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El gobierno de Venezuela capituló ante los aprietes de Estados Unidos y le entregó el petróleo. La decisión dividió al chavismo. El Frente Popular Antimperialista rechazó la presencia yanqui y exigió la liberación de Maduro. Los antichavistas, seducidos y abandonados.

El imperio festeja. Lo consiguió, finalmente. Tras años de ataques violentos, sanciones, campañas de mentiras y acusaciones falsas, Estados Unidos lo logró. Fueron décadas de penurias para el pueblo venezolano. Una extorsión cruel y cínica que se extendió, siempre creciente, para doblegar voluntades. Y, además, el secuestro y encarcelamiento, al margen de la ley, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El legítimo mandatario de Venezuela es hoy un rehén y, a la vez, su encierro ilegal funciona como una amenaza para el resto de los funcionarios del gobierno: si no se arrodillan ante la angurria imperial y entregan todo, esto es lo que les espera. 

Se habla de un “acuerdo”, pero este término es apenas una muestra más del cinismo, la mentira, y la violencia simbólica utilizada. Lo que se dispuso, la entrega del petróleo de Venezuela a Estados Unidos, no surgió de un entendimiento conjunto, ni de una negociación igualitaria, ni de una decisión tomada con total libertad. Por el contrario, es el resultado de décadas de aprietes, amenazas, extorsiones y sanciones que destruyeron la vida social y la economía del país caribeño hasta llevarlo a una situación desesperante. 

No hay pacto, ni convenio, ni acuerdo. Se trata de una capitulación bajo coacción militar. Se cumplieron, además, las históricas advertencias de Hugo Chávez sobre el control extranjero de la Faja del Orinoco. 

La máxima y más clara expresión de este violento proceso extorsivo, que siempre incluyó distintas formas de violencia (simbólica y armada) se produjo el 3 de enero de 2026 con la captura del legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un operativo militar ejecutado por fuerzas de los Estados Unidos.

Desde un punto de vista jurídico y ético, no se puede hablar de un “acuerdo” válido si una de las partes firma bajo presión o coacción. Para que un acuerdo o contrato sea legalmente vinculante, se requiere el consentimiento libre y voluntario de todas las partes involucradas. La coacción elimina esa libertad, lo que genera un vicio de consentimiento.

En la mayoría de las legislaciones del mundo, un contrato firmado bajo amenazas o violencia (ya sea física o moral) es nulo o anulable. Esto significa que carece de validez legal una vez que se demuestra la coacción. El derecho civil establece que no hay consentimiento válido si este se ha dado por error, dolo (engaño), violencia o intimidación. Aunque en el papel exista una firma, ese documento no representa un acuerdo real, sino una imposición. 

Tras el secuestro del presidente Maduro, se instauró en Caracas una gestión de transición interina encabezada por la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Una vez que el imperio logró sacar a Maduro del escenario, recrudecieron las amenazas contra los funcionarios de su gobierno: “Entréguense, capitulen, o les va a pasar lo que a Maduro”, fue el mensaje imperial. 

Aunque inicialmente la vicepresidenta interina Rodríguez fustigó la violenta intervención, Estados Unidos demostró que estaba dispuesto a todo, y que, tras capturar a Maduro, era el turno de Rodríguez y el resto de la administración venezolana, que correrían la misma suerte. Además, las sanciones del imperio devastaron las infraestructuras petroleras de Venezuela, situación que tornó muy difícil intentar un desarrollo independiente. Y si era ya difícil, el doble terremoto del 24 de junio de 2026 terminó el trabajo de destrucción que venía realizando el imperio.

El restablecimiento formal de relaciones diplomáticas en marzo preparó el terreno para una serie de conversaciones reservadas que culminaron en este “macroacuerdo hidrocarburífero”, o “histórico acuerdo”, como suele denominarse esta entrega de soberanía conseguida con violencia y extorsión.

Masacre de pescadores en el caribe y el pacífico

El grado de violencia criminal ejercida contra Venezuela llegó a una de sus máximas y más claras expresiones con los ataques de Estados Unidos a embarcaciones que pescaban en el mar Caribe, cerca de Venezuela, en el marco de una clara intimidación que incluye cientos de homicidios impunes y exhibidos al mundo con cinismo.

