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Por fin parece que se deshoja la margarita. En los últimos días del año, ya en tiempo de descuento y a punto de que la Comisión Europea hiciera sonar la bocina que marcaba el final del plazo dado al Estado español para presentar sus principales compromisos de cara al esperado desembolso de fondos europeos, saltaba la noticia: acuerdo entre gobierno de coalición, CEOE y CC OO-UGT para una reforma laboral que modifica parcialmente el escenario derivado de las reformas de 2010 y 2012. Acuerdo que se suma, a su vez, a la reforma de las pensiones impulsada por el ministro Escrivá, hecho público a finales de noviembre de 2021, y que ya ha sido aprobada en el Congreso. Se cumplen así por parte del gobierno español de coalición las condiciones impuestas por la UE en el llamado Semestre Europeo.

La foto finish de la reforma laboral es confusa y ha despertado la polémica entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales del campo popular: ¿Victoria sin ambages de la clase trabajadora? ¿Mal menor en un contexto de correlación de fuerzas desfavorable? ¿O demasiadas concesiones realizadas en aras de la inclusión en la foto de la CEOE, y en detrimento de la mayoría parlamentaria que desde la izquierda sostiene de manera crítica al Ejecutivo? O, dicho de otra manera, ¿estamos ante un acuerdo que expropia de forma sustancial capacidades al poder corporativo que opera en el Estado y en Hego Euskal Herria [Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra]? ¿O más bien el resultado no consigue alterar de forma estratégica y suficiente el desequilibrio desigual de poder entre clase trabajadora y gran empresa?

Desde aquellos ámbitos que realizan una lectura positiva del acuerdo se señala que, si bien no estamos ante la derogación íntegra que se prometió, supone la primera gran iniciativa legislativa en años que en materia laboral devuelve derechos en lugar de eliminarlos. Desde el sindicalismo soberanista de ámbito nacional vasco, galego, catalán, andaluz etc. se hace una lectura muy crítica del acuerdo, poniendo de relieve que las cuestiones que se revierten respecto a las reformas antisociales de PSOE y PP de comienzos de la década pasada palidecen frente a todas aquellas, más numerosas y estratégicas, que se han quedado en el camino.

Reforma laboral: una valoración crítica

Un repaso rápido a los principales hitos de este acuerdo nos permite observar trazos de ambas lógicas. Es cierto que se satisface una reivindicación estratégica y unánimemente enarbolada por parte del sindicalismo vasco y estatal diverso, como es la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos. También se eliminan figuras como el contrato de obra y servicio, coladero que permitía a las empresas mantener irregularmente a sus trabajadoras en situación de temporalidad permanente. Y se endurecen las condiciones requeridas para la contratación temporal. Se ha revertido también la primacía del convenio de empresa respecto del sectorial que introdujo Rajoy en 2012, medida abiertamente antisindical que redunda en una mayor indefensión y precarización de aquellas personas empleadas en empresas donde no hay presencia sindical, y en las que el chantaje patronal opera a la ofensiva –aunque solo prevalecerá el convenio sectorial en materia salarial, no en lo que respecta a la fijación del resto de condiciones laborales-.Todas ellas son mejoras objetivas respecto al contexto normativo precedente, que se suman a toda una serie de diques de contención de no poca importancia implementados en los últimos años: Ley Rider, subida del SMI, implementación de estrategias de inspección de trabajo exigentes, la derogación en 2020 del despido objetivo por faltas de asistencia justificadas intermitentes debidas a enfermedad, etc.

Siendo esto así, no podemos dejar de señalar que este acuerdo se sitúa lejos de la idea de derogación que contenían tanto el programa del gobierno de coalición como el compromiso suscrito por PSOE, UP y EH Bildu en mayo de 2020, y no revierte ejes estratégicos de reconfiguración del mercado laboral estatal y vasco derivados de las reformas de 2010 y 2012.

