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La reforma laboral obtuvo media sanción con la anuencia de gobernadores que trocaron los derechos laborales por fondos para sus arcas vaciadas. La CGT logró continuidad de aportes patronales a obras sociales y cuota sindical obligatoria.

Las y los trabajadores fueron entregados por senadores que responden a gobiernos provinciales que vendieron vilmente los derechos conquistados por la clase obrera por un puñado de pesos que Milei, que los viene ahogando con la retención de fondos, les cedió a modo de extorsión. De los libertarios y macristas, como de sus allegados radicales como Maximiliano Pullaro, entre otros, no se podía esperar otra cosa. Tampoco de los que alguna vez fueron peronistas como el tucumano Osvaldo Jaldo o el salteño Gustavo Saénz, ex Frente Renovador, o el ya inclasificable peronismo cordobés de Martín Llaryora. Todos ellos, más el resto de aliados al gobierno le dieron, con el voto a favor de sus legisladores a la reforma laboral, una artera herida por la espalda a la clase trabajadora. En tanto, la CGT y su conducción tripartita, con la negativa de ir al paro general, consiguieron algunos pocos atenuantes y una frágil supervivencia. Todavía queda el paso por Diputados para que este retroceso a finales del siglo XIX se transforme en ley. Y aunque el clima derrotista de muchos dirigentes es demoledor, aún no está dicha la última palabra.

Con la complicidad de gobernadores aliados y en un marco bochornoso de violentos infiltrados impidiendo la movilización en el Congreso, la aprobación de la reforma laboral fue un trámite impúdico, votada entre gallos y medianoche. Hasta pasada la medianoche, cuando ya habían hablado a favor y en contra la mayor parte de los senadores y Patricia Bullrich daba el discurso de cierre, no se conocía el texto del proyecto final que se negoció entre sombras.

La votación en general llegó al fin a la 1.20, y el debate en particular concluyó después de las cuatro de la madrugada, poco antes de que las y los trabajadores se despierten como todos los días para su cotidiana rutina, mientras sus derechos eran carcomidos por una verdadera casta de zánganos, como en una pesadilla.

La votación fue contundente: 42 a favor, 30 en contra. El bloque peronista que lidera José Mayans, Convicción Federal, votó en contra de la iniciativa junto al Frente Cívico de Santiago del Estero y los dos senadores de Santa Cruz.

A favor lo hicieron La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

Por Santa Fe, los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical del partido Juntos por el Cambio, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, votaron a favor. En contra, lo hizo Marcelo Lewandowski del peronismo.

Avalancha de juicios

Uno de los objetivos que plantearon los defensores del mamotreto de la reforma laboral que algunos presentaron como “modernización laboral” es bajar la supuesta litigiosidad pero según el abogado laboralista Jorge Elías, no sólo que es falsa “la industria del juicio”, sino que, de aprobarse esta ley, tendrá un sentido contrario: habrá una avalancha de presentaciones judiciales.

“No hay ninguna duda de que va a tener mayor conflictividad judicial. Porque todas estas normas tienen tanta grosería, tanta injusticia, son tan cuestionables desde el punto de vista constitucional que van a generar muchísima litigiosidad”, sostuvo.

“Esto ya lo vivimos con la Ley de Riesgo del Trabajo, que en la época de Menem era un producto miserable, con indemnizaciones muy mezquinas. Y gracias a toda la cantidad abrumadora de juicios que hubo en todo el país, logramos que la Justicia fuera derogando, eliminando las cláusulas más injustas. El sistema que tenemos hoy, el Riesgo del Trabajo, no es ideal, pero no tiene nada que ver con la porquería que fue en aquel momento”, recordó.

“Es decir, la avalancha de juicios es inevitable. La gente no va a tener más remedio. Si recurrió a la Justicia, los abogados vamos a empezar a diseñar estrategias legales para plantear que por fuera de lo que diga el Congreso, hay un orden jurídico, hay una Constitución, y hay tratados internacionales que protegen a los trabajadores que van a tener que ser respetados”, subrayó Elías, aunque advirtió que “va a significar una batalla muy larga y en el medio va a haber muchísimos muertos y heridos, como en todas las batallas”. 

Derechos mutilados

“Han mutilado la mayor parte de la protección del trabajo para bajar costos, exprimir mejor a los trabajadores y con eso pretender, según la ilusión de ellos, crear un modelo nuevo, mucho más ventajoso, donde todo va a estar mejor, la gente va a tener más trabajo y todo va a ser feliz. Pero eso es una ficción que no se va a poder concretar de ninguna manera porque lo que se está buscando es una brutal desprotección del trabajo en muchos aspectos”, sintetizó Elias. “Tratan de sacar de la protección legal a la mayor cantidad de gente, no castigan el empleo negro. Promueven así la precarización y la clandestinidad. Además, para los trabajadores formales buscan abaratar y facilitar el despido. Son todas normas muy graves, como bajar la protección legal de la licencia por enfermedad, cosas que naturalmente no van a crear empleo, porque nadie va a tomar trabajadores porque pueda pagarles menos cuando está enfermo o porque lo pueden echar barato”, dijo el especialista en derecho laboral.

