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La sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones estuvo acompañada de muchísima propaganda acerca de las posibilidades de progreso económico que traería para el país. Se promete como una salida a la pérdida en masa de puestos de trabajo y la devaluación permanente de la moneda. El propio Milei defendió en La Rural ante el capital agrario que, incluso si contaminan, el beneficio productivo de la actividad más que compensaría sus daños ambientales. Intentan sentar una contraposición entre el rechazo al saqueo de las riquezas naturales y las ventajas económicas que ofrecería a la población. ¿Es real esta contradicción?

Categóricamente no. El Rigi es un vuelta de tuerca del régimen que garantizó la entrega del suelo y el subsuelo a grandes capitalistas criollos y multinacionales durante las últimas décadas, cuya consecuencia es el empobrecimiento sostenido de la Argentina mientras se fugaron al exterior las ganancias por el equivalente a un PBI (es decir, al total de la economía del país en todo un año). Los pasivos ambientales, con sus efectos tanto sobre la salud de la gente como sobre otras actividades productivas, no son un “costo” a pagar sino otra de las consecuencias de este régimen de saqueo y pobreza.

El Rigi consiste en favorecer grandes proyectos productivos (inversiones mayores a los 200 millones de dólares) con ventajas impositivas, acceso a dólares esquivando el cepo cambiario, prioridad en el acceso a recursos estratégicos como el agua o la energía, exención de las normativas ambientales locales, blindaje jurídico al punto que eventuales conflictos judiciales ni siquiera se resolverían en el país, entre otros puntos.

Desde ya, nada de esto es estrictamente nuevo. El Acuerdo Federal Minero, firmado por Menem con los entonces gobernadores (entre ellos Kirchner) y que todavía rige, da estabilidad fiscal por 30 años y fija regalías miserables. En Vaca Muerta se inició la explotación de hidrocarburos no convencionales con el pacto secreto de Cristina y Kicillof con la yanqui Chevron, también con beneficios tributarios y cambiarios. Argentina pagó deudas millonarias por los fallos de los tribunales internacionales del Ciadi y enfrenta un juicio multimillonario por YPF en Nueva York. Varias zanahorias del nuevo régimen estaban contempladas en el proyecto de ley de GNL que Massa y Cristina impulsaban el año pasado en el Congreso. El Rigi no es un cambio, sino la coronación del mismo rumbo de las últimas décadas.

Más allá de eso, ¿es cierto que su implementación atraerá nuevas inversiones? Habrá que ver. Lo que es seguro es que Milei y sus funcionarios mienten. Horacio Marín, puesto como presidente de YPF por ser un ejecutivo del pulpo Techint de Paolo Rocca, había dicho que “sin Rigi no hay planta de Gas Natural Licuado”, a pesar de que la compañía que él preside ahora ya tenía un convenio firmado con la malaya Petronas desde el año pasado. Aún así el proyecto está verde, ya que restan estudios de factibilidad y conseguir el financiamiento. Por el momento, en cambio, las petroleras que tienen la mira puesta en exportar el gas de Vaca Muerta están sondeando la contratación de buques para la licuefacción.

Con el anuncio de YPF que la planta de GNL y el puerto de exportación de hidrocarburos se radicarían en Río Negro, en lugar de Bahía Blanca, dentro del propio peronismo salieron a cobrarle a Kicillof que su retraso en sancionar una adhesión al Rigi y exenciones provinciales en la Legislatura bonaerense benefició el operativo del gobernador rionegrino Alberto Weretilnek y sus otros pares patagónicos. Es una crisis política, sobre todo porque el intendente bahiense, el filocamporista Federico Susbielles, había salido desesperadamente a promocionar la adhesión del municipio. De todas maneras, no es cierto que esto implique un futuro promisorio para los rionegrinos, por fuera de algunos sectores puntuales que ya se frotan las manos.

No es difícil imaginarse cómo se relame Rocca ante la perspectiva de construir nuevos gasoductos y oleoductos. Pero los habitantes del municipio de Sierra Grande, donde se instalaría el complejo hidrocarburífero, deberían contrastar las promesas con la situación que se vive hoy en la ciudad neuquina de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, cuyos pobladores no tienen gas y pagan alquileres descomunales. No está de más recordar la desolación que dejó la explotación minera del hierro en esa misma región hoy elegida para la planta de GNL.

Finalmente, luego de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner el país dejó de tener déficit en su balanza energética, pero los que vivimos acá ahora pagamos el gas y la luz bastante más caro que antes. ¿Quién ganó? Chevron, Techint y compañía. El polo de exportación petrolera va a presionar más para igualar los precios internos de los combustibles con los internacionales en dólares.