Tal y como ha sintetizado el sindicato ELA, la actual propuesta no toca la agresiva reducción de las indemnizaciones por despido improcedente que instituyeron aquellas reformas, por lo que los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades no se recuperan. Esta ha venido siendo una de las principales reivindicaciones del movimiento sindical vasco, no solo por una estricta cuestión material (el derecho adquirido que constituyen las cantidades a abonar a las trabajadoras despedidas), sino sobre todo por ser el principal factor disuasorio para las empresas a la hora de despedir. Si despedir sale barato, a las empresas les compensa asumir las indemnizaciones incluso ante contratos indefinidos, lo que opera directamente sobre el mantenimiento del empleo. Si a esto le sumamos el hecho de que tampoco se han recuperado los salarios de tramitación que se eliminaron en el anterior ciclo de reformas, y que se mantiene vigente, sin modificación, la ampliación de las razones que avalan el despido objetivo (es decir, el aumento de la discrecionalidad empresarial para despedir, que como señalábamos antes sólo se ha visto limitada en materia de bajas médicas reiteradas, cuya derogación es previa a esta reforma), nos encontramos ante un auténtico tridente de precariedad derivado de la facilidad y el escaso coste económico que supone el despido. En este sentido, cabe suponer que lo ganado contra la precariedad mediante los elementos positivos incorporados en materia de contratación temporal, no compensará lo que se viene perdiendo en este sentido por la consolidación de estos factores.

Tampoco se recuperan en esta propuesta elementos tan sustanciales como el control administrativo previo sobre los despidos colectivos, que se suma a la no modificación de las razones que los justifican, incluida la de las pérdidas actuales o previstas -aun con beneficios millonarios-. El ramillete de ERE que venimos viviendo en Hego Euskal Herria en los últimos años nos debe poner sobre aviso de la importancia de esta cuestión, ya que no parece que la tendencia vaya a decrecer en nuestro territorio: Tubacex. ITP, Aernnova, Arcelor Mittal, Siemens Gamesa…, son solo algunos ejemplos del extensivo uso que se está haciendo de esta herramienta en el sector industrial vasco.

Para el despliegue del marco autónomo de lucha de clases de Hego Euskal Herria, resulta de especial relevancia la decisión de mantener la primacía de los convenios sectoriales estatales sobre aquellos negociados en el ámbito autonómico o provincial. Así, los sindicatos soberanistas denuncian que esta medida impide mejorar condiciones de trabajo y salario negociadas en Madrid a partir de luchas territorializadas. La huelga del Metal en Bizkaia o las de las trabajadoras de residencias de Bizkaia y Gipuzkoa son algunos ejemplos ilustrativos de la importancia que tienen este tipo de conflictos en la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora vasca. Es probable que este sea uno de los elementos principales de negociación entre el gobierno de coalición y las fuerzas del soberanismo de izquierda de cara a la tramitación de la norma en el Congreso.

Por último, queremos destacar que la nueva reforma “consolida y legitima las externalizaciones, uno de los elementos esenciales de la vieja norma que causó un drama social en 2012”, tal y como señalan Ernest Cañada y Nuria Alabao. “Desde la reforma laboral de 2012 se abrió la posibilidad de incluir tareas estructurales de las empresas, es decir, aquellas troncales para su funcionamiento, cuando antes no estaba permitido”. Esto afecta a esa porción de la clase trabajadora más feminizada y, por ello, más precarizada e infravalorada en cuanto a los trabajos desempeñados, como es el caso de las kellys. No tocar la capacidad de las empresas para subcontratar supone mantener un agujero negro de deterioro constante de las condiciones de trabajo de la parte más vulnerable de la masa laboral, abriendo el camino a las ETT y empresas multiservicio. Albert Recio también  hace una valoración de este asunto: “De hecho, se permite la subcontratación y lo único que se exige es que se pague el salario del convenio de sector de la actividad que realizan las subcontratas” pero incluyendo “la posibilidad de que en lugar del convenio de sector se pague el de la empresa subcontratada en el caso que esta tenga convenio propio”. De nuevo, nos encontramos ante una lógica plenamente operativa en Hego Euskal Herria, como demuestran los fuertes conflictos sindicales impulsados por las kellys en los hoteles NH Villa de Bilbao y Barceló en 2018.

