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Entrevista a Jonatan Baldivieso, del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, acerca del proyecto del Gobierno porteño que busca vender el predio de Costa Salguero y un sector de la Costanera para un nuevo negocio inmobiliario: la construcción de un barrio náutico de lujo. «Queremos la totalidad del predio como establece la Constitución: que sea 100% parque», sostiene Baldivieso. Por Mario Hernández.

M.H.: Primer tema Costa Salguero.

J.B.: El lunes 1° el Jefe de Gobierno inició las sesiones parlamentarias de la Legislatura porteña, lo cual habilita que continúe el tratamiento de este proyecto que pretende vender la totalidad del predio de Costa Salguero, un sector de la Costanera, y autorizar allí un emprendimiento inmobiliario con torres de diez pisos.

Recordemos que esto viene de una primera sanción en el mes de octubre del año pasado, luego se convocó a una audiencia pública, hace dos meses. Fue la audiencia pública más numerosa, en la que se inscribieron 7.000 personas, hablaron 2.000. Recordemos que fue en enero, hubo algunos inconvenientes en las plataformas virtuales que hicieron que no pudieran hablar todas las personas, pero aun así el número es muy importante. De esas 2.000 personas el 98% se manifestó en contra. Casi una voluntad ciudadana unánime que le está indicando al gobierno que no quiere una costanera con torres, sino que quiere una costanera con 100% parque que es lo que se viene solicitando. Finalizada la audiencia pública, el gobierno se encuentra habilitado para iniciar el segundo tratamiento, lo que se conoce como la segunda lectura en la Legislatura. Eso lo puede empezar a hacer ahora.

M.H.: Hay una intervención judicial.

J.B.: Es un tema complejo, el gobierno hace un proyecto para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en toda la costanera y lo dividió en dos pasos. Uno fue conseguir una ley de la Legislatura que autorice la venta, que fue la ley que se votó en diciembre de 2019. Esa ley está suspendida por la justicia porque detectó que no se cumplieron los procedimientos para la sanción de leyes, quiere decir que esa ley no debe ser considerada como tal. Siempre pongo el ejemplo de que imaginemos que en el Congreso un proyecto es votado por Diputados y no por el Senado y nos quieran hacer pasar eso por ley. Sería un escándalo tremendo. Eso pasó en la Ciudad. Se votó una vez y no se votó una segunda, y lo publicaron en el Boletín oficial. La justicia intervino, dijo que hubo una fuerte violación de la Constitución y se suspendió la vigencia de la ley.

A mediados de 2020 enviaron un proyecto donde se autorizaba este emprendimiento, la modificación del Código urbanístico. Ese proyecto es el que estamos tratando en audiencia pública y que se va a tratar en la Legislatura. No hay ninguna judicialización de ese proyecto porque justamente no ha finalizado la discusión parlamentaria, por lo tanto no se puede judicializar algo que todavía no es ley.

M.H.: ¿Cómo pensás que sigue todo esto? El día de la apertura de sesiones legislativas se produjo una movilización importante respecto de este tema.

J.B.: Lamentablemente escuchamos discursos de los funcionarios del gobierno, del Jefe de gobierno, del secretario de Planeamiento urbano, manifestando que la audiencia pública carece de legitimidad democrática, que era un conjunto de vecinos y vecinas orquestados ideológicamente, casi como una mafia, que se estructuró para ir en contra de este “maravilloso” proyecto del gobierno que es hacer torres en la costanera. Y argumentaron que sí contaban con la legitimidad que era un tribunal, un jurado de diez arquitectos varones que dijeron que ese proyecto era bueno. Por lo tanto, hay un verdadero ninguneo a la democracia participativa y una mirada muy patriarcal, reconocer que 10 arquitectos varones tienen más autoridad que 2.000 ciudadanos y ciudadanas para decidir cuál es el mejor uso de la Costanera para la Ciudad. Una mirada patriarcal, machista y de negocios. El jefe de gobierno no quiere frenar los negocios porque quiere que no falten para su futura campaña electoral.

Estas tres cuestiones hacen que el gobierno haya sacado notificaciones en los principales diarios diciendo que va a avanzar de todas formas con este emprendimiento. Esperemos que sigamos sosteniendo este posicionamiento ciudadano. Agradecemos a los medios como el tuyo que siguen estos temas para lograr revertir la voluntad de seguir adelante con este disparate que es construir torres en la costanera.

M.H.: También hay objeciones por parte de las autoridades aeronáuticas por Aeroparque.

