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INMOBILIARIA LUCIANI & MOLA.

 ¿Fiscales o corredores inmobiliarios del odio?

 Luciani y Mola: de acusadores públicos a gestores penitenciarios del macrismo. 

La apelación presentada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner no es un acto jurídico: es una operación política de persecución encubierta bajo ropajes institucionales. Ya no buscan justicia: buscan una dirección. Literalmente. Están más preocupados por decidir dónde debe vivir Cristina, que por aplicar el derecho. 

¿Desde cuándo el Ministerio Público Fiscal oficia de inmobiliaria judicial? 

Porque eso parecen: no acusan, no argumentan, no fundan en derecho. Solo buscan un inmueble con barrotes. Una unidad penitenciaria que sirva como escarmiento. Como símbolo. Como venganza. 

Esta conducta no se enmarca en ninguna de las funciones constitucionales del Ministerio Público Fiscal. Muy por el contrario: viola de manera flagrante el artículo 120 de la Constitución Nacional, que exige a los fiscales actuar “con objetividad e independencia funcional”. Pero Luciani y Mola no son fiscales. Son operadores políticos con toga y micrófono. 

Esta apelación no se basa en el derecho. Se basa en el odio. Un odio que desnaturaliza la función pública, transforma a los fiscales en militantes de los grupos concentrados y convierte la persecución judicial en espectáculo televisado. No hay fundamentos jurídicos que sostengan el rechazo a una prisión domiciliaria concedida conforme al derecho internacional y al régimen de ejecución penal. La jurisprudencia interamericana, europea y nacional es clara: •

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que las condiciones de detención deben respetar la dignidad humana, especialmente tratándose de personas con arraigo, sin peligrosidad ni riesgo de fuga. •El artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe todo trato cruel, inhumano o degradante. •La doctrina penal contemporánea —desde Zaffaroni hasta Roxin— rechaza el uso simbólico del encierro como forma de disciplinamiento político. Pero ellos insisten. Insisten en que una expresidenta de la Nación, víctima de un intento de magnicidio, con dos mandatos constitucionales, arraigo absoluto, edad avanzada y sin riesgo procesal alguno… sea encerrada en una cárcel común. ¿Por qué? Porque no les interesa el Derecho. Les interesa destruir a Cristina. 

Lo que hacen no es derecho penal. Es derecho penal del enemigo: una doctrina ilegítima que, como bien denunció Jakobs, convierte al acusado en enemigo a exterminar, no en sujeto de derechos a proteger. No manchan solo su investidura fiscal. Manchan a todo el sistema de justicia. Convierten el proceso penal en un mercado de castigos y la causa judicial en una vidriera de revancha. Cristina no necesita inmobiliaria. Necesita justicia. Y la historia será implacable con quienes, desde un despacho del Ministerio Público, renunciaron al derecho para servir al odio.

Fuente : x.com