Estado, poder corporativo y relaciones laborales: el mecanismo RED como síntoma

Mención aparte -no por tratarse de la peor de las medidas contenidas en esta reforma, pero sí por el carácter ilustrativo de algunos de sus principales límites- merece la creación del denominado mecanismo RED como sustituto de la figura del ERTE, que durante la pandemia ha operado como dispositivo provisional para evitar despidos masivos y que, básicamente, pasa a consolidarse como herramienta permanente de la gobernanza laboral. Y que viene a reconocer que la situación de crisis económica endémica agravada por la covid19 no va a ver la luz al final del túnel en el corto plazo.

Una valoración de coyuntura nos debe llevar sin duda a reconocer que la implementación generalizada de la figura del ERTE durante los últimos dos años ha servido para contener lo que hubiera sido una verdadera sangría en materia de empleo. Mucha gente ha conservado el puesto de trabajo en este tiempo, y eso no es algo menor. Mas de 200.000 personas se acogieron en la CAV a este dispositivo a lo largo de 2020, año del estallido de la pandemia y en el que se produjo el cierre de numerosas actividades productivas. Sin embargo, una mirada de largo alcance a este mecanismo y, sobre todo, a su consolidación como herramienta recurrente en materia laboral, nos lleva a señalar su insuficiencia y, sobre todo, su funcionalidad respecto a mutaciones estratégicas que está viviendo el modelo capitalista en los últimos tiempos para adaptarse al contexto de estancamiento permanente que vive la economía, agravado por la pandemia.

Unas mutaciones por las que se hace cada vez más explícito el papel del Estado como estructura proactiva indispensable para el sostén y despliegue de la actividad corporativa, abarcando cada vez más ámbitos, frente al anterior ciclo neoliberal en el que predominó una retórica del adelgazamiento de las administraciones y de la no intervención pública en los flujos económico-empresariales. Así, el mantra de la colaboración público-privada -que en cualquier caso no es de ahora- adquiere la categoría de criterio fundamental para vehiculizar la gobernanza capitalista en tiempos de crisis sistémica, aumentando en intensidad y volumen los dispositivos puestos al servicio de su despliegue. Se trata, por tanto, de una simbiosis por la que el Estado asume como propio el objetivo de garantizar el beneficio capitalista, asumiendo que este es prerrequisito ineludible de la actividad económica (y por tanto del ciclo virtuoso de aumento de productividad, generación de empleo, etc.).

En definitiva, supone asumir que no hay alternativa a las grandes corporaciones que, en el caso del Estado español, se agrupan en torno al Ibex-35. De ahí que el Estado deba habilitar de forma crecientemente proactiva -es decir, no simplemente dejando hacer, eliminando trabas, sino haciendo, acompañando las iniciativas corporativas- todos los medios que sean precisos para que estas operen con beneficios suficientes. La corporación como entidad extremadamente dependiente del soporte estatal. Y el Estado al servicio activo de la empresa, con nuevas estructuras, nuevas herramientas y nuevos relatos.

Resulta claro que los ERTE y el actual RED no revierten u obstaculizan esta lógica general del capitalismo en su relación con el Estado, sino que la acompañan y, en gran parte, apuntalan. Y es que estamos hablando de la institución de un rescate permanente en favor del sector empresarial bajo el chantaje del mantenimiento del empleo existente. Lo cual puede ser, repetimos, necesario o ineludible en el corto plazo, pero esta realidad no niega la esencia de la propia medida, que es un enorme trasvase de fondos desde lo público hacia manos privadas sin prácticamente más contraprestación que el compromiso de no echar la persiana, y con importantes espacios que facilitan el fraude por parte de la gran empresa. Como señala el abogado laboralista Julian de la Casa para El Salto, “tampoco es una medida del todo positiva, porque el Estado pagará cosas que debieran pagar las empresas”.