J.B.: Unas semanas antes de la audiencia pública, y luego incluso, fue un funcionario de la administración nacional de aviación civil, a informar que se hizo un estudio y según este no estaría permitido construir edificios con estas alturas en esa zona. Por lo tanto, la ANAC no habilitaría la construcción de estos edificios con esta altura. La ANAC no interviene en el tema de la privatización pero sí en qué se va a construir. También dijo algo importante: que por los ruidos no se podría habilitar en esa zona una función residencial. Es decir no se podrían construir viviendas ahí. Sí comercios, pero no viviendas. Así que hay dos limitaciones que puso la ANAC.

La ANAC permitiría lo que hay ahora, edificios comerciales de hasta cuatro pisos. Si bien colabora en este proceso, nosotros lo que planteamos es que no queremos perder la costanera para siempre, no estamos discutiendo si se puede construir más o menos o qué función tiene, si es comercial o residencial. Queremos la totalidad del predio como establece la Constitución: que sea 100% parque.

Alquileres: «Hay un lobby muy fuerte de los sectores inmobiliarios»

M.H.: Te saco de este tema porque se ha conocido que finiquita la situación respecto de los alquileres y el Observatorio de CABA  ha tenido también una intervención en este tema y me gustaría escucharte respecto de esta situación.

J.B.: Esta es una cuestión muy alarmante, porque la situación de las familias inquilinas en todo el país son alrededor de 9 millones de personas en situación de necesitar ingresos todos los meses para pagar una vivienda con alquiler, se viene agravando por la pandemia, la falta de ingresos económicos, no poder trabajar, la inflación que no para, ha hecho que muchas familias se endeuden y que muchas familias hayan prorrogado sus contratos en base a este decreto y que ahora si eso se suspende tienen que buscar a dónde alquilar nuevamente. Cuando todos sabemos que el costo de acceder a un nuevo alquiler es muy elevado. Hace falta tener una capacidad de ahorro para poder hacerlo

M.H.: Se habla de que un 40% no podría hacerlo.

J.B.: Lamentablemente como no hay datos ciertos se van tirando porcentajes, que son justamente las familias endeudadas, que no podrían hacerlo porque no tienen posibilidad de sacar crédito de ninguna parte. En ese contexto el nuevo ministro acaba de anunciar que no va  a prorrogar el decreto y que la única salida va a ser la mediación, donde el poder lo tiene el propietario.

Nosotros no proponemos oponer propietarios a inquilinos, tenemos una crisis y así como se ayuda a las empresas, solicitamos que se haga una ayuda económica para desendeudar a las familias inquilinas, una socialización de las deudas y los riesgos asumidos, así como socializamos los gastos y las deudas de las empresas con sus trabajadores o con el IFE.

Todos fueron planes de sociabilización por la gran crisis económica y sanitaria de la pandemia. Al sector que no le tocó nada de esto fue justamente a estas 9 millones de personas que están en situación crítica.

El ministro propone una mediación, que no soluciona nada y la segunda herramienta que dijo que justifica salir del DNU sin otras medidas, es que comenzó a operativizarse el registro de contratos en AFIP. Pero eso no genera ningún beneficio a las familias inquilinas, genera un poco de transparencia en el mercado inmobiliario, que los propietarios tengan que declarar los ingresos de los alquileres, pero no tiene nada que ver con el endeudamiento de las familias y con las nuevas necesidades en las nuevas relaciones de alquiler que se van a abrir en los próximos meses, con las deudas de pagos o los desalojos.

Esas dos medidas son inútiles y cualquiera que se dedica un poco a estos temas sabe que va a tener cero incidencia en la problemática de las familias inquilinas, y son las que el ministro pone como justificativo del accionar del Estado no prorrogando los contratos.

Hay un lobby muy fuerte de los sectores inmobiliarios, que nuevamente es más atendido que la realidad de las familias inquilinas. Hace décadas que no hay tanta cantidad, desde las medidas que tomó Perón para democratizar la propiedad urbana, con la propiedad horizontal, que hizo que desapareciera el sector inquilino, a partir de los 90 empezó a crecer nuevamente a un porcentaje del 10% por década.

M.H.: Esto será el 31 de marzo.

J.B.: De acá a quince días, el ministro piensa que la economía del país va a estar dos veces mejor a los niveles de pandemia que va a hacer que las familias inquilinas tengan ingresos para pagar dos alquileres, porque recordemos que la deuda se va a prorratear en doce meses, entonces las personas que no han pagado estos meses van a tener que pagar dos meses a partir de marzo. Además de pagar el alquiler de ahora van a tener que pagar las deudas que fueron generando durante la pandemia.

Fuente :

anred.org