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Los promotores de la salida de Sain van por su alejamiento, también, del cargo en el órgano que realiza investigaciones complejas. De los narcos a las cuevas. Denuncias por “militancia profundamente peronista”.

Como no fue “la ola de robos” ni “el recrudecimiento de los homicidios” lo que motivó la acción político-mediática para esmerilar la figura de Marcelo Sain y promover su alejamiento de la cartera de Seguridad, sino el temor al alcance de algunas investigaciones judiciales que pudieran conectar al mundo criminal con miembros del Círculo Rojo santafesino –como comprobó el senador Armando Traferri–, su renuncia no brindó la tranquilidad necesaria al establishment provincial y ahora la embestida continúa para impedir su reasunción en el cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI), que obtuvo por concurso durante el último gobierno del Frente Progresista.

Esto quedó de manifiesto en un escrito presentado ante el Fiscal General, Jorge Baclini, para que no le permita regresar a su función a raíz de presuntas incompatibilidades, firmado por una unión transitoria de intereses permanentes integrada por diputados del socialismo, la UCR y el PRO.

Entre otras cosas, el ex ministro es acusado en esa presentación de tener una “militancia (profundamente) peronista” (sic), la cual sería incompatible con el ejercicio de un cargo judicial como es el de director de la OI, a diferencia de los diputados radicales de Jujuy que votaron la ampliación de la Corte Suprema de esa provincia en diciembre de 2015 y al día siguiente asumieron como integrantes del máximo tribunal con el fin de disciplinar a Milagro Sala.

Como evidencia de la hondura de la militancia peronista de Sain, los diputados del PS, la UCR y el PRO acompañaron la presentación con un tuit suyo en el que recuerda el natalicio de Eva Duarte de Perón y lo que esa “líder popular” provocó en la vida de su abuela Rosa.

Para completar la operación, el 23 de marzo el diputado del Frente Progresista, Pablo Farías, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para que se investigue a Sain por los dichos vertidos en el viralizado audio –cuyo origen es privado– sobre algunos policías y por sus “múltiples manifestaciones (…) agraviando constantemente a ciudadanos, instituciones y a la comunidad santafesina en general”. 

Perturbadores

A diferencia del establishment de la ciudad de Santa Fe, que olisqueó en la investigación de la causa Oldani –el asesinado dueño de una financiera cuyo caso derivó en una pesquisa sobre el origen del dinero que por allí circulaba– que dar un paso atrás, a veces, es condición indispensable para luego poder avanzar, el Círculo Rojo rosarino no se paralizó –a pesar del julepe– con las causas por juego clandestino y la incipiente sobre la “cueva” que funcionaba en Cofyrco, donde cambiaba cuantiosos dólares un narco asesinado.

En la primera causa, en la que hasta el momento el senador Traferri obtuvo alivio político-judicial, la pesquisa llegó hasta el country donde reside un empresario respetado como es el ex piloto de automóviles Oscar Popi Larrauri, propietario de un frigorífico.

Al cierre de esta nota el capitalista de juego clandestino, Leonardo Peiti, cuya investigación en Rosario derivó en el encarcelamiento de los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad y salpicó al senador de San Lorenzo, era detenido en otro legajo por escolazo ilegal, radicado en Rafaela.

Los fiscales de esa ciudad, Guillermo Loyola y Gabriela Lema, ordenaron 24 allanamientos en distintos puntos de la provincia. Entre otros sitios, las requisas se realizaron en la mutual del Jockey Club de Rosario y en un domicilio del country Miraflores de Funes Hill, cuyos cercos cumplieron hasta ahora no sólo la función de dotar de “seguridad” a sus residentes, sino la de infranqueable muralla del sistema penal, siempre selectivo en la clasificación de sus perseguidos.

Lo que perturba al poder establecido en Santa Fe no son los viscosos audios de Sain, sino la imprudencia de la OI y un grupo de fiscales de asomar sus narices a escenarios considerados –a fuerza de acumulación de riquezas, influencias y costumbre– como imperturbables.

Cabeza afuera

En la segunda causa mencionada, la iniciada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, como desprendimiento del asesinato del narco Marcelo Coto Medrano el 10 de septiembre del año pasado, esta semana fueron allanadas, nuevamente, las oficinas de Cofyrco, una cueva de cambio de divisas y cheques que no está habilitada formalmente como financiera.