Un ejemplo claro, por tanto, de esta nueva gobernanza capitalista emergente que pasa por aumentar exponencialmente los recursos estatales que operan en favor del mantenimiento de la ganancia empresarial, ante la incapacidad creciente de esta para ser generada en el marco de su propio discurrir natural. En este caso, la medida propuesta apuntala las necesidades más imperiosas de la gran empresa y pone en sus manos los procesos de planificación económica del Estado español, generando además un volumen de deuda pública de tales proporciones que puede conducir a medio plazo hacia un escenario de crash financiero como el de 2008, sobre todo si la UE decide en algún momento recuperar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o alguna disposición similar de control del déficit. En definitiva, tanto los ERTE como el RED, si bien emergen como medio excepcional para hacer frente a una coyuntura sin duda compleja, no revierten, sino que más bien alimentan, una gestión de la crisis capitalista que sitúa en la cúspide de sus prioridades al poder corporativo, sus lógicas e intereses.

El balance de todos estos elementos que operan en el marco del acuerdo de reforma laboral, sin dejar de reconocer los avances obtenidos, solo puede ser negativo. Una valoración que no hace sino confirmarse si atendemos a la ambivalencia del discurso en defensa de la gestión del Ministerio de Trabajo: a medida que han avanzado los días y arreciado las críticas, se ha pasado de ensalzar el carácter histórico de la reforma, a la apelación fatalista a los límites que impone la correlación de fuerzas. Una doble mirada que sólo se entiende desde el reconocimiento implícito de las limitaciones estratégicas de esta nueva reforma, que desde luego no supone la derogación de las normas laborales preexistentes derivadas del ciclo austericida iniciado en 2008.

La otra parte del trato: las pensiones

Esta doble mirada contradictoria, que oscila entre el triunfalismo y la apelación a límites considerados objetivos, ha permeabilizado también la reforma de las pensiones, recientemente aprobada en el Congreso. En este caso en menor medida, dado que Escrivá, ministro proveniente del entorno corporativo del BBVA, forma parte del ala más neoliberal del gobierno, siendo por tanto menores las expectativas transformadoras.

El contenido aprobado por las Cortes españolas plantea crear un mecanismo de equidad intergeneracional que, en su concreción, pasa por subir un 0,6% las cotizaciones de empresas y personas trabajadoras para así ir reponiendo la hucha de las pensiones. Asimismo, el ministro propuso fijar un horizonte temporal de medio plazo en el que este sistema se revisaría, planteando recortes sobre pensiones futuras en caso de persistir la insuficiencia del mismo. Recortes a medio plazo que entroncan con los compromisos adoptados con Bruselas, los cuales hablan de ampliar en 10 años el periodo de cálculo de las pensiones (y, por tanto, su recorte efectivo en un futuro no tan lejano).

Como ya dijimos en su momento, lo planteado resulta insuficiente, ya que estamos ante una propuesta claramente orientada a aplazar el problema hacia escenarios futuros, sin romper en lo esencial con la gobernanza hegemónica en materia de pensiones. Y, desde luego, se sitúa de espaldas a la apertura de miras que requiere este ámbito desde una óptica emancipadora y de transformación social: esta requeriría propuestas audaces que aúnen la rebaja de la edad de jubilación sin merma de las prestaciones, una fiscalidad verdaderamente progresiva, con la mira puesta en el debate más amplio sobre los trabajos socialmente necesarios y su valorización desde un prisma comunitario, ya sean desempeñados dentro o fuera del mercado. No encontramos trazas de esta visión estratégica en la propuesta de Escrivá.

