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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió el martes avanzar con la exposición y votación de los cargos de mal desempeño que recaen contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. En la reunión, además, declararon testigos que complicaron al supremo Carlos Rosenkratnz en la acusación que recibió por fallar a favor de exclientes suyos.

La votación de los cargos se realizará en la próxima reunión y fue pedida por el diputado del Frente Todos, Rodolfo Tailhade.

Abarca las investigaciones sobre el fallo 2x1 (que habilitó la salida de acusados por crímenes de lesa humanidad), el fallo que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura (que cambió la composición del organismo encargado de nombrar y sancionar jueces) y la cautelar de coparticipación federal que aumentó los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

"Corresponde, agotada la investigación, que se formulen los cargos y se corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efectos de que ellos quieran hacer un descargo", anunció Tailhade, al inicio de la reunión.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), avaló la propuesta y sometió la iniciativa a votación, que terminó siendo aprobada.

La intención del oficialismo (con mayoría en la comisión) es aprobar los cargos y, si los magistrados no se defienden, incorporarlos en los dictámenes de acusación.

Hasta el momento, el único hecho investigado que tuvo este trámite fue el de las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial. En este caso, las responsabilidades recayeron sobre el juez Juan Carlos Maqueda, quien tuvo diez días hábiles para defenderse, pero no lo hizo.

La próxima semana se definirán responsabilidades contra los cuatro jueces que integran la Corte. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y Rosenkrantz están acusados por las tres investigaciones, mientras que Ricardo Lorenzetti sólo está implicado en la de coparticipación, aunque algunos sectores del oficialismo no descartan involucrarlo en la causa Consejo de la Magistratura, porque firmó en disidencia.

La Coalición Cívica, de todos modos, tiene iniciada una acusación por mal desempeño contra Lorenzetti que se tratará en las próximas semanas.

El diputado de ese bloque, Juan Manuel López, pidió una lista de testigos para iniciar la investigación, entre ellos el exadministrador de la Corte, Héctor Marchi, desplazado del cargo este año por enfrentarse a Rosatti.

Las acusaciones se formalizarán en noviembre, a través de cuatro dictámenes que podrán tratarse en la Cámara de Diputados en cualquier momento de los próximos tres años, pero que necesitan dos tercios para su aprobación. Sólo de esa manera, se inicia el juicio político en el Senado, que requiere la misma mayoría.

Abuso de poder de Rosenkrantz

La comisión, mientras tanto, abrió el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente contra Rosenkrantz.

Carlos Rosenkrantz

Se analizaron 69 sentencias en las que intervino el vicepresidente de la Corte, en la mayoría de las cuales, de acuerdo con la acusación, el magistrado favoreció a clientes de su estudio de abogados.

La causal de remoción apunta a “la falta de excusación en causas de sus exclientes”, explicó Gaillard.

“Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.

La mayoría de estos casos involucra a empresas grandes como Supercanal, AMX (Claro), Clínica Estrada, YPF, supermercados DIA, Grupo América, Pan American Energy y Piero.

“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la legisladora oficialista.

Una segunda imputación contra Rosenkrantz señala que el propio magistrado presentó en la Corte -siendo ya integrante del tribunal- un reclamo por el pago de honorarios por 18 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe, a la que patrocinó en un expediente por los fondos coparticipables.

Fuente : elagora.digital