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Durante la movilización, estudiantes, docentes, graduados y organizaciones sindicales colocaron velas encendidas en las vallas del edificio judicial como símbolo de resistencia y defensa de la enseñanza pública y gratuita. Foto: Instagram / @fuargentina.
Estudiantes y docentes protestaron ante la Corte Suprema exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La comunidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este miércoles 4 de noviembre de 2026 una multitudinaria «Marcha de las Velas» en la capital argentina para exigir al Gobierno ultraliberal el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

La manifestación se concentró frente al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la consigna «No permitamos que se apague la universidad», visibilizando la grave crisis presupuestaria que asfixia a la educación pública.

Durante la movilización, estudiantes, docentes, graduados y organizaciones sindicales colocaron velas encendidas en las vallas del edificio judicial como símbolo de resistencia y defensa de la enseñanza pública y gratuita.

Representantes del sector académico denunciaron las falsas narrativas promovidas por el Ejecutivo para desmantelar la educación superior, desmintiendo las acusaciones relativas a la falta de auditorías y al impacto del estatus de los estudiantes internacionales en el sistema.

Rechazo al desacato judicial y a las mentiras de la derecha

El abogado constitucionalista Pablo Manilli enfatizó ante los medios la gravedad institucional que atraviesa el país tras las medidas desreguladoras del Gobierno: «Es un problema no cumplir las leyes, pero es otro problema más grave no cumplir las sentencias. Las leyes se cumplen y las sentencias se acatan».

Manilli desmontó la campaña de desinformación oficial al ratificar que las casas de estudio son auditadas por la Auditoría General de la Nación y precisar que los estudiantes extranjeros apenas representan el tres por ciento de la matrícula total nacional.

Por su parte, la docencia y dirigencia estudiantil agrupada en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) denunciaron que el recorte presupuestario viola los derechos consagrados en la Constitución Nacional.

La jornada de protesta ratificó el compromiso de la clase trabajadora y la juventud argentina de sostener la huelga y la movilización en las calles para evitar el arancelamiento, la privatización y el colapso del sistema público de educación superior.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó tres paros de 24 horas convocados para el martes tres, jueves 12 y lunes 16 de noviembre, exigiendo una recomposición salarial urgente y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).

La jornada incluyó la masiva «Marcha de las Velas» iniciada a las 17:00 en la Plaza Houssay y culminada frente al Palacio de Justicia con una clase magistral de Derecho Constitucional para denunciar el desacato del Ejecutivo.

El conflicto social se agudizó ante la decisión de la Administración ultraliberal de suspender la norma mediante el Decreto 759/2025 y mantener recursos de apelación en los tribunales para frenar la orden del Fuero Contencioso Administrativo que declaró inconstitucional el veto y exigió la equiparación de sueldos.

Los gremios ADUBA y APUBA, junto con la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), denunciaron que las políticas de Milei han generado una pérdida del poder adquisitivo superior al 26 por ciento desde 2023, provocando la renuncia forzada de 10.000 docentes y el colapso operativo de los laboratorios y hospitales universitarios.

Un informe técnico elaborado por la consultora Zentrix desmintió los argumentos oficiales sobre la supuesta inestabilidad fiscal del Estado, demostrando que el proyecto de Presupuesto 2027 contiene $5,93 billones de pesos argentinos (equivalen aproximadamente a 3.836 millones de dólares), en partidas sin asignación específica.

La investigación detalló que apenas reasignando entre el 41 y el 62 por ciento de este fondo de libre disponibilidad del Tesoro se cubrirían los $11 billones (7.116 millones de dólares), requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para rescatar la educación superior, protegiendo al mismo tiempo el superávit primario del 1,1 por ciento del PBI defendido por el Gobierno.

El estudio confirmó que la parálisis del financiamiento educativo obedece a una decisión política del régimen desregulador de recortar la inversión social y asfixiar la investigación científica pública.

Autor: teleSUR: lf - RR

Fuente: Agencias

Fuente : telesurtv.net