Pinza entre la Unión Europea y la CEOE, herramientas del poder corporativo

El papel de la UE y la CEOE ha sido crucial en la consecución de este resultado, pues han operado armando una pinza enfocada a garantizar, cada cual desde su ámbito de incidencia, que tanto la reforma laboral como la de pensiones resulten finalmente aceptables por parte del poder corporativo estatal -incluido el vasco; no en vano Confebask ha dado su beneplácito expreso al acuerdo de reforma laboral, el más polémico de los dos- y europeo, atenazando cualquier intento de ir más allá que pudiera existir por parte de las instancias involucradas en las negociaciones.

Así, el resultado de ambas reformas obedece, en una porción no desdeñable, a la lógica de condicionalidad emanada de una UE que no ha dejado de ser la herramienta pro-corporativa que siempre fue. Es necesario cumplir con Europa para que desembolse los fondos, por lo que se impone autolimitar las ansias transformadoras, parece haber sido el espíritu que ha prevalecido. Atrás ha quedado la retórica sobre el supuesto fin de la austeridad que habría traído la pandemia, que nos presentaba un irreal neokeynesianismo benefactor y social que repartiría euros a los Estados miembros sin condicionalidad alguna. En las últimas semanas hemos transitado hacia la aceptación, tácita o expresa, de que efectivamente, en el denominado Semestre Europeo, había condiciones fijadas negro sobre blanco a cambio de los desembolsos Next Generation EU. Y no se trata, como hemos podido comprobar, de condiciones menores o periféricas.

La otra porción obedece a los propios límites del llamado diálogo social, donde los acuerdos se convierten en el resultado de determinadas correlaciones de fuerzas y voluntades políticas que operan en el marco estatal, y donde la CEOE ha terminado por disponer de una especie de capacidad de veto que ha lastrado el potencial transformador de la reforma de manera determinante. En el caso de la reforma laboral, esto ha conducido a que, tanto por presiones de la UE bajo el chantaje de los fondos Next Generation EU (desde la Comisión se señaló expresamente la necesidad de que la firma fuera consensuada con la patronal), como por lógicas operativas en el Estado español, la CEOE debería, si o si, salir en la foto. Aunque eso supusiera renunciar a escenarios mínimamente disruptivos respecto a la lógica preexistente de deterioro abrupto de las condiciones en las que se desempeña el trabajo asalariado.

Lo más lógico es creer que ambos factores (europeo y estatal, exógeno y endógeno) han operado intensamente. Y en ambos casos, la lógica corporativa se impone como una apisonadora, entrelazando la intervención de actores diversos a todos los niveles. En lo que respecta a la reforma laboral, más allá de que algunas patronales de sectores especialmente dependientes de la contratación temporal -como el agrario- se hayan mostrado contrarias; más allá de que la derecha prime el tacticismo promoviendo en un primer momento un veto patronal que visualice una derrota del gobierno, lo cierto es que el Ibex35 ve satisfechos sus intereses estratégicos: la reforma no revierte ejes fundamentales de reconfiguración del mercado laboral estatal y vasco derivados de las reformas de 2010 y 2012, dejándose elementos de calado por el camino. Elementos que se consolidan así como un marco no impugnable a medio plazo, cerrando el largo ciclo de movilizaciones derivado del estallido de 2008, y que en Hego Euskal Herria dio lugar a 6 huelgas generales (7 contando la más reciente, el 30 de enero de 2020). Y sobre todo, habilita el desembolso del maná de los fondos europeos del que se van a beneficiar -a través de los PERTE en tanto que expresión perfeccionada de esa colaboración público-privada de la que hablábamos anteriormente- empresas top de ese mismo Ibex-35. Es decir, la élite del poder corporativo estatal y vasco.

