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Aprobado, vetado, ratificado nuevamente por Diputados, pero nunca aplicado, el financiamiento universitario pretende ser reformado por el Gobierno Nacional. Los gremios docentes, en pie de lucha.

El año pasado, movilización tras movilización y cintureando los vetos, cámara tras cámara, finalmente se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario que venía a paliar algunos de los agujeros que se vienen carcomiendo la educación superior desde que comenzó el gobierno de Milei. Incluía gastos de funcionamiento y una recomposición salarial para un grupo docente que está, en gran proporción, por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, cualquier observador con alguna noción de realismo tiene claro que las leyes no se cumplen de manera automática; necesitan presupuesto, y necesitan –sobre todo en un gobierno que viene a tirar dinamita sobre el ya oxidado sistema “democrático”– de la vigilancia activa y presión constante de las masas que la impulsaron. De otra forma quedan como letra muerta. El Eslabón ya había adelantado que la victoria parlamentaria era una victoria parcial, que si los paños se enfriaban después de la ley entonces el pan –si es que algún día llegaba– llegaría demasiado tarde. Desde la Coad –el gremio de los docentes de la UNR– también tenían claro el problema: cuando la ley estaba en tratamientos, ya venían señalando que ese era un paso, por más importante que fuera, pero un paso al fin.

Entre los muchos puntos no cumplidos de la Ley de Financiamiento Universitario, se cuentan una recomposición salarial a los docentes –que se debió haber efectuado en diciembre de 2025– para recuperar el poder adquisitivo de 2023 y la obligación de llamar a la Paritaria Nacional Docente –en cambio, se dispusieron de manera unilateral aumentos por debajo de la inflación y un bono por única vez que variaba según categorías– . Con tal contexto de entrada, el año lectivo 2026 se prefigura como un año de profundización del gobierno en su intento de socavar la educación pública con el fin último de privatizarla, así como otra posibilidad para que las distintas fuerzas que conviven al interior de las universidades profundicen un enfrentamiento que sea capaz de conseguir alguna victoria –o “hacer efectivos” aquellos avances logrados– entre letras muertas y migajas.

Foto archivo: Jorge Contrera / El Eslabón / Redacción Rosario

Reformismo recargado

Como si no fuera demasiado el incumplimiento de una ley aprobada, el gobierno nacional presentó una propuesta de “reforma” de la ya seis veces pasada por el congreso Ley de Financiamiento Universitario. Esta reforma venía a eliminar la mayoría de los avances que traía la que fue fruto de un largo proceso de lucha que involucró marchas universitarias y tomas de facultades.
Donde la ley aprobada exigía una recomposición salarial del 53 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de 2023, la nueva “reforma” propone un aumento del 12,4 por ciento, en tres cuotas. Por otro lado, los famosos gastos de funcionamiento –caballito de batalla de la recomposición del Gobierno, que representa una porción mínima del presupuesto destinado a universidades– aumentarían sólo si la inflación supera el 14,5 por ciento.

“Las y los trabajadores del sistema universitario no vamos a declinar lo que conquistamos en la lucha porque no es un problema presupuestario. La reforma laboral tiene un elevado costo fiscal (muchísimo mayor que nuestra ley) y, sin embargo, fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Lo que está en juego aquí es el sistema universitario tal como lo conocemos y supimos construir: federal, extendido a través de todo el territorio argentino, gratuito, laico, y que apuesta a que el esfuerzo de ser trabajador y estudiante universitario les permita cumplir un sueño a millones de personas. A quienes trabajamos en las universidades nos sobra vocación, lo que nos falta es llegar a fin de mes”, señala el comunicado del 24 de febrero de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios).

Por otro lado, en la Carta abierta al pueblo argentino que difundió Coad el pasado 20 de febrero, el gremio señaló: “Rectores integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron saber a las representaciones sindicales su disposición a «modificar» la Ley de Financiamiento Universitario, frente a una oferta del gobierno, absolutamente fuera de lugar. Esta posición no fue ratificada institucionalmente, pero nos plantea una profunda preocupación”.

Si en el CIN hay alguna posibilidad de generar un acuerdo por más migajas, volviendo a desatender el problema salarial docente y no docente, de parte de los gremios el problema está claro: la ley fue aprobada, nunca fue aplicada y es el piso a partir del cual discutir, no el elemento a discutir. Cerrar definitivamente ese frente interno con claridad de la capacidad de presión –un millón de personas en el Congreso en 2023 no pueden haber sido en vano–, y no desactivarla en pos de un rosqueo infinito que apenas si puede escribir leyes no logra cumplirlas, se convierte en una urgencia de un frente universitario –o “comunidad universitaria”, como hay quienes prefieren decirle– que realmente tenga intención de defender una educación pública, gratuita y de calidad –por reducir al mínimo sus adjetivaciones–.

Salario mínimo

“La docencia universitaria está atravesando uno de los peores momentos desde la vuelta a la democracia por la enorme caída salarial que estamos atravesando y por el ataque público hacia las universidades”, señaló a este medio Luz Prados, secretaria adjunta de Coad. Para 2025, la pérdida del poder adquisitivo docente se contabilizaba en un 25 por ciento desde 2023 –en tan sólo dos años–; pero ese número sólo era la profundización de una curva que, si se cuenta desde 2015 hasta 2025 acumula un 50 por ciento. Eso quiere decir que el docente universitario de hoy puede comprar la mitad de lo que compraba hace poco más de una década.