Lo que se viene

Una Patricia Bullrich exultante, el día después de la votación en el Senado, avisó que el Gobierno no aceptará modificaciones en el texto durante el debate en la cámara baja. El oficialismo quiere que la discusión llegue al recinto a finales de la semana que viene, aunque cuenta con un poco más de margen de acción por la extensión del período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.

“La ley ya está, es esta”, expresó la ex ministra de Seguridad. La idea es evitar que la iniciativa deba regresar al Senado, una instancia que estira el proceso de aprobación definitiva. “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley”, remarcó Bullrich.

Lo que se votó

El resultado final del texto del proyecto aprobado mantiene sus principales ejes de dejar caer derechos históricos con algunas pocas modificaciones que el gobierno manejó con destreza para negociar a último momento como prenda de cambio.

Entre esos cambios se incluyeron, a beneficio de las provincias, la caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas, y a favor de la CGT la subsistencia de aportes compulsivos, aunque con topes más bajos, y el sostenimiento del 6 por ciento destinado a obras sociales.

El sitio Mundo Gremial hizo un punteo muy gráfico de los principales puntos.

Ley de contrato de trabajo. Incorpora cambios profundos en las relaciones laborales, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.

Remuneraciones y pago de salarios. Los salarios deben pagarse en dinero (moneda nacional o extranjera), especie, habitación o alimentos. Se incorpora el “salario dinámico”, acordable en convenios colectivos, regionales, por empresa o por decisión del empleador (incluyendo pagos por mérito o productividad). Solo entidades bancarias podrán pagar salarios (se eliminan billeteras virtuales).

Indemnizaciones por despido. Reduce la base de cálculo (excluye vacaciones, aguinaldo, propinas o premios). Impone tope salarial de hasta 3 veces el salario promedio mensual del convenio colectivo aplicable. Actualización por inflación más 3 por ciento anual. Sentencias cancelables en 6 cuotas (grandes empresas) o 12 cuotas (pymes).

Financiamiento de indemnizaciones. Crea Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas inembargables con aportes obligatorios mensuales de contribuciones patronales: 1 por ciento para grandes empresas y 2,5 para pymes. Administración a cargo de la Comisión Nacional de Valores.

Vacaciones. El empleador debe concederlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente (acuerdo posible para otro período). Permite fraccionamiento por mutuo acuerdo, con tramos no inferiores a 7 días. Notificación por escrito con 30 días de antelación (o sistemas alternos por CCT), obligación de organizar para que cada trabajador goce al menos una vez cada 3 años en verano si no son simultáneas.

Jornada laboral / Banco de horas. Posibilidad de extender la jornada diaria de 8 a 12 horas, respetando 12 horas de descanso. Horas extras compensables voluntariamente vía banco de horas o francos. Incorpora contratos a tiempo parcial por período inferior a la jornada legal. Formalización por acuerdo escrito (individual o con sindicato), carácter voluntario de horas extras, límites claros, sistema de control de registro, alternativas (horas extras, banco o francos), respeto a descansos (12 horas entre jornadas, 35 horas semanales), posibilidad de promedios por CCT/leyes, y compensación sin superar máximo legal semanal.

Enfermedades y accidentes no laborales. Para accidentes o enfermedades ajenos al trabajo: 50 por ciento del salario básico por 3 meses (sin personas a cargo) o 6 meses (con personas a cargo) si derivan de actividad voluntaria y consciente; 75 por ciento en los mismos plazos si no es acción voluntaria y riesgosa.

Sindicatos. Mantiene 6 por ciento de aportes patronales a obras sociales. Cuota sindical compulsiva (tope 2 por ciento del salario mensual, por dos años). Tope 0,5 por ciento en aportes a cámaras empresarias. Prioridad de acuerdos de empresa o regionales sobre convenios sectoriales (sin ultraactividad plena).

Limitaciones al derecho de huelga. Establece porcentajes mínimos de funcionamiento: 75 por ciento en servicios esenciales y 50 por ciento en trascendentales (amplía actividades alcanzadas). Las asambleas requieren autorización previa del empleador.

Plataformas digitales. Crea categoría de “repartidor independiente”. Habilita libertad de formas de contrato, sin constituir relación laboral (contrato de servicio independiente).

Estatutos profesionales. Deroga cinco estatutos (periodista, viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) a seis meses de sancionada la ley.

Formalización y creación de empleo. Incentivos impositivos para contratación y registración. Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) para regularizar informalidad (extingue sanciones, deudas y acciones penales). Nuevo blanqueo laboral con condonación hasta 70 por ciento de deudas por aportes.

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Por un año, contribuciones patronales reducidas al 8 por ciento (incluido 3 por ciento a fondo indemnizaciones) para nuevos trabajadores con condiciones específicas (sin relación registrada al 10/12/2025, monotributistas o ex empleados públicos).

Justicia laboral. Modificaciones para acelerar el traspaso del fuero nacional a órbita porteña. Acuerdos homologados equiparados a sentencia firme (no reabribles). Topes en honorarios de abogados y peritos.
 

Fuente : redaccionrosario.com