DiarioAr

MAGA gobierna Estados Unidos reteniendo fondos que el Congreso ya aprobó. La oficina auditora del propio Congreso determinó en distintas resoluciones que la administración de Trump violó la ley al frenar recursos destinados a infraestructura y programas sociales, una manera de gobernar que en la Argentina nos resulta demasiado familiar porque Milei la aplica desde que llegó a la Casa Rosada. 

Durante sus primeros dos años gobernó con la prórroga del Presupuesto 2023 y manejó las partidas de acuerdo con las necesidades de su programa de ajuste. Ahora tiene una ley aprobada y las cifras vuelven a mostrar el orden de sus prioridades. En el primer semestre de 2026, los servicios de la deuda ya habían ejecutado el 66,4% de sus fondos, mientras el gasto de capital cayó 29,8% real frente al mismo período de 2025 y las transferencias de capital a las provincias se redujeron 57,1%. 

El estado de las rutas nacionales permite ver las consecuencias. El Congreso asignó $659.878 millones a Vialidad Nacional para 2026. En mayo, el Gobierno recortó $97.104 millones y dejó el presupuesto del organismo 14,7% por debajo de lo aprobado. Eliminó toda la partida destinada al mantenimiento y la reparación de puentes, alcantarillas y otras estructuras viales, y redujo 98,9% los fondos para obras de seguridad en las rutas. A junio, Vialidad había ejecutado $221.389 millones, el 39,3% del crédito ya recortado y trece puntos menos que el promedio de la Administración Nacional. 

Varios gobernadores que acompañan a Milei reproducen ese manejo en sus provincias, con intendentes que se alinean detrás de ellos sin asumir de frente su apoyo al Gobierno nacional. Reclaman a la Nación los recursos que después distribuyen con idéntica discrecionalidad dentro de sus territorios. 

Ayer, un gobernador se sentó en una de las primeras filas del palco de La Rural, al lado de Luis Caputo, para escuchar y aplaudir a Milei. Los números de su propia gestión ayudan a entender hasta dónde llegó esa forma de administrar. El Presupuesto 2025 autorizó $108.772 millones para gastos de capital y la ejecución oficial al cierre del año registró $25.508 millones, apenas el 23,5% de lo aprobado para inversión. El gasto total superó el cálculo inicial dentro de una distribución muy distinta de la que había votado la Legislatura y terminó relegando la inversión entre las prioridades de la gestión. 

Las Legislaturas pasan meses discutiendo cada partida y los gobiernos, una vez aprobada la ley, liberan los fondos según sus necesidades. Así aparecen recursos que llegan tarde, programas paralizados y obras que se pierden dentro de las planillas de ejecución. La discusión pública suele quedarse con la cifra anunciada y pocas veces vuelve sobre la plata que realmente se gastó. 

Esa falta de seguimiento permite esconder recortes y demoras entre números que casi nadie mira, aunque sus consecuencias estén a la vista en las rutas rotas, las obras abandonadas y los medicamentos que faltan. Si la plata estaba aprobada y nunca llegó, los funcionarios que decidieron guardarla o destinarla a otra cosa tienen que explicar qué hicieron con ella.
 

Fuente : Edgardo Rovira