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Organismos de derechos humanos denunciaron que la supuesta lucha del presidente Nayib Bukele contra las pandillas es una excusa para perseguir, reprimir y encarcelar a la oposición desconociendo las garantías constitucionales más básicas.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele se convirtió en uno de los más promocionados íconos de la internacional de ultraderecha. Su aporte a la propaganda en favor de la violencia estatal y la mano dura ha sido fundamental. El mandatario logró un enorme triunfo en la batalla cultural y, más específicamente, en un tema fundamental dentro de esa disputa por el sentido: la inseguridad. Logró instalar la idea de que “la mano dura sirve”. Desde el punto de vista de la propaganda de ultraderecha, gracias al “milagro Bukele”, El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros.

Cuando Bukele asumió en 2019, el país centroamericano tenía una de las tasas de homicidios más altas del planeta. Entre 2015 y 2019 registraba un promedio de 103 asesinatos cada cien mil habitantes. Según cifras oficiales del gobierno, 2024 finalizó con una tasa de 1,9 homicidios cada cien mil habitantes. Pero la realidad es más compleja que la versión que la ultraderecha nos quiere vender. En El Salvador, Bukele anuló (entre otros muchos derechos) el acceso a la información pública. Ese concepto dejó de existir. Creer en los datos oficiales resulta una ingenuidad. Pero aun aquellos que dan por ciertas esas cifras, se hacen una serie de preguntas: a qué costo se logró, de qué manera y, sobre todo, si el fin justifica los medios. El mayor interrogante es si, en realidad, ahora el Estado sumó violencia institucional a la violencia de las pandillas. Y si “el milagro” no fue, en verdad, un pacto secreto con la delincuencia organizada. Más que “milagro”, truco, en el sentido general de trampa o engaño, y también en el sentido que el término tiene en la magia: una acción distractiva que tiene algo oculto. Los organismos defensores de los derechos humanos dieron a conocer una serie de denuncias que responden a muchos de estos interrogantes.

Más de 90 organizaciones, movimientos, colectivos, foros y militantes en defensa de los derechos humanos dieron a conocer un informe sobre la situación en El Salvador en una conferencia de prensa. Denunciaron que existe una creciente persecución y criminalización contra líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, según informó la página oficial de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.

Al menos 415 personas han fallecido en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado en el contexto del régimen de excepción contra las pandillas, que se aplica desde hace más de tres años, según informaron las organizaciones. “Registramos más de 415 casos de personas asesinadas en manos del Estado”, afirmó el presidente de la organización de DDHH Tutela Legal “María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, al tiempo que aclaró que la cifra “es un estimado de las ONG a partir de las denuncias de los casos” y lamentó “que desde el Estado no se brinde información al respecto”.

Las organizaciones salvadoreñas recordaron que el régimen de excepción cumplió el pasado 27 de marzo tres años de implementación y denunciaron que en ese tiempo se contabilizan más de 85.900 detenciones de supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras. 

Díaz señaló que la medida se ha convertido en una política de seguridad que ha vulnerado derechos humanos en estos últimos años. “Se han configurado graves violaciones a derechos humanos, delitos internacionales como desaparición de corta duración, desaparición forzada y tortura, y se está aplicando el régimen a defensores de derechos humanos, incrementando la persecución”, afirmó.

Las organizaciones denunciaron “un peligroso escenario de criminalización y censura a la defensa de los derechos humanos, atentando contra derechos fundamentales como la reunión pacífica, expresión y derecho de asociación”. 

Asimismo, rechazaron “la estigmatización que se intenta desde el Estado salvadoreño con el objetivo de desacreditar y difamar el legítimo trabajo de las organizaciones sociales en el desarrollo del país con la población más vulnerable”.

En este sentido, una representante del Servicio Social Pasionista (una congregación religiosa que se ocupa de problemas sociales), Verónica Reyna, concluyó que “esto representa un intento de represión al trabajo de denunciar y exigir rendición de cuentas y que ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (RAEX), porque pone en riesgo la labor de las organizaciones sociales, siendo una amenaza a la democracia, la participación ciudadana, contraloría social y libertad de expresión”.

