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Alberto Fernández, expresidente de Argentina.Thomas Lohnes / Gettyimages.ru

El expresidente solicitó que las plataformas digitales dejen de publicar las grabaciones íntimas.

La investigación de la denuncia por violencia de género  contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández comenzó a empantanarse ante la búsqueda de pruebas que no existen, y en medio de la fuerte expectativa que despiertan las declaraciones de los primeros testigos.

Hace dos semanas, la exprimera dama Fabiola Yáñez acusó formalmente al exmandatario de haberla golpeado y aterrorizado psicológicamente, luego de que en el teléfono de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, se encontraron chats y fotos que probarían las presuntas agresiones.

Entre las primeras medidas de la causa, el juez Julián Ercolini solicitó el secuestro de los teléfonos de Fernández y de Yáñez, con el objetivo de analizar el intercambio de chats que sostenían, luego de que se filtraran a la prensa conversaciones en las que supuestamente hablaban de los golpes.

Sin embargo, Fernández aseguró que había "perdido" los chats que mantuvo con su expareja durante los cuatro años que convivieron en la residencia oficial, en donde Yáñez denunció que ocurrieron los maltratos.

A su vez, la exprimera dama reveló que también había perdido el teléfono que usaba en esa época. El extravío habría ocurrido durante la mudanza que realizó a Madrid, en donde vive actualmente junto con Francisco, el hijo que tuvo con el expresidente.

Esto significa que ni la denunciante ni el acusado tendrían la versión original de sus chats, los cuales deberán ser buscados por la justicia por otros medios tecnológicos.

¿Y los videos?

Además, en el caso de Fernández generó escozor la posibilidad de que su celular, que le fue secuestrado, sea peritado, ya que más allá de las conversaciones con Yáñez, se podrían develar delicados secretos de Estado.

A la polémica por los teléfonos se sumó la noticia de que las grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia presidencial durante el Gobierno de Fernández, que también fueron solicitadas por el fiscal, no existen.

"Seguramente la Justicia hizo este pedido sin saber que la respuesta es nada. No enviarán absolutamente nada. Porque no queda nada (…) los mandatarios habitan el chalet oficial con una infraestructura antigua y vetusta por muchas razones. Una de ellas es la capacidad de almacenamiento. Los videos de los movimientos de la Quinta se borran automáticamente cada 30 días porque no hay posibilidad de guardarlos más tiempo. De lo que pasó, no quedan rastros", reveló la periodista Luciana Geuna.

Si no se peritan los celulares de los implicados y no existen los videos de las cámaras de seguridad, las declaraciones de los primeros seis testigos que han sido citados cobran mayor relevancia.

El jueves, se presentará ante los juzgados Alicia Barrios, la amiga de la exprimera dama que ya confirmó que sabía de la violencia de género. Pero ese mismo día, la atención, en realidad, estará puesta en María Cantero, la exsecretaria del presidente que también va a declarar.

Su testimonio es central, ya que fue en su teléfono, y en el marco de otra causa por presunta corrupción, en el que se encontraron las fotos de Yáñez con moretones, que dieron origen a uno de los mayores escándalos políticos de la historia argentina.

Más denuncias 

El lunes será el turno del extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, quien, según la exprimera dama, la atendió después de que Fernández la golpeara.

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La lista de testigos se completa con Miriam Yáñez Verdugo, la madre de la denunciante; Daniel Rodríguez, exintendente de la residencia presidencial de Olivos, en donde sucedieron las presuntas agresiones; y Sofía Pacchi, una amiga de la exprimera dama y exempleada de la Secretaría General de la Presidencia, que supuestamente habría sido acosada sexualmente por Fernández.

Las declaraciones pueden modificar el devenir de la causa, ya que, si la justicia considera que Cantero, Saavedra y Rodríguez sabían de los golpes y no denunciaron, podrían ser imputados por encubrimiento y/o participación.

Otra exfuncionaria complicada es la exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, ya que la exprimera dama denunció que nunca la ayudó, aunque le había contado que era víctima de violencia de género.

La justicia abrió una investigación paralela en contra de Mazzin, ya que podría ser acusada de incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. La exministra, por su lado, ya comenzó su defensa mediática y judicial con la difusión de los chats que sostuvo con Yáñez y que supuestamente desmienten que la exprimera dama le hubiera pedido auxilio.

Las ramificaciones legales se multiplican. El expresidente, por ejemplo, interpuso una denuncia para que se les prohíba a los medios de comunicación, a los buscadores de internet y a las redes sociales que difundan sus fotos y videos íntimos, con el argumento de que dañan "su honor y su imagen", y afectan a sus hijos.

Fuente : actualidad.rt.com