La ofensiva militar letal de los Estados Unidos contra “presuntas embarcaciones de narcotráfico” (en realidad, más allá de las mentiras de los perpetradores, contra lanchas de pescadores) en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental comenzó en septiembre de 2025 bajo la administración de Trump. 

El gobierno estadounidense declaró que existía un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos, catalogándolos como organizaciones terroristas. 

Los datos al respecto son sistemáticamente ocultados y tergiversados por las autoridades del “país de la libertad y la democracia” que perpetra los asesinatos por fuera de la ley. Se calcula, a partir de cifras oficiales, claramente insuficientes, que al menos 227 muertos y unas 70 embarcaciones destruidas. Todo fuera de la ley: ninguna persona fue formalmente acusada. Murieron en el acto. 

La identificación exhaustiva de los fallecidos es un desafío crítico. El Comando Sur de Estados Unidos no publica los nombres, las edades ni las nacionalidades de las víctimas en sus informes. En la gran mayoría de los casos, los cuerpos quedan atrapados en el hundimiento o se fragmentan debido al impacto cinético en aguas internacionales, catalogándose como “tumbas marítimas sin marcar”. 

Organizaciones periodísticas independientes como The Associated Press (AP) y monitores civiles han logrado identificar nominalmente a un grupo muy reducido de víctimas (26 identificadas de 227 totales), principalmente mediante el cotejo de denuncias de desaparición interpuestas por familiares de comunidades pesqueras en Colombia, Ecuador y Centroamérica. 

De acuerdo con investigaciones independientes, los perfiles de los fallecidos no corresponden siempre a mandos de carteles, sino a pescadores artesanales locales contratados para la navegación. Debido a la opacidad y el ocultamiento del Pentágono, que intenta borrar las pruebas de sus crímenes, los nombres propios completos recopilados de esas 26 personas identificadas están resguardados en bases de datos de derechos humanos en proceso de verificación legal, mientras que el resto de los más de 200 cuerpos permanecen bajo el estatus oficial de “no identificados”.

Los ataques comenzaron a principios de septiembre de 2025, con el comienzo de la denominada Operación Escudo del Sur. El pico de la ofensiva se produjo en noviembre-diciembre 2025. Luego vino una pausa temporal, entre junio y agosto de 2026. Recientemente, el 24 y 25 de agosto de 2026, se reinició la ofensiva. El ataque más reciente (25 de agosto) destruyó una lancha y provocó la muerte de 4 personas calificadas por el Comando Sur como “narcoterroristas”, aunque no se presentaron pruebas públicas de cargamento ilícito dentro de la embarcación.

Apenas tres días después de esta masacre, el 28 de agosto de 2026, Delcy Rodríguez confirmó el “acuerdo histórico” a través de sus canales oficiales. Y el 31 de agosto, el presidente Trump celebró y detalló públicamente el pacto, calificándolo como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”.

Consumación del saqueo

El convenio petrolero se ha estructurado bajo un modelo de participación público-privada operado mediante nuevas figuras de empresas mixtas (“joint ventures”), donde consorcios privados, predominantemente de origen estadounidense, con corporaciones como Chevron a la cabeza, asumirán el control operativo y las decisiones estratégicas de los bloques de explotación asignados.

El esquema impuesto por Estados Unidos establece un periodo inicial de 25 años de explotación comercial y operativa, con una cláusula explícita que permite prórrogas consecutivas. Aunque fuentes en Washington han aludido de manera informal al proyecto como una alianza “de 100 años”, el marco legal vinculante se ampara formalmente en el cuarto de siglo. 

El imperio consigue el traspaso de la gestión de 65 mil millones de barriles de reservas probadas. El Departamento de Energía de Estados Unidos, bajo la tutela del secretario Chris Wright, supervisará directamente los mecanismos de extracción, fiscalización y transporte logístico de este crudo hacia los muelles de descarga en el Golfo de México.

Los saqueadores contemplan el desarrollo inmediato de 17 campos estratégicos. El sector corporativo estadounidense se comprometió a inyectar una suma superior a los 100 mil millones de dólares en infraestructura, actualización tecnológica y sistemas de refinación y bombeo. Esta inyección es considerada vital por el gobierno interino para contrarrestar el desplome productivo de la última década. 

