por ciento en el sector de prensa escrita y trepa hasta el 71 en la categoría testigo (redactor/a) de esa rama”, afirma el informe.
Y “en las radios, asciende a más de un 70 por ciento y la situación mejora en TV donde es del 8,5. Sin embargo, del total de personas que fueron encuestadas sólo el 16 por ciento sostuvo que el sueldo de su principal empleo le alcanza para vivir”.
El relevamiento gremial también muestra la multiplicidad de empleo como otra forma de precarización de las condiciones laborales en las que se ejerce la profesión periodística.
“El 57,6 por ciento de les respondientes afirmó tener dos o más trabajos remunerados. Esto muestra un aumento del 7,6 respecto al relevamiento del año 2022”, señala el trabajo.
Para agregar que “entre quienes tienen más de un empleo, el 73,6 por ciento señaló que se debe a que el sueldo no le alcanza. En esta línea, un dato más alarmante aún es que durante el mes de abril de 2023 el 30 por ciento de les trabajadores cobró sueldos por debajo de la línea de pobreza incluyendo la suma de la totalidad de sus trabajos, dentro y fuera de prensa. Esta situación se agrava respecto al año anterior, donde era el 26 por ciento del total”.
Uno de los elementos que mejor demuestra que La Libertad Avanza casi exclusivamente en términos de mercado, pero no de expresión es el comportamiento del titular del Poder Ejecutivo, para quien las y los periodistas que no coinciden con su visión del mundo están “ensobrados”.
Esa metáfora de la presunta corrupción periodística es parte de la batería semántica oficial que no procura revelar un problema sino generar sentido y efectos de verdad sin necesidad de ninguna comprobación. Es decir, no hay una sola denuncia sobre periodistas ensobrados. Sólo basta que sea parte del discurso oficial.
Pero no son lo mismo esas palabras en la boca del Milei candidato que en la del Milei presidente, puesto que su rol actual está sujeto a una serie de obligaciones –legales y consuetudinarias- de las que no puede eximirse por incomprensión de sus actos y las consecuencias de los mismos. Es decir, no cabe fingir demencia.
Foto: Julia Carmona
En un artículo solicitado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) para el día de la libertad de expresión, el 3 de mayo pasado, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, trazó un panorama bastante sombrío sobre el asunto.
“En los más de 130 días que han transcurrido desde la investidura del actual gobierno, he recibido reportes preocupantes de ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante manifestaciones sociales, violencia digital contra la prensa, y discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas, que cuestionan y desacreditan su labor, calificándolos como «mentirosos» y «la peor cloaca del universo »”.
Para Vaca Villarreal, “estas conductas distan de ser una mera discrepancia; la estigmatización y la descalificación, lejos de constituir vías democráticas, erosionan la calidad del discurso público”.
En el mismo texto, agregó que “sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido enfático: los liderazgos públicos deben ejercer su libertad de expresión con una especial diligencia dada su alta investidura y capacidad de influencia y el potencial impacto de sus palabras en ciertos grupos de la población”.
“Además, las autoridades públicas deben fundamentar sus declaraciones en hechos veraces, prevenir la violencia, fomentar la tolerancia y respetar los derechos humanos de forma inequívoca”, abundó el relator especial, casi como una contracara de la figura y el discurso público del hermano del Karina Milei.
“En este contexto –siguió-, es importante advertir que los gritos de poder no necesariamente significan más libertad para la ciudadanía, y los ataques a la prensa no contribuyen a fortalecer y mejorar la labor periodística. Cuanto más poder se tiene y se ejerce en una sociedad democrática, mayor impacto tienen los mensajes que desde allí se emiten porque modulan percepciones ciudadanas”.
Por esos motivos, “los desacuerdos y controversias que son inherentes a la relación entre gobernantes y periodistas deben tramitarse en un entorno que privilegie el debate público y los hechos verificados, en un marco donde el pluralismo de ideas y los valores democráticos prevalezcan y no se vean lastimados por las vocerías oficiales”.
El secretario general del SPR coincide con ese planteo: “Hay un Gobierno que ataca, maltrata y agrede a los periodistas, a los medios de comunicación, acusándolos de recibir sobres, sin bancar disidencias y siendo absolutamente intolerante con quienes tienen opiniones distintas a las que el Gobierno sostiene”.
“Eso ha generado la protesta de casi todas las organizaciones de prensa nacionales e internacionales en el marco de esta permanente agresión y desprecio por un derecho humano básico como es el derecho a la información, reconocido internacionalmente”, agregó Carmona.
El vertiginoso desarrollo de los medios digitales provocó –y causa todavía- numerosas y profundas modificaciones en las formas de producción y consumo de noticias y entretenimiento. Sin embargo, esa fragmentación y atomización de medios y las nuevas herramientas para el desarrollo de la profesión no son –o no deberían ser- sinónimo de pérdida de calidad.
De hecho, las funciones y el rol del periodismo continúan siendo los mismos que en la era analógica: informar a la sociedad sobre temas de interés y contribuir a la formación de una opinión pública con sentido crítico y herramientas para la toma de decisiones, además de ejercer un control social de los poderes públicos, privados y sus actores.
“Como gremio estamos convencidos que los procesos tecnológicos y las nuevas aplicaciones, cuando vos querés seguir manteniendo calidad informativa, pluralidad y no ser un mero publicista de los poderes de turno, eso no disminuye la cantidad de gente necesaria”, dijo Carmona.
Foto: Julia Carmona
“En todo caso –abundó–, transforma los roles, las tareas, da otras posibilidades. Pero si querés hacer buena información, necesitás trabajadores capaces, entrenados y con oficio”.
En cuanto a los desafíos que supone la actualidad del oficio, el dirigente del SPR señaló que pasa por “poder representar a este nuevo sujeto de la comunicación, que fue cambiando su forma, que está encarnado en los jóvenes, en las nuevas plataformas, en una producción que se atomiza en pequeñas unidades productivas”.
En esa línea, agregó que la dirigencia gremial debe ser “capaz de representarlos, poder contarles que juntarnos es importante, que tenemos que definir que lo que hacemos no es un hobby, es un trabajo, y que hay que intentar vivir de lo que hacemos. Ese es un gran desafío”.
Por último, indicó que en ese objetivo es necesario “interpelar al nuevo sujeto de la comunicación y poder lograr que los jóvenes que están en estas nuevas formas de expresión, que son valiosas e importantes, poder interpretarlas, darles el protagonismo que tienen y poder nuclearlos, aunque hoy no exista la tradicional forma de la relación de dependencia con un patrón que paga y asalariados que se juntan, como fueron las redacciones de los diarios tradicionales”.
“Ahí está el desafío: cómo lograr que toda esa gente se sienta un trabajador, se sienta comunicador y pueda juntarse con los demás para debatir, por lo pronto”, cerró.
Fuente : redaccionrosario.com
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