Por esa investigación fueron detenidos los responsables de la firma, su presidente Fernando Vercesi, el vice Patricio Carey y el “socio estratégico” Guido Garay, además de dos presuntos intermediarios, Marcelo Fracassi y Sergio Zapata.

Al último le secuestraron 5 millones de pesos en efectivo en su domicilio y todos enfrentaban al cierre de esta edición una audiencia imputativa por los delitos presuntos de lavado de activo y encubrimiento.

Este último cargo era a raíz del hallazgo en Cofyrco –cuando fue allanada por primera vez, siete días después del crimen de Medrano– de una bolsa con 174 DNI “extraviados”. Con buena parte de ellos, según quedó registrado en la Afip, se realizaron operaciones de compra de dólares –los 200 mensuales per cápita que permite la legislación vigente–, aunque cuando sus titulares fueron consultados por los investigadores declararon no haber adquirido divisas jamás.

La pesquisa la realiza la OI, donde algunos no quieren que regrese el ex ministro de audio fácil.

Medrano, asesinado de 15 balazos en una interna narco, había comprado 17.600 dólares en Cofyrco el día que lo mataron. En el mes y medio anterior adquirió unos 35 mil, según la investigación de Narvaja.

Cuando la “cueva” fue allanada por primera vez, un empresario rosarino que batalló contra Sain realizó un par de llamadas telefónicas a funcionarios provinciales para consultar si su domicilio iba a ser requisado, y en tal caso ejercer la influencia de la que goza por sus empresas para que eso no ocurriera. No ocurrió, aunque puso en evidencia que algo escondía en la “cueva”.

Que el apellido Carey aparezca en las secciones policiales de los medios en lugar de hacerlo en las de Economía&Negocios o las de vida social, revela un cambio de rumbo de las investigaciones criminales que, en forma parcial, es responsabilidad de Sain.

Por eso el encono del círculo rojo con el “extranjero” que puso su hocico en el fragmento de los mercados ilegales donde se hermanan los recursos financieros del comercio de estupefacientes con los de la evasión impositiva y el mercadeo de cereal en negro.

Según el diccionario, carey es una “tortuga marina de hasta un metro de longitud, de caparazón amarillo jaspeado de negro, con las patas delanteras largas y adaptadas para nadar, y que no puede esconder la cabeza dentro de la concha”. Así parece, al menos, en este caso que recién comienza y cuyos resultados son de pronóstico incierto.

Continuidades

La salida de Sain del ministerio fue acordada por el saliente con el gobernador Omar Perotti. Iba a producirse la semana siguiente a la que ocurrió, pero una filtración a los medios desde el propio Gobierno apuró el trámite, según pudo saber El Eslabón.

El ex ministro entendió que el robustecimiento político del senador Traferri tras el rechazo a su desafuero para ser imputado como presunto protector del zar de la timba ilegal, Leonardo Peiti, y la falta de premura en el avance de esa y otras causas judiciales, fue interpretado por sus adversarios como que el chubasco había pasado y era hora de retomar la iniciativa. “La política lee el silencio de la investigación”, le oyeron decir a Sain.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el nombre de Lagna fue proporcionado por el ministro saliente, luego de que se barajara el de otro colaborador, que estaba impedido de asumir por un formalismo legal ineludible.

Tanto Perotti como Lagna confirmaron que los lineamientos serán los mismos que marcaron la gestión de Sain. Con otro perfil personal, claro.

Lagna habla de sumar presencia policial en las calles y perseguir con mayor énfasis el delito predatorio –tecnicismo que aprendió durante su participación como secretario en la gestión del Ministerio–, lo que descomprime levemente a nivel mediático las ansiedades sociales construidas por las agendas casi monotemáticas de esos propios medios.

Todos queremos vivir en paz y que se persiga a los “choros” molestos que arrebatan celulares y carteras en las paradas de colectivo –lo cual convierte, sin ninguna duda, en más desgraciadas aún las existencias ya dañadas por la crisis económica y financiera de los últimos años– y somos menos permeables a las noticias sobre las tortugas imposibilitadas de esconder sus testas en la caparazón.

En la primera reunión de transición entre Lagna, Sain y los equipos técnicos no hubo jefes policiales convidados a la mesa. La novedad fue celebrada por los participantes: “La conducción de la seguridad es política”, dijo uno de ellos.

Fuente :

redaccionrosario.com