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Este lunes por la tarde, organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas se manifestarán en contra de acto de la diputada "libertaria" Victoria Villarruel que busca volver a instaurar la teoría de los "dos demonios" y negar el genocidio de la última dictadura.

Luego de que se revelaran numerosos vínculos familiares con la dictadura y el historial militante de Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, la referente pro-dictadura convocó a un acto en la Legislatura porteña para revindicar a las "víctimas del terrorismo" de los años '70, en una actividad destinada a condenar el accionar de las organizaciones como Montoneros o el ERP.

El flyer del evento lleva la firma de Villarruel, pese a que ella no tiene nada que ver con la Legislatura porteña, ya que ocupa una banca en el Congreso nacional. Más pequeño aparece el nombre de la legisladora de LLA Lucía Montenegro, una de las leales de Milei en CABA.

La actividad está prevista para este lunes a las 17 en el Salón Dorado.

La invitación lleva el sello del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la entidad que preside Villarruel.

El Celtyv fue conformado en 2006 como una reacción a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El principal objetivo de este grupo es llevar a juicio a los militantes de los años ‘70. El Celtyv se creó como una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por militares que actuaron en la represión ilegal y el genocidio.

La actividad generó una ola de rechazos y convocatorias a repudios en la puerta de la Legislatura, que tendrán lugar a partir de las 16:30 hs.

La primera de las convocatorias está firmada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

En el documento, expresan su "más enérgico repudio" a la pretensión de llevar a cabo dicho acto en la Legislatura porteña.

"Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no sólo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva", sostuvieron.

A su vez, demandan que las autoridades y todo el cuerpo legislativo, al igual que todo el arco político de la Argentina, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, "que efectivamente aspiran a consolidar el estado de Derecho y la Democracia, que tanto nos costara recuperar, se expresen en idéntico sentido". Y sentencian: "¡Son 30.000! ¡Fue genocidio!".

Por otro lado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará una conferencia de prensa el mismo lunes a las 12 hs y un acto a las 17, también en la Legislatura, para condenar el acto. "Repudiamos la convocatoria a un acto en ‘homenaje’ a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, convocado por Victoria Villarruel. También repudiamos el otorgamiento que hiciera Cambiemos de la Legislatura porteña para tal fin”, denunciaron y remarcaron: “No fue una guerra, fue un genocidio. Fueron crímenes de lesa humanidad".

La Asociación Madres de Plaza de Mayo calificó el evento como una ofensa a la memoria histórica en un sitio clave para la democracia, como lo es la Legislatua porteña.

"Hace muchos años que las Madres reivindicamos no solo la memoria de los desaparecidos, sino también sus luchas y sus objetivos políticos", sostuvieron y llamaron a repudiar la avanzada negacionista el jueves en Plaza de Mayo.

H.I.J.O.S Capital, por su parte, definió la actividad como un "acto de promoción de olvido y la reivindicación del terrorismo de Estado". En esa línea, llamó a enviar correos electrónicos a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura, para reclamar la suspensión del evento.

"Una institución de la democracia no puede tolerar discursos ni actos negacionistas ni de odio. Este tipo de acciones exceden el límite de los consensos democráticos de nuestro país, reconocidos en el mundo".

El discurso de Villarruel

Desde el Celtyv, la compañera de fórmula de Milei esboza un argumento negacionista del genocidio disfrazado de supuesta argumentación legal.

El objetivo de este "centro de estudios" es reclamar la "memoria completa" (sic) sobre lo sucedido durante la década de los '70, afirmando que no hubo terrorismo de Estado sino "actos de guerra" en el marco del conflicto contra las guerrillas.

Esto intenta poner en paridad de condiciones el accionar de las organizaciones políticas armadas y el plan sistemático de exterminio y desaparición de personas perpetrado por el gobierno de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, reviviendo así la teoría de los dos demonios.

Sin embargo, este reclamo esconde una falsedad. El pedido de "memoria completa" pretende que se juzguen los delitos de las organizaciones armadas de la misma forma que se juzga el accionar de los represores. Sin embargo, mientras los primeros constituyeron delitos comunes -ya proscriptos- los segundos representan delitos de lesa humanidad.

El crimen de lesa humanidad constituye uno de los más graves delitos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no proscriben jamás puesto que se consideran un atentado contra el género humano.

Por otra parte, cuando se perpetra el golpe de Estado de 1976, la Junta Militar que tomó el gobierno no tuvo interés alguno en "juzgar" a los militantes, sino que se dedicó a la persecución, secuestro, tortura, desaparición o ejecución de los mismos, sin que fueran beneficiarios del debido proceso judicial -tal y cómo sí lo fueron los represores condenados en décadas posteriores-.

El plan sistemático de exterminio se extendió también a familiares, vecinos y conocidos de los militantes. El alcance de la represión llegó al saldo de 30 mil detenidos-desaparecidos, a los que además debe contarse el secuestro de los bebés nacidos en los centros clandestinos de detención.

De esta forma, el pedido de Villarruel por "memoria completa" busca juzgar a los militantes que fueron asesinados por el gobierno genocida de la dictadura. Un sinsentido jurídico.

Por otra parte, durante una entrevista de hace algunos años, la propia Villarruel niega la existencia del "terrorismo de Estado", al considerarlo una "doctrina de tipo político" que "no está legislado en ningún lugar". "El Estado comete abusos, pero el terrorismo es un recurso de los débiles", completó.
 

Fuente : elagora.digital