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El 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país. La irrupción masiva de la consigna Ni Una Menos expresó un profundo rechazo social frente a los femicidios y a las múltiples formas de violencia que atraviesan la vida de mujeres y disidencias sexo-genéricas. Once años después, aquel grito colectivo continúa interpelándonos y convocándonos a sostener una agenda de derechos que sigue siendo imprescindible para la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

A lo largo de estos años, las luchas de los movimientos feministas, transfeministas y de derechos humanos lograron visibilizar desigualdades históricas, ampliar consensos democráticos e impulsar transformaciones institucionales, normativas y culturales de enorme relevancia. Sin embargo, las violencias por razones de género continúan constituyendo una problemática estructural que vulnera derechos, limita proyectos de vida y profundiza desigualdades preexistentes.

Las cifras continúan siendo alarmantes. Según el informe especial elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” , entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. Del total, 3144 corresponden a femicidios directos y vinculados, 46 a transfemicidios y travesticidios y 15 a instigaciones al suicidio. El relevamiento indica que durante estos once años se produjo una víctima letal de violencia de género cada 30 horas y un femicidio cada 31 horas.

Asimismo, el informe señala que el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima, mientras que el 63% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor. También advierte que al menos 2714 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanxs como consecuencia de estos crímenes.

Los femicidios, travesticidios y transfemicidios no constituyen hechos aislados ni excepcionales. Son la expresión más extrema de relaciones estructurales de desigualdad y violencia que se reproducen en distintos ámbitos de la vida social. Las violencias por razones de género también se manifiestan de formas económicas, simbólicas, institucionales, laborales, digitales y político-públicas que afectan cotidianamente la vida de mujeres y disidencias.

En el escenario actual, caracterizado por el desmantelamiento de políticas públicas, el deterioro de las condiciones socioeconómicas, la precarización de la vida y el incremento de las desigualdades, resulta imprescindible advertir sobre el impacto diferencial que tienen el endeudamiento de los hogares, la feminización de la pobreza y las sobrecargas de las tareas de cuidado sobre las posibilidades concretas de construir autonomía y desarrollar estrategias de salida frente a situaciones de violencia.

Las violencias económicas constituyen hoy una dimensión central para comprender los obstáculos que enfrentan muchas personas para interrumpir vínculos violentos y sostener trayectorias educativas, laborales y comunitarias. Del mismo modo, las mujeres trabajadoras, las personas que integran la economía popular y solidaria y quienes atraviesan situaciones de informalidad laboral, suelen enfrentar condiciones de mayor vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia y discriminación.

A ello se suma un contexto preocupante de expansión de discursos misóginos, expresiones de odio y posicionamientos negacionistas que cuestionan consensos democráticos construidos durante décadas en materia de derechos humanos e igualdad. La circulación creciente de estas narrativas no sólo afecta la calidad del debate público, sino que también contribuye a deslegitimar políticas de protección de derechos, habilitando formas de violencia simbólica y político-pública que impactan especialmente sobre mujeres y disidencias con participación social, sindical, comunitaria, académica e institucional.

Estos procesos requieren ser atendidos con especial responsabilidad por parte de los sistemas educativo y de salud, particularmente en relación con las niñeces y juventudes. La construcción de entornos democráticos, libres de discriminación y promotores de derechos constituye una condición fundamental para el desarrollo de proyectos de vida dignos y para el fortalecimiento de la convivencia social.

Asimismo, resulta indispensable profundizar abordajes que permitan comprender las violencias desde una perspectiva interseccional. Las desigualdades de género se articulan con otras formas de vulneración vinculadas a la edad, la discapacidad, la condición socioeconómica, la racialización, la identidad de género, la orientación sexual y otras dimensiones que configuran experiencias diferenciadas de exclusión y violencia. En este sentido, la construcción de políticas públicas eficaces requiere maximizar los apoyos institucionales disponibles para personas mayores, personas con discapacidad, niñeces, juventudes y otros colectivos históricamente vulnerabilizados.

Frente a este escenario, las universidades públicas poseen una responsabilidad estratégica. Como instituciones comprometidas con la producción de conocimiento, la formación profesional, la investigación científica y la construcción de ciudadanía democrática, tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir a la comprensión crítica de estas problemáticas, a la generación de evidencia para el diseño de políticas públicas y a la promoción de comunidades libres de discriminación y violencias.

La defensa de las políticas de género en las universidades públicas no responde únicamente a una obligación normativa. Constituye una definición ético-política vinculada al derecho a la educación, al bienestar integral de las comunidades universitarias y a la responsabilidad institucional de construir entornos democráticos, inclusivos y libres de violencias.

La Universidad Nacional de La Plata viene desarrollando desde hace más de una década una política institucional sostenida en materia de género, diversidad y derechos humanos. La creación del Programa Institucional contra la Violencia de Género y del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género en 2015, la adhesión a la Ley Micaela, la consolidación de espacios de gestión de políticas de género y diversidad en las unidades académicas y la conformación de equipos interdisciplinarios de orientación y acompañamiento constituyen hitos fundamentales de ese recorrido.

Actualmente, la UNLP cuenta con equipos especializados en Presidencia, en las facultades y en el Albergue Universitario, integrados por profesionales