Todavía quedaría en pie el argumento de la generación de puestos de trabajo “de calidad”, en un país donde hace más de una década que se retrae el empleo registrado. Varias conducciones sindicales pusieron su firma con este pretexto. En realidad, la experiencia de Vaca Muerta revela que estos regímenes especiales para las multinacionales incluyen reformas flexibilizadoras en los convenios colectivos, que allí derivaron en mayor explotación y muertes por siniestros laborales. Es decir, vienen con una mayor presión por barrer con las conquistas obreras. Ni que decir que la misma ley que desgrava a los grandes capitalistas reinstaló el impuesto al salario a un millón de trabajadores, motivo por el cual mientras se escribía esta nota estaba en huelga el gremio de las refinerías.

En otro rubro identificado como beneficiario directo del Rigi, el de la minería, vemos que la generación de empleo es bajísima. Se habla de un gran polo de explotación de cobre en San Juan, a partir de la reciente compra de la australiana BHP de la mitad del proyecto del yacimiento de cobre Josemaría. Los sanjuaninos no deberían dejarse seducir ante estos discursos, siendo que los minerales explican casi el 80% de las exportaciones de la provincia pero el sector apenas emplea en total a 6.600 trabajadores, de los cuales 2.500 están contratados fuera de convenio, según el último censo del Indec. Los verdaderos puestos “de calidad” están reservados a los jerárquicos que las multinacionales traen de afuera.

San Juan es un ejemplo de lo dañino que puede ser la megaminería a cielo abierto, con los desastres que generó la Barrick Gold en Veladero, la mayor mina de oro de Argentina, con sucesivos derrames de cianuro y otros deshechos químicos en los cursos de agua, afectando fuertemente el acceso de la población y la pequeña producción agroganadera -en particular de ajo y cebolla. Hoy es una zona con un grave estrés hídrico, pero gracias al Rigi las mineras tendrán prioridad absoluta en el uso del agua.

Este gigante minero BHP que desembarca en San Juan opera el yacimiento de cobre más grande del mundo al otro lado de la cordillera, mina Escondida. En estos momentos los obreros chilenos están en medio de una pulseada con la empresa y podrían ir a la huelga por mayores salarios exigiendo una participación en las ganancias, ya que la firma reparte miles de millones de dólares en dividendos. La australiana enfrenta además un juicio por 5.000 millones de dólares por ser responsable del mayor desastre ambiental de la historia de Brasil junto a Vale do Río Doce, cuando en 2015 colapsó la represa de relaves Fundão derramando casi 40 millones de metros cúbicos de desperdicios tóxicos y dejando 19 muertos.

Los gobernadores de todos los colores políticos se sumaron con ganas al entusiasmo “libertario” en que el Rigi abra la puerta a grandes inversiones que dinamicen las economías de sus provincias y sobre todo nutran la recaudación impositiva. Es al menos dudoso, porque aún así las mineras y petroleras que exporten solo pagarán las magras regalías en base a lo que declaren, lo cual anticipa sistemática subfacturación de las ventas. Como guiño, el gobierno viene de reducir un 80% el precio de referencia de la tonelada de litio, rubro en el cual hasta la Justicia constató una defraudación regular los últimos años. El único “derrame” de estos regímenes de saqueo es el de sus desperdicios.

El efecto que sí tendrá toda esta motorización del Rigi es oficiar de señal al gran capital. La adhesión de las provincias y municipios no era ciertamente necesaria, porque los beneficios van a regir igual a nivel nacional. Pero gobernadores e intendentes aprovecharon para hacer aprobar en tiempo récord un desgravamiento de impuestos y tasas a los capitalistas. Se está implementando en el país una serie de reformas tributarias de hecho, que vamos a pagar los trabajadores con mayor ajuste. Por lo demás, sienta un precedente del propio Estado fomentando el incumplimiento de las normas ambientales que se han ido conquistando con años de luchas.

El “costo ambiental” de todo esto es, en definitiva, no el precio a pagar por un progreso económico, sino el correlato de un régimen de saqueo que nos hunde cada vez más en la pobreza. El corazón de la cuestión es qué intereses sociales son los que lo impulsan. Para que una planta de GNL y toda la infraestructura que conlleva redunden en algún beneficio para el pueblo, en lugar de nuevos tarifazos y pasivos ambientales, deberían formar parte de un plan de reorganización social bajo la dirección de los trabajadores, partiendo de la nacionalización integral de la industria energética. No hay otra manera de decidir democráticamente qué producimos y cómo, de establecer un control obrero y científico en industrias y yacimientos, de respetar el derecho de las comunidades a vetar emprendimiento que las perjudican.

Las concentraciones en las legislaturas que votan su adhesión y la Campaña Plurinacional No al Rigi son un primer paso necesario en la denuncia de esta entrega y la refutación de las promesas oficiales. Desde Tribuna Ambiental nos jugamos a impulsarlas con fuerza, y a llevar este debate a los lugares de trabajo y estudio porque a Milei y los gobernadores los vamos a derrotar con la huelga general.
 

Fuente : prensaobrera.com