Cuando hablamos de salario no sólo hablamos de plata: la calidad formativa está directamente ligada a la posibilidad de formación de los mismos docentes, y no se puede hacer la vista ciega cuando se habla del “nivel” educativo sin tener en cuenta la variable “salario”.

“Cada vez más docentes sufren el pluriempleo. Que tengan muchos trabajos para llegar a fin de mes afecta a las tareas docentes ya que esto implica menos tiempo para preparar las clases, para formarse, para investigar”, cuenta Luz, y amplía: “Hoy un docente que recién se inicia, con una jornada laboral de 40 horas semanales, cobra un millón de pesos. Si pensamos los costos de vida actuales, cuánto está el alquiler, la comida, los impuestos, es claro que con ese salario no se puede vivir. Esto se suma a que aproximadamente el 70 por ciento de la docencia tiene cargos simples, esto es, cargos de 10 horas semanales con los cuales sostienen muchas actividades de las cátedras y que cobran 250 mil”.

Además del sueldo, la ley aprobada y no cumplida garantizaba financiamiento para gastos de funcionamiento en general, y también para becas estudiantiles y materiales. “Cada vez es mayor el desgaste de la docencia y el enojo, y también es palpable la peor situación en que el estudiantado cursa porque el ajuste presupuestario afecta a las actividades: menos plata para equipamiento, para becas estudiantiles, para sostener los comedores.

Sumado todo esto, el estudiantado sufre el empeoramiento de las condiciones de vida generales de la población: es muy difícil venirse a vivir a Rosario con el costo de los alquileres, cada vez está más precarizada la juventud en sus condiciones de trabajo y se hace difícil sostener estudios en ese contexto”, señala Luz sobre los alcances de una crisis que no se agota en el enorme problema salarial, y cuyos efectos no se posan sólo sobre los docentes.

¡Paren!

La huelga y la movilización vienen siendo el instrumento principal de la docencia para hacer oír su reclamo. En estos días, Coad votó una moción que implicaría una serie de paros escalonados –una semana de paro en marzo, dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio–. Esa es la propuesta que llevará al plenario de Conadu que se realizará este viernes 27, al cierre de esta edición. El objetivo es claro: hacer cumplir la ley tal cual fue discutida, aprobada y ratificada luego de un largo proceso de lucha.

En los contornos, da vueltas la discusión sobre la huelga en el contexto de un gobierno nacional que prefiere ver vacías las facultades y que puede usar la herramienta de lucha de la docencia como excusa, y se escucha entre muchos estudiantes el debate sobre su propio derecho a estudiar –o a rendir, por la suspensión de mesas de exámenes en los días de paro–. Las propuestas revisten preocupaciones atendibles en tanto hay un problema táctico que las atraviesa: ¿qué tipo de presión, y sobre quién, conseguimos con los paros?

Sin embargo, “exigir” a la docencia una respuesta, impugnar el paro por el “vaciamiento” de la facultad –¿habría que seguir funcionando normalmente, dando cuenta con sudor, lágrimas y pan duro que la educación pública es “de calidad”?– no construye un futuro más luminoso para el futuro de la educación pública. Más bien redunda en un estado que oscila entre la inmovilidad y el intento desesperado por arreglar los números que preocupan a quienes intentan destruir la misma educación que se dice defender.

La relación ingreso/egreso de las universidades, el problema de la longitud de las carreras, y su desplazamiento de importancia respecto a cursos de seis meses hiper especializados y con salidas laborales rápidas, son problemas serios para una educación pública que vive amenazada por su cierre.

Pero si “calidad” sigue siendo un adjetivo importante para la “comunidad universitaria”, entonces quizás la salida no sea simplemente aumentar la posibilidad de generar correlatividades inmediatas con universidades de todo el mundo –como quiso facilitar el sistema de créditos, hoy trabado en su aplicación–, ni aumentar el número de carreras hasta el paroxismo.

Tanto en la discusión sobre el paro docente y sus críticas desde diversos sectores internos, así como en qué carajo hacer con la educación universitaria, hay un actor que quizás tiene la pelota más de lo que cree, pero que todavía no logra posicionarse firmemente.

El movimiento estudiantil bien puede tomar protagonismo y garantizar que la facultad esté llena, no enfrentando a los docentes ni pidiendo la normalidad del funcionamiento institucional, sino generando acciones conjuntas para construir una lucha que nunca fue sólo por el trabajo de los profesores, sino por su propia formación. De la misma manera, puede generar un proyecto de universidad que no reduzca las carreras a paquetes de valorización de fuerza de trabajo, rápidos y eficientes, para “integrarse al mundo social (del trabajo)”, sino que las piense como partes integrantes y dinámicas de la sociedad que pueden ser agentes de su transformación.

Nada de todo esto es fácil, por supuesto. Tampoco se puede adelantar inmediatamente el cómo. Pero en un callejón sin salida, correr hacia adelante tiene como único final chocarse contra una pared. Y hace ya un tiempo que nos venimos chocando.
 

Fuente : redaccionrosario.com