La entrega fija el cobro de una regalía mínima del 16 por ciento para el Estado venezolano y una tasa impositiva sobre la renta del 34 por ciento. Según las proyecciones defendidas por el Ministerio de Hidrocarburos de Caracas, tomando como referencia una cotización base ponderada de 65 dólares por barril, el país podría recaudar alrededor de 209.335 millones de dólares en tributos a lo largo de la vida del proyecto. Bajo esta formulación matemática, la nación retendría neto cerca de 19 dólares por cada barril comercializado por los operadores extranjeros.

El imperio festeja

El mandatario estadounidense recurrió a su tribuna en Truth Social, y a declaraciones ante la prensa, para celebrar el acontecimiento. Trump no escatimó en adjetivos triunfalistas, calificando el pacto como una victoria sin precedentes que no demandará fondos públicos norteamericanos: 

“Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela: ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL! Bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con negocios privados, han asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadounidense”, indicó Trump.

El presidente de Estados Unidos destacó que este “convenio” duplica las reservas petroleras estadounidenses y ayudará a reducir el precio de la gasolina frente a las tensiones globales. Medios como CNN Español y la BBC News Mundo consideraron que Washington asume un rol de tutela sobre el destino y los fondos venezolanos. 

Los 65 mil millones de barriles en reservas probadas venezolanas a los que tendría acceso Estados Unidos equivalen al 141 por ciento de las reservas probadas de crudo y condensado con los que cuenta ese país y que ascendían a 46 mil millones de barriles al cierre de 2024.

Marco Rubio destacó en un mensaje en X que el acuerdo con Venezuela ayuda a Estados Unidos al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”.

La entrega le permite a Trump enviar un mensaje a los ciudadanos estadounidenses que están preocupados por la inflación y por el aumento del precio del combustible desde que hace seis meses decidiera emprender una guerra con Irán, que continúa con resultados inciertos y el estrecho de Ormuz en manos del país persa.

Trump anunció que va a usar el petróleo venezolano para volver a reabastecer la reserva estratégica nacional de Estados Unidos, la cual contiene en la actualidad poco menos de 300 millones de barriles de petróleo, su nivel más bajo desde 1983.

Trump logra asimismo un beneficio estratégico, de largo plazo, que tiene que ver con su visión geopolítica: gracias al saqueo de los recursos de Venezuela se asegura el acceso de Estados Unidos al suministro de unos recursos más valiosos en el contexto de su competencia con Rusia y, sobre todo, China.

Delcy Rodríguez intenta explicar

La mandataria interina defendió el pacto en Telegram y X, señalando que los recursos bajo tierra requieren inversión y tecnología extranjera para generar bienestar real: “Tenemos las mayores reservas de crudo del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente: necesitamos inversión, tecnología, infraestructura”.

Agradeciendo a la administración estadounidense, Rodríguez afirmó que el acuerdo encabeza el “renacimiento” del país para financiar salud, educación y servicios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentó justificar el acuerdo petrolero con el argumento de que Venezuela necesita grandes inversiones de dinero para recuperar su industria petrolera y apalancar su reconstrucción.

Ante la avalancha de críticas que desató un acuerdo opaco del que apenas han trascendido detalles, Rodríguez afirmó: “Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”.

La presidenta encargada de Venezuela aseguró que los proyectos binacionales anunciados –muy criticados dentro y fuera del país– “tendrán un impacto importante en la vida de los venezolanos en el mediano y largo plazo”.

Rodríguez indicó que el acuerdo entre los dos países ha sido firmado “por 25 años” –y no por 100, como habían señalado diversas publicaciones–. Y, además, según la presidenta, incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos, “con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios”. La presidenta encargada aseguró además que se aproximan “importantes acuerdos adicionales” con empresas como Chevron, Repsol, Shell, ENI y BP, que ampliarán sus inversiones, y permitirán expandir la producción y recuperar la renta nacional.

Sin embargo, más allá de las aclaraciones de Rodríguez sobre la duración de la entrega, la Casa Blanca confirmó el 1 de septiembre que una concesión por 100 años le fue otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar parte del petróleo venezolano.

Según el pacto, NABEP tendrá derechos durante un siglo para perforar 17 campos petroleros que albergan unos 65 mil millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tendrá una participación del 35 por ciento en la empresa matriz de NABEP, según la Casa Blanca. 

