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Luego de la absolución de todos los acusados por el operativo de represión perpetrado en Villa Constitución en 1975, la Justicia dio a conocer los fundamentos desempolvando la teoría de los dos demonios y amparados en el estado de sitio.

El TOF 1 (Tribunal Oral) de Rosario dio a conocer los fundamentos del fallo absolutorio respecto a todos los encartados que dictaran el pasado 4 de noviembre en la causa popularmente conocida como El Villazo. Esta causa tenía por objetivo determinar la culpabilidad y el grado de responsabilidad de los imputados, civiles y de las fuerzas armadas y de seguridad, en la represión ocurrida a partir de marzo de 1975, inscribiendo dentro de los delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos antes del golpe de Estado.

Se puede constatar una continuidad histórica no sólo en el modus operandi sino también en la articulación entre la empresa Acindar y las fuerzas de la represión, desde 1975 hasta el golpe del 24 de marzo de 1976, que consistió en la entrega de información, de recursos logísticos y económicos, además de la facilitación de un espacio utilizado para el secuestro, el amedrentamiento, la tortura de trabajadores, que era el albergue de solteros de dicha fábrica, hoy instaurado como sitio de memoria.  

Declarar en esta clase de juicios, en los que se juzgan hechos aberrantes, es un acontecimiento difícil de atravesar. Implica revivir diferentes aspectos de una historia personal y colectiva dolorosa. Si nos exponemos a estas situaciones es con la ilusión de que aunque sea una parte de ese dolor cicatrice a la luz de la justicia. Luego de la sentencia, y teniendo en cuenta que los argumentos no fueron presentados en el momento sino dos meses después, el impacto fue inmenso, revictimizante y fundamentalmente injusto. El rol reparador de la Justicia, cuando se invierte, produce consecuencias inestimables. Lo más grave de ello reside en que el jurado optó por una mirada coincidente con los represores.

Los jueces encargados de una tarea que, a las luces, no cumplieron, adoptaron un lenguaje blindado, castrense, retrocediendo a la etapa previa a la Causa 13. Gabriela Durruty, del equipo de abogados y abogadas de la querella nos aclara: “La mirada que nos ofrece el fallo se erige desde un paradigma pre Causa 13, la verdadera causa madre en materia de procesos de memoria, verdad y justicia. Allí se dijo: «a pesar de existir las leyes que prohibían la actividad política, la declaración de estado de sitio y los decretos que ordenan eliminar la subversión, se eligió un camino clandestino e ilegal para llevar adelante el exterminio». El fallo que cuestionamos asevera que el estado argentino en el caso de los hechos llevados a audiencia utilizó las herramientas legales construidas entre el poder ejecutivo y el legislativo para enfrentar la lucha anti subversiva, en esos términos, confrontando abiertamente con la mirada del Juicio a las Juntas.

En aquella causa también se dijo: “La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen en el amparo de la privacidad. En tales supuestos, a los testigos se los llama necesarios”. Los jueces deliberadamente ignoraron los relatos de delitos aberrantes cometidos al amparo del estado que escucharon de 153 testimoniales. Este franco retroceso enloda procesos que nos sitúan como señeros en el mundo en materia de DDHH.”

Los argumentos utilizados refieren a la actuación del colectivo de víctimas como accionar subversivo, y basándose en ese argumento, justifican de diversas maneras el accionar terrorista estatal, negando la existencia de delitos. 

Luego de cinco décadas de estos hechos que enlutaron a nuestra patria y de infinidad de juicios de Lesa humanidad en los que se establecieron los delitos que cometió el Estado Argentino de modo sistemático, y luego de que se haya demostrado científicamente en innumerables investigaciones llevadas adelante por las más prestigiosas instituciones educativas, la Justicia federal, en la figura de un tribunal, niega todo lo sucedido, pretendiendo borrar la historia, la jurisprudencia, y vuelve a basarse en la falaz teoría de los dos demonios, dejando en evidencia un clima de época en que la derecha busca instalar de nuevo la narrativa invertida en la cual las víctimas son los victimarios, y los asesinos sólo cumplieron con su obligación patriótica. Las miradas individuales y sesgadas de los magistrados no se ajustan a derecho. No resulta una derivación razonada de los testimonios presentados. Tampoco se evalúan pruebas determinantes acompañas por las acusaciones. 

La justificación del accionar criminal del Estado se basa en la estigmatización de la participación de algunos compañeros en organizaciones políticas. La estrategia de la defensa de los imputados estuvo centrada en demostrar la participación de los trabajadores en organizaciones políticas. Las garantías constitucionales, procesales no pueden quedar suspendidas más allá de la filiación partidaria de una persona. Los delitos de lesa humanidad no tienen como condición que se desarrollen durante una dictadura. Éste ha sido uno de los argumentos por los cuales determinan que no existen tales delitos.  

En definitiva, desde el punto de vista jurídico, la debilidad de la argumentación de la sentencia tiene varios ejes. Por un lado, la arbitrariedad en la evaluación de la prueba. No se evaluaron los testimonios, incorporando como pruebas testimonios anónimos que fueron editados en publicaciones, ya sea en libros y revistas, para determinar la filiación política de las víctimas. No se tuvieron en cuenta testimonios realizados por familiares ante organismos de derechos humanos en la apertura democrática. Algo que también habían establecido en diferentes tribunales que debían valorarse como si fueran documentos públicos porque se trataba de las posibilidades existentes en ese momento de poder denunciar los atropellos cometidos por el Estado.

En segundo lugar, y como mencionamos anteriormente, se trató de justificar el accionar represivo aduciendo que no fue durante la dictadura, por un lado, y por otro se amparan en el estado de sitio como argumento que intenta justificar toda la serie de irregularidades cometidas, como por ejemplo que las órdenes de detención sean posteriores a los hechos ocurridos.

La arbitrariedad con la que el juez que dictaminó en minoría aceptando los crímenes de lesa humanidad sólo para aquellas víctimas que no pertenecieran a ninguna organización política habla también de un prejuicio fuerte, marcado, un sesgo que no debería existir en la Justicia sobre todo en sentencias que afectan tan profundamente a una sociedad como son los crímenes de lesa humanidad.

Interpretamos esta decisión judicial como una bisagra que intenta reescribir la jurisprudencia desarrollada por todos los tribunales federales del país, convalidada por la Corte Suprema durante las últimas dos décadas. Esperamos que el máximo tribunal penal del país anule este fallo (que falla verdaderamente, en todas las acepciones del término) y dicte uno nuevo condenando a los responsables y reparando a las víctimas. Este es el mandato de la comunidad de naciones, de las instituciones del estado de derecho y del pueblo argentino en su inmensa mayoría.

Tras la recuperación de la democracia era impensable poder llevar a juicio a los genocidas, instrumentos de los mismos poderosos que dirigen la economía de nuestro país hoy. Sin embargo, la militancia, la articulación entre los organismos de derecho humanos, partidos políticos, organizaciones sindicales, a través de diferentes herramientas como el escrache, la denuncia, los festivales, las campañas de recuperación de las y los nietos, la señalización de los sitios de memoria, las marchas del 24, fuimos construyendo una hegemonía en la interpretación de la historia. Hoy, los sectores más conservadores de la política, ponen en duda dicha hegemonía apoyados y financiados por los empresarios que pergeñaron la dictadura. Hoy es momento de que no nos dejemos robar el sentido de la historia y decirles a los asesinos de nuestros compañeros que vamos a seguir, que no nos vamos a rendir, hasta que el último responsable se pudra en la cárcel.

Fuente : redaccionrosario.com