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La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, realizó  una denuncia penal y administrativa para que se investiguen los hechos de público conocimiento del pasado sábado en el barrio porteño de Almagro, en el que se produjeron hechos de violencia institucional y se realizaron tres detenciones arbitrarias: contra un trabajador de la vía pública.

Por Gabriela Carpineti* / Foto Daniel Amdan

La Policía de la Ciudad se excedió de modo ostensible y evidente del uso legítimo de la fuerza, conforme los parámetros establecidos por la propia ley procesal de CABA. Aun suponiendo que existió una contravención, la medida de la fuerza debe ser la estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar. Y sólo podrá haber aprehensión (demorar a la persona) cuando sea necesario para hacer cesar el daño o peligro.

La pandemia profundizó una realidad que existe hace décadas: los descartados del mercado formal de trabajo se inventan un laburo en la economía popular. Para muchos de ellos, trabajar en la vía pública es su única forma de subsistencia y lo hacen sin ningún perjuicio sustancial para terceros. De ninguna manera, el Estado puede responder punitivamente a los padecimientos de las y los que menos tienen.

Pese a ello, en los últimos años la normativa de la Ciudad de Buenos Aires ha ido avanzando hacia un endurecimiento en el abordaje de este conflicto humanitario. A partir del año 2018, la Ciudad convirtió en contravenciones un conjunto de conductas desempeñadas por trabajadores/as del espacio público: limpiar vidrios, vender mercadería sobre una manta, y otras tareas que no lesionan a terceros sino más bien pretenden la provisión de lo necesario para sobrevivir. Esta decisión, de por sí polémica y cuestionable por su dudosa constitucionalidad y razonabilidad, no ha llegado al nivel de considerar a estas conductas como delitos y promover la persecución penal a quienes incurren en ella.

Lo ocurrido el pasado sábado 6 de febrero  saca a la luz un mecanismo que ahora (y en función de lo que provocó su publicidad) da cuenta de lo que ocurre a diario: se fingen situaciones para encuadrarlas legalmente en “resistencia a la autoridad” y así trasladar al plano de lo penal algo que según la legislación vigente es una simple contravención, por lo tanto, sancionable con multa.

Este actuar sistemático tiene como finalidad justificar la privación temporaria de la libertad para así desincentivar estas formas que tienen las personas de escasos recursos para proveerse de lo necesario para su subsistencia.

Próximos pasos

Se propiciarán los mecanismos para que estos hechos, que producen un enorme daño social en un Estado de Derecho, se investiguen de modo eficiente y activar los controles necesarios para evitar que se instalen a modo de malas prácticas que deterioran la democracia plena.

Para ello la funcionaria y su equipo legal impulsarán la investigación de estos hechos por medio de las denuncias penales y administrativas que corresponden al caso. En sede penal deberá investigarse su carácter delictivo; pero además se pondrá en aviso formalmente a las autoridades de las respectivas carteras a fin de que procedan conforme a derecho.

* La Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, presentó una denuncia penal y administrativa para que se investiguen los hechos de público conocimiento del pasado sábado en el barrio porteño de Almagro, en el que se produjeron hechos de violencia institucional y se realizaron tres detenciones arbitrarias: contra un trabajador de la vía pública, una testigo que filmaba el abuso policial y la propia abogada y funcionaria que se apersonó en el lugar de los hechos para garantizar la integridad física del detenido original.

Fuente(Nota completa) :

agenciapacourondo.com.ar