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Este martes, organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon frente al edificio de Tribunales Federales de calle Oroño 840 por la “democratización de la justicia” y para “que renuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La manifestación que convocó a un centenar de rosarinas y rosarinas tuvo su su epicentro frente a la sede de la Corte Suprema de la Nación, en Buenos Aires, y se replicó en distintas ciudades de todo el país.

(Foto: Redacción Rosario)

El acto organizado en Rosario tuvo “como objetivo exigir la renuncia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corrupta y mafiosa, cómplice de sus secuaces provinciales que enlodan con su accionar el derecho a la justicia y a la dignidad de nuestro pueblo”,  señalaron los organizadores a través de un comunicado y agregaron que la convocatoria es “para manifestar el repudio a estos a estos nefastos personajes como camino hacia una reforma judicial”, señala el comunicado.

(Foto: Redacción Rosario)

En Buenos Aires, el comunicado leído en la masiva marcha del #1F contra la Corte Suprema y el Poder Judicial dejó durísimas consignas contra la Justicia y el pedido fue contundente: “Esta Corte se tiene que ir. Con esta Corte no hay Justicia ni Democracia”, afirma el escrito.

Es la primera marcha masiva contra esta Corte Suprema frente al edificio en el que trabajan los cuatro cortesanos: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se hicieron presentes jueces, fiscales, trabajadores judiciales, sindicalistas, intelectuales, periodistas, artistas, referentes sociales, organismos de Derechos Humanos y también algunos funcionarios nacionales.

El documento leído en el acto de Rosario

«Hoy llegamos a estos Tribunales Federales para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos de sus miembros intentaron ingresar a este máximo tribunal a través de un DNU violando el proceso constitucional de designación de jueces. Pedimos la renuncia porque está al servicio de la dominación imperial y fue moldeada por la derecha como una herramienta para implementar el Lawfare, asegurar la impunidad para los genocidas, no tocar a los delincuentes de la deuda externa ni a los responsables de los desastres ambientales, dedicándose afanosamente a la persecución de las y los que luchan por los derechos populares.

Esta Corte corrupta es una amenaza para la democracia que tanto nos costó recuperar y que hoy continuamos construyendo. Sabemos que no alcanza solo con nuestro repudio, también estamos aquí para plantear el debate acerca de todo el poder judicial. Creemos que es tiempo de comenzar, como sociedad, a definir la necesidad de una Corte que sea absolutamente respetuosa del Estado de Derecho y que cumpla con los tratados de derechos humanos que ha suscrito Argentina.

Una Corte amplia, con paridad y perspectiva de género que garantice la igualdad de derechos en las diferencias, permitiendo construir un sistema de justicia basado en el principio de igualdad y no discriminación. La justicia debe tener una comprensión del género no limitada al binarismo patriarcal.

Una Corte que priorice el derecho ambiental, sobre los principios de prevención y protección del medioambiente, y no los mandatos de los representantes del neoliberalismo más salvaje. Una Corte que administre Justicia en forma cristalina y democrática. Que se apegue firmemente a lo que manda nuestra Constitución como elemento unificador de los derechos que como pueblo seguimos construyendo.

No hay democracia si hay presos y presas políticas. Hoy tenemos 37 casos a merced de la Justicia Federal. Basta de este sistema judicial que desprotege a los sectores de tutela preferente y es funcional a los poderes concentrados. Basta de este sistema judicial que protege a los evasores y permite con su acción u omisión el vaciamiento de empresas y pérdidas de puestos de trabajo y soberanía nacional.

Es un poder judicial que mantiene altos niveles de prisionización de los sectores más humildes y no da respuesta a las necesidades del pueblo ni avanza seriamente sobre los focos de violencia que azotan a la sociedad.
En nuestra provincia de Santa Fe, el Poder Judicial, también es pasible de similares críticas, donde hay sectores que están vinculados al crimen organizado, o que le aseguran impunidad, y a su vez se prestan como instrumento polìtico de persecusiòn de militantes y defensores de derechos humanos, sometiendolos a procedimientos arbitrarios e ilegales, con la complicidad de algunos medios de comunicación que son parte de esa violencia judicial y polìtica.

Hay un pacto político multipartidario, que somete y digita al Ministerio Publico Fiscal, y persigue a los funcionarios políticos y a los Fiscales que dignamente están tratando de investigar el crimen organizado y los vínculos del poder. Jueces que son funcionales a fueros de privilegio para impedir la investigación de la corrupción política.

El máximo tribunal de la Provincia, constituido por jueces varones y sólo una mujer, exige también una profunda reestructuración, en su integración, y en la perspectiva de sus decisiones, para que esté en consonancia con la democratización que reclamamos de todo el Poder Judicial, para que sea capaz de abordar los conflictos de los sectores más necesitados, sobre todo en materias tan sensibles como la seguridad, la violencia de género, los derechos de las y los trabajadores, el derecho a la salud física y mental, a un ambiente sano, los derechos de los sectores juveniles, de les niñes y personas mayores, y de terminar con la violencia institucional de un sistema penal que persigue a las víctimas sociales, y no a los victimarios.

Somos un pueblo decidido a defender nuestros derechos, a seguir construyendo democracia y no hay nada que pueda vencer nuestra fuerza cuando hay unidad y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer».

Fuente :

redaccionrosario.com