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La educación argentina se encuentra ante la posibilidad de una transformación estructural sin precedentes en las últimas dos décadas. Un análisis comparativo entre la normativa vigente, la Ley de Educación Nacional N°26.206, y el denominado Proyecto de Ley de Libertad Educativa expone diferencias que van mucho más allá de la gestión administrativa: se trata de una disputa filosófica sobre el rol del Estado, la familia y el mercado en la formación de los ciudadanos. El contraste expone dos visiones de país: una centrada en la igualdad y el derecho social, y otra en la competencia, la eficiencia de recursos y la libre elección individual.

Mientras la ley actual concibe a la educación como un “bien público” y un derecho personal y social garantizado por el Estado, la nueva propuesta busca instaurar la “libertad educativa” y el derecho preferente de los padres como eje rector. Este giro copernicano desplaza al Estado de su rol de garantía principal e indelegable hacia una función de subsidiariedad, donde actúa como verificador de acceso y validez, pero cede el protagonismo a la iniciativa familiar y privada.

El fin del sostenimiento del sistema y la lógica del voucher

El corazón de la reforma propuesta radica en las alteraciones de la lógica de distribución de recursos. El modelo vigente se basa en el financiamiento de la cobertura educativa; es decir, el Estado financia el sistema educativo y sus estructuras para sostener la educación como un derecho, con una meta de inversión del 6% del PBI. En contraposición, el proyecto libertario propone financiar la «demanda». Bajo criterios de «equidad entre instituciones estatales y privadas», se establece un sistema centrado en el estudiante donde los recursos siguen al alumno. Si bien no se utiliza explícitamente la palabra “voucher” en los apartados, la mecánica es idéntica: el presupuesto de una escuela dependerá directamente de su capacidad de captar matrícula, introduciendo una lógica de competencia de mercado en el sistema escolar.

La amenaza para las escuelas rurales y técnicas

Uno de los puntos más críticos del análisis se centra en el impacto de este cambio de financiamiento en los sectores más vulnerables y costosos del sistema: la educación rural y la educación técnica.

En la ruralidad, el desafío es la baja densidad demográfica. Actualmente, el Estado sostiene escuelas con muy pocos alumnos (incluso menos de diez) asumiendo los costos fijos para garantizar el arraigo local y el derecho a la educación, independientemente de la rentabilidad. Bajo el modelo propuesto, donde el dinero “sigue al alumno”, una escuela rural recibiría fondos insuficientes para cubrir sus sueldos y mantenimiento, poniéndola en riesgo de cierre físico. El proyecto sugiere mitigar esto legitimando “formas alternativas de enseñanza” como la educación virtual, lo que podría derivar en el reemplazo de la escuela física -centro vital de socialización en el campo- por pantallas en el hogar.

Similar suerte corre la educación técnica. Al ser intrínsecamente más costosa por el uso de talleres, insumos y maquinaria, hoy cuenta con fondos específicos. Si el nuevo sistema asigna un valor “plano” por estudiante para asegurar equidad con las escuelas de aula común, las técnicas quedarían desfinanciadas operativamente. Aunque el proyecto fomenta prácticas en empresas, existe el riesgo de que la formación se delegue excesivamente en el sector privado para ahorrar costos estatales.

Foto: Archivo

Educación como “servicio esencial” y flexibilización laboral

El conflicto docente es otro eje central de la reforma. La propuesta busca resolver la tensión entre el derecho a huelga y la continuidad de clases declarando a la educación general básica como “servicio esencial”. En la práctica, esto obliga a garantizar una “continuidad mínima del servicio” (guardias) durante los paros, limitando significativamente el impacto de las medidas de fuerza gremiales, a diferencia de la ley vigente que prioriza derechos laborales amplios.

Hacia el interior de las escuelas, el cambio en el régimen laboral es profundo. Se transita de un modelo estatutario, donde la estabilidad es la norma y el acceso es por concurso de antecedentes, a uno de “gestión flexible”. El proyecto habilita mecanismos de contratación y remoción más ágiles y otorga a los directores -quienes pasan a tener un rol de autoridad ejecutiva- la potestad de seleccionar y evaluar a su personal según el “perfil del proyecto institucional”. Esto podría significar el fin del sistema de puntuación objetivo a favor de la afinidad con el ideario de la escuela, incluso en el ámbito estatal. Además, la evaluación docente dejaría de ser formativa para vincularse a los resultados de los alumnos y la continuidad laboral.

Rankings, competencia y el fin de la privacidad institucional

Para que un sistema de competencia y elección funcione, se requiere información. Aquí surge otro contraste nítido. La Ley N°26.206 prohíbe expresamente la difusión de evaluaciones que identifiquen a las escuelas para evitar su estigmatización y la creación de “escuelas de primera y de segunda”.

El Proyecto de Libertad Educativa elimina esta protección. Ordena la publicación de un informe anual que distinga los resultados por institución. El objetivo es claro: permitir que las familias comparen el rendimiento académico de cada escuela para decidir dónde enviar a sus hijos (y sus recursos), fomentando la creación de rankings educativos. La evaluación deja de ser una herramienta de diagnóstico sistémico para convertirse en una brújula para el consumidor educativo.

Foto: Sofía Barrios / El Eslabón / Redacción Rosario

Valores, religión y universidad

La reforma no es solo económica, es profundamente cultural. El proyecto rompe con el monopolio de la escuela presencial, legitimando el homeschooling (educación en el hogar) desde los 4 años.

En cuanto a los contenidos, se observa un retroceso del Estado en la imposición de valores transversales. Mientras la ley actual obliga a la Educación Sexual Integral (ESI) basada en un enfoque de derechos, el nuevo texto guarda silencio sobre la ESI y prioriza el derecho de los padres a educar según sus convicciones, permitiendo que las escuelas adapten estos contenidos a su “ideario”. Además, se habilita la enseñanza religiosa confesional optativa en escuelas públicas (fuera de horario) y de historia de las religiones dentro de la currícula, modificando la tradición laica del sistema.

Finalmente, el sistema universitario también sufriría modificaciones clave. El proyecto permite que las universidades con más de 50.000 estudiantes definan sus propios regímenes de admisión, lo que abre la puerta legal al restablecimiento de solicitudes de ingreso eliminatorios, revirtiendo el principio de ingreso irrestricto vigente. Las universidades extranjeras que deseen abrir programas académicos en Argentina deben cumplir los mismos requisitos que las universidades nacionales privadas. Asimismo, se habilita el arancelamiento para estudiantes extranjeros no residentes.

 A modo de conclusión

El análisis de los documentos evidencia que el Proyecto de Ley de Libertad Educativa no es una mera reforma, sino una refundación del sistema. Mientras el modelo vigente busca homogeneizar oportunidades mediante un Estado protector y centralizado, la propuesta libertaria apuesta a la descentralización, la competencia por los recursos y la primacía de la decisión familiar. El impacto de este cambio de reglas se modificaría desde la estabilidad del maestro rural hasta la forma en que se accede a la universidad, redefiniendo el concepto mismo de la educación argentina.

*Doctor en educación, ex rector del Instituto Superior de Educación N°16 de Rosario. 
 

Fuente : redaccionrosario.com