También la reforma de las pensiones se mantiene dentro de ese carril corporativo, claramente orientada a aplazar el problema hacia escenarios futuros, sin romper en lo esencial con la gobernanza hegemónica en la materia, y a expensas de que se materialicen a medio plazo las exigencias de la UE de ampliación en 10 años del periodo de cálculo. En este caso, además, no ha existido el grado de impugnación pública y rechazo manifiesto por parte de diversos sectores sociales, políticos y sindicales que sí se ha producido al hacerse público el contenido del acuerdo para la reforma laboral. Estamos pues ante una pinza corporativa en toda regla de la UE y la CEOE para condicionar un programa de gobierno que había despertado expectativas de transformación profunda en ambos ámbitos, pensiones y empleo.

Balance y perspectivas

En definitiva, si bien es cierto que tanto la reforma laboral como la de las pensiones ponen coto a algunas de las lógicas más destructivas emanadas del contexto precedente, no suponen un cambio de rumbo estratégico, mantienen elementos fundamentales de las reformas de 2010 y 2012 y por ello no cumplen las mínimas expectativas de las clases trabajadoras estatal y vasca. No inciden de forma suficiente en la confrontación respecto a las principales expresiones del trabajo en el ámbito mercantil en la actual coyuntura de ofensiva del poder corporativo, como son la crisis del empleo, la centralidad del ajuste salarial en las estrategias empresariales, la precariedad estructural de las condiciones de trabajo y las lógicas antisindicales. Con todo lo que esta pauperización supone en cuanto a la agudización de la crisis de los cuidados, en la medida en que precariedad y devaluación de las condiciones materiales del empleo suponen incidir en lógicas de mayor familiarización (y por tanto, feminización) de estas tareas.

Así pues, resulta necesario confrontar el actual acuerdo desde el movimiento social, sindical y popular. La voluntad política de mantener el pulso hacia un horizontes de ruptura es aquí un elemento fundamental, con la mira puesta en la expropiación de recursos y capacidades, tanto del poder corporativo español y vasco, como de una UE al servicio de la gran empresa. Y parece claro que territorios como Hego Euskal Herria o Galiza van a jugar un papel fundamental en el impulso de estas dinámicas de impugnación.

Dos claves a tomar en consideración. En primer lugar, hemos visto que el campo popular y sus organizaciones se encuentran divididas sobre la reforma laboral (no tanto la de pensiones), sobre todo en estos ámbitos nacionales en los que se ha visualizado un mayor rechazo de la propuesta. En este sentido, el sostenimiento de una dinámica creciente de movilización y presión requiere, a nuestro entender, mantener en cualquier caso los puentes en pie. Que la necesaria confrontación no derive en fracturas irreversibles es una necesidad en una coyuntura tan compleja como la actual, con la extrema derecha condicionando la agenda política en el Estado español.

En segundo lugar, hemos visto también como la UE se ha confirmado, a lo largo del proceso de negociación y aprobación de ambas reformas, como un agente estratégico a la hora de imponer el dictado corporativo. El diseño de estrategias que desde la izquierda rupturista hagan frente a esta lógica de quebranto de la soberanía popular viene siendo una patata caliente por la extrema dificultad que representa. En este sentido, creemos que la reforma laboral representa un posible primer paso en esta necesaria confrontación. Frente a la aceptación acrítica del chantaje de la Comisión y los fondos europeos, es el momento de llevar a Bruselas una propuesta ambiciosa de reforma laboral, no una que cumpla con todas y cada una de sus exigencias (empezando por la imposición del acuerdo con la patronal). Presentar una propuesta de reforma que realmente haga frente a todas las reversiones de derechos de la última década, y generar un escenario de tensionamiento también en el espacio europeo.

Por ello, es el momento de una ofensiva sindical y social plurinacional desde Euskal Herria, Galiza, Catalunya, Andalucía…, para condicionar, desde los respectivos ámbitos autónomos de lucha de clases, el proceso de aprobación parlamentaria de la reforma laboral. Es necesario tensar la cuerda.

Gorka Martija Rodrigo y Juan Hernández Zubizarreta (OMAL-Paz con Dignidad)

Fuente :

vientosur.info