Por su parte, el Departamento de Estado dispondrá del derecho a adquirir, a precio de producción, el 20 por ciento del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas estadounidenses.

NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200 mil barriles diarios, indica la nota de Página 12. Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, acusaciones que él rechaza.

“Hay una pregunta legítima que todo venezolano tiene derecho a hacerse”, comentó la mandataria interina. “¿Cuánto recibe Venezuela con este acuerdo?” Rodríguez respondió que, calculando el precio del crudo a 65 dólares por barril, “los ingresos de nuestro país serán más de 209 mil millones de dólares para el estado. Por cada barril producido, cerca de 19 dólares se quedan en Venezuela. Vamos a desarrollar ocho bloques verdes en la Faja del Orinoco, con regalías mínimas del 16 por ciento y un Impuesto Sobre la Renta de 34 por ciento”.

La mandataria venezolana afirmó que estas condiciones mejoran en muy buena medida proyectos anteriores de expansión petrolera que ha adelantado la república en el pasado. “Tenemos las mayores reservas de crudo del mundo”, dijo Rodríguez, “pero tener recursos bajo tierra no es suficiente: necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esas riquezas en bienestar. De nada nos sirve tener las mayores reservas petroleras del mundo bajo tierra, y que eso sea una estadística más, sin poder traducir eso en desarrollo para el país”.

La presidenta encargada reivindicó “la vía diplomática” escogida para dirimir diferencias y trabajar con los Estados Unidos. “Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario [Marco] Rubio y a los miembros de su gobierno por el esfuerzo que han hecho para alcanzar este acuerdo. Con mayores ingresos, mejoraremos en salud, educación, servicios públicos, vialidad para nuestro pueblo. Además, contribuimos a la estabilidad energética del hemisferio. La premisa de este acuerdo es sencilla: cada parte aporta aquello que puede hacer mejor: Venezuela aporta la experiencia de sus trabajadores, el conocimiento del negocio petrolero, su industria. Los Estados Unidos aportan capital, tecnología, que necesitamos para retomar el crecimiento. Los beneficios del acuerdo se pierden de vista”.

“El acuerdo petrolero con Venezuela anunciado este viernes por Donald Trump es una de las medidas más polémicas que el presidente de EE.UU. ha tomado con respecto al país sudamericano”, indica Ángel Bermúdez en su informe de BBC Mundo.

“Y eso no es poca cosa si se considera que en los últimos 12 meses el mandatario estadounidense estableció un bloqueo marítimo sobre Venezuela, ejecutó una operación militar para detener al entonces presidente Nicolás Maduro, para finalmente –en lugar de impulsar una transición democrática– terminar reconociendo a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como gobernante interina del país”, agrega el medio británico en referencia al incómodo lugar en que quedaron ubicados sectores de la oposición al chavismo que ayudaron al imperio y creyeron que los libraría de la presunta “opresión chavista”.

Los antichavistas: seducidos y abandonados

Seducidos y abandonados. Utilizados y descartados, buena parte del antichavismo comprueba ahora que al imperio no le interesa la libertad, el bienestar, ni nada que tenga que ver con el pueblo venezolano. Con dolor y decepción, comprueban que “era el petróleo, sólo el petróleo y nada más que el petróleo”.

Apenas se anunció la entrega comenzaron a hacerse públicas duras críticas y cuestionamientos procedentes de muy distintos sectores de la vida venezolana. El economista venezolano Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y firme opositor al gobierno venezolano y a Trump, criticó en términos muy duros lo ocurrido en un mensaje dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los artífices del acuerdo.

“Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”, escribió Hausmann en X.

En el otro extremo ideológico, Rafael Ramírez, quien fue presidente de la estatal Pdvsa y ministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez, dijo que el acuerdo pasaría a la historia “por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EEUU”.

“Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera”, escribió en X.

Foto: Getty Images

Parte del PSUV respaldó a Rodríguez y al acuerdo. Pero un grupo de chavistas, que se denominaron Frente Popular Antimperialista se reunió tras conocerse la entrega en el centro de Caracas, para “protestar contra la presencia de Estados Unidos y exigir la liberación de Nicolás Maduro”.

“Nosotros hemos definido que nuestro enemigo es el imperialismo yanky y el sionismo y sus acólitos de Venezuela”, asegura el documento del Frente Popular Antimperialista.
 

Fuente : redaccionrosario.com