EL CÓDIGO IMEI, LA LIBERTAD AMBULATORIA Y LOS LÍMITES DEL PODER POLICIAL
La reciente legislación santafesina, que habilita controles policiales sobre el código IMEI de los teléfonos celulares, abre un debate, que excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública.
El problema, no es la legítima preocupación por el robo de celulares.
El problema es determinar hasta dónde puede avanzar el Estado, sobre las libertades individuales, en nombre de la prevención del delito.
Si la Policía puede requerir a cualquier ciudadano, que transita por la vía pública, la identificación técnica de su teléfono, sin sospecha previa, ni investigación en curso, estamos ante una modalidad de intervención estatal, que merece (por lo menos) un riguroso examen constitucional.
La prevención del delito, no constituye una autorización genérica, para someter a los ciudadanos, a controles indiscriminados.
La circunstancia de que una facultad policial, haya sido incorporada mediante una ley, no la coloca automáticamente al margen del control de constitucionalidad.
El legislador también está sujeto a los límites que imponen la Constitución Nacional, y los tratados internacionales de derechos humanos.
Los artículos 14, 18, 19 y 28 de nuestra Constitución Nacional, establecen un sistema de garantías, que no puede quedar subordinado a criterios discrecionales, de actuación policial.
Y aquí aparece una pregunta que considero ineludible:
Qué sucede, cuando el ciudadano se niega a exhibir el IMEI?
Si esa negativa conduce a su traslado compulsivo a una dependencia policial, o a su puesta a disposición de un fiscal, resulta indispensable identificar el fundamento legal concreto, de semejante restricción de la libertad.
La negativa a exhibir un código identificatorio, no demuestra, por sí misma, la procedencia ilícita del dispositivo.
Tampoco convierte automáticamente a su poseedor, en autor o partícipe de un delito.
No deben confundirse: a) la identificación técnica de un teléfono, b) su eventual secuestro, c) una requisa personal, y d) la privación de libertad de su poseedor.
Son intervenciones de distinta naturaleza, que requieren presupuestos jurídicos propios.
Hay, además, una cuestión que no debería pasar inadvertida: el teléfono celular constituye hoy uno de los principales reservorios de la intimidad personal.
Su identificación técnica, no puede confundirse con una autorización para acceder a mensajes, fotografías, comunicaciones, archivos o información privada.
La protección constitucional de la intimidad, no desaparece en la vía pública, ni frente a un requerimiento policial.
El desafío consiste, entonces, en evitar que una herramienta concebida para combatir el delito, termine ampliando innecesariamente los espacios de discrecionalidad estatal.
La seguridad pública, es un objetivo legítimo, pero la legitimidad de ese objetivo, no dispensa al Estado de demostrar la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados para alcanzarlo.
No todo lo legal es necesariamente constitucional, y no toda facultad policial debe interpretarse como una autorización ilimitada, para intervenir sobre la libertad individual.
En un Estado de derecho, el poder público tiene una obligación doble: prevenir y perseguir el delito, pero también respetar y garantizar los derechos de quienes están sometidos a su autoridad.
La libertad ambulatoria, no puede transformarse en una concesión policial.
La intimidad del ciudadano, no puede quedar condicionada a la voluntad del agente de turno.
Y la negativa a una exigencia estatal, no puede convertirse, sin fundamento legal suficiente, en una causa autónoma de privación de libertad.
Sería deseable que las autoridades provinciales precisaran públicamente los alcances de esta nueva facultad, sus presupuestos de aplicación, las consecuencias de la negativa, y los mecanismos de control judicial, frente a eventuales abusos.
Porque el verdadero desafío de una política de seguridad, no consiste únicamente en ampliar las herramientas del Estado.
Consiste, sobre todo, en demostrar que el Estado puede combatir eficazmente el delito, sin sacrificar las garantías constitucionales de sus ciudadanos.
La Constitución no es un obstáculo para la seguridad.
Es el límite que impide que, en nombre de ella, se termine debilitando la libertad.
Una sociedad no se vuelve más segura cuando sus ciudadanos tienen menos derechos, sino cuando el poder que los gobierna está sometido a límites efectivos
Fuente : facebook.com
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