Por su parte, el representante de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, desmintió lo que desde el gobierno y sus defensores se dice de las organizaciones defensoras de derechos humanos: “Se las ataca de no ser transparentes y no rinden cuentas a las autoridades competentes”. Y denunció que detrás de estos ataques está la intención de que “se agudice el cierre progresivo de los espacios cívicos”.

En el comunicado, las organizaciones hicieron “un llamado a la comunidad internacional y a las instituciones de derechos humanos a que se pronuncien sobre el tema” y llamaron, asimismo, a que se sumen “a acompañar y acuerpar la labor legítima de las personas y organizaciones defensoras, denunciando las acciones que atenten contra los principios democráticos que rigen la institución”.

Amnistía Internacional: “Desproporción punitiva”

“El Salvador: reformas a legislación penal profundizan violaciones a derechos humanos de la niñez y adolescencia”, se titula el informe publicado por Amnistía Internacional (AI). En el relevamiento se denuncia que “las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes en el contexto del régimen de excepción, con más de 84.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal”.

“En este escenario, el pasado 12 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que profundizan y facilitan la perpetuación de abusos generalizados de derechos humanos, especialmente de quienes aún no cumplen la mayoría de edad legal –18 años–, tal como han documentado organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos”, agrega el texto.

Las modificaciones a la Ley Penitenciaria, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra el Crimen Organizado agravan las condiciones de las personas privadas de libertad y establecen un tratamiento penitenciario desproporcionado y punitivo particularmente para niños, niñas y adolescentes. Estas reformas consolidan la represión masiva sin salvaguardas adecuadas, lo que podría derivar en mayores violaciones de derechos humanos, según señala AI.

“Desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno de El Salvador ha desmantelado las garantías procesales y normalizado la detención masiva sin pruebas o indicios suficientes. Con estas reformas, que entraron en vigor el pasado 22 de febrero, se institucionaliza la privación de libertad como única respuesta del Estado, incluso para la niñez, en flagrante violación a los estándares internacionales de derechos humanos”, aseguró la directora para las Américas de AI, Ana Piquer. “El uso del aparato legislativo para consolidar un modelo de represión sin controles demuestra que el régimen de excepción ya no es una medida temporal, sino una estrategia permanente de gobierno”, agregó.

El informe incluye un apartado especial sobre la niñez, titulado “Niñez tratada como adultos en un sistema punitivo”. Allí se denuncia que “desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador, se ha reportado la detención de un número significativo de niños, niñas y adolescentes”. 

Organizaciones de derechos humanos han señalado que más de mil niños, niñas y adolescentes han sido condenados, principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo procesos marcados por falta de pruebas suficientes, presiones para declararse culpables y condiciones inhumanas de reclusión.

Además, agrega el informe, “las reformas a la Ley Penal Juvenil ahora permitirán el traslado de adolescentes condenados por delitos de crimen organizado a centros penitenciarios para adultos, bajo la administración de la Dirección General de Centros Penales, en violación directa de los estándares internacionales”. 

En este sentido, el texto de AI señala que “tanto la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como las Reglas de Beijing establecen que la niñez en conflicto con la ley debe recibir un trato diferenciado y orientado a la rehabilitación, no a la simple reclusión punitiva”.

Además, la Ley Penitenciaria vigente “permitirá la creación de sectores especiales dentro de cárceles para los menores de 18 de edad y los adultos hasta 21 años, sin garantizar un régimen adecuado de protección y reinserción. La simple separación etaria no protege contra la violencia, el abuso ni garantiza acceso a educación y programas de rehabilitación”.

“Con estas reformas, el Estado salvadoreño está condenando a adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos, en el cual ya se han documentado torturas, hacinamiento extremo y la muerte bajo custodia de más de 300 personas. En lugar de garantizar su protección y reinserción, las autoridades están exponiendo a la niñez y adolescencia a condiciones inhumanas que pueden constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, agrega el documento, al tiempo que aclara que la “privación de libertad debe ser la última opción y sólo en circunstancias excepcionales, tal como lo establecen los estándares internacionales”. Y concluye que las reformas impulsadas por Bukele “contradicen directamente este principio, poniendo en riesgo la seguridad de miles de jóvenes en el país”.

Como en todo régimen de mano dura, además de operar sobre la edad de imputabilidad, aboga a favor de un endurecimiento de las penas. “Las reformas a la Ley del Crimen Organizado eliminan el acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, para personas condenadas por delitos contenidos en esta legislación, ya sean menores de 18 años o personas adultas. Esto socava la posibilidad de resocialización, en contradicción con las Reglas de Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el relevamiento de AI.

“Las modificaciones a la legislación penitenciaria consolidan un modelo de encarcelamiento basado en el castigo y la represión, sin mecanismos efectivos de supervisión judicial. En lugar de garantizar justicia, estas reformas refuerzan las violaciones al debido proceso que ya venían cometiendo y aumentan el riesgo de tortura y tratos inhumanos en los centros de detención”, agrega el organismo de derechos humanos.

“Amnistía Internacional reitera su llamado a que las autoridades salvadoreñas permitan el acceso de organismos internacionales de derechos humanos a los centros penitenciarios, y que la comunidad internacional impulse mecanismos de monitoreo independiente para documentar la crisis penitenciaria en el país. El Salvador debe revertir urgentemente estas reformas y garantizar que su sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. El encarcelamiento masivo y el debilitamiento de la legislación que garantiza la protección de los derechos de la población no pueden ser la base de la política de seguridad en el país”, concluye el documento.

En febrero de 2024 el presidente Nayib Bukele logró una victoria contundente en las elecciones presidenciales para el periodo 2024-2029, consiguiendo un segundo mandato a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una supermayoría legislativa en parte gracias a reformas previas al sistema electoral.

Según un informe de Human Rigths Watch (HRW): “Desde que asumió el cargo en 2019, el gobierno de Bukele ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y ha concentrado el poder en el ejecutivo. El régimen de excepción adoptado por la Asamblea Legislativa, que suspende ciertos derechos básicos, sigue vigente. Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, y otros malos tratos en detención y graves violaciones del debido proceso. La violencia relacionada con las pandillas ha disminuido notablemente”.

Bukele ganó un segundo mandato con más del 80 por ciento de los votos, saltándose disposiciones constitucionales que prohíben la reelección inmediata. Legisladores del partido de gobierno Nuevas Ideas aseguraron 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa. La reelección fue posible gracias a un fallo de 2021 de la Corte Suprema, cuya composición había sido modificada por la Asamblea para incluir jueces cercanos al gobierno.

Una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisó las elecciones expresó preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso, citando desigualdad en el financiamiento de las campañas, el acceso a medios de comunicación y el uso de recursos estatales. También expresaron preocupación por las reformas que amenazaban la independencia judicial y por la celebración de elecciones durante el régimen de excepción.

El régimen de excepción adoptado en marzo de 2022, que suspende ciertos derechos básicos, incluyendo protecciones del debido proceso, ya fue prorrogado en 39 ocasiones, y sigue vigente. 

En 2022, la Asamblea aprobó un conjunto de reformas penales aumentando las penas máximas de prisión a 10 años para niños y niñas de 12 a 15 años, y hasta 20 años para aquellos de 16 a 18 años que sean acusados de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”. Cambios legales posteriores también han permitido juicios masivos y han ampliado el uso de la detención provisional obligatoria.

Bajo el régimen de excepción, la policía y los soldados han realizado cientos de operativos indiscriminados, particularmente en comunidades de bajos ingresos.

Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas en detención, y desapariciones forzadas. Las autoridades no han informado sobre acusaciones, imputaciones o condenas contra ningún policía o soldado en relación con estos abusos. En un informe publicado en septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontró “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos” e instó a las autoridades a “poner fin” al régimen de excepción.

Según el informe de HRW, en muchos casos, los detenidos no tienen conexiones aparentes con la violencia de las pandillas. “A menudo, las detenciones parecen haberse basado en la apariencia física de los detenidos y en denuncias anónimas, en lugar de evidencia creíble. Típicamente las fuerzas de seguridad no presentaron órdenes de detención ni proporcionaron razones para las detenciones. Muchas detenciones parecen haber sido impulsadas por una política de cuotas impuesta por jefes policiales”.
 

Fuente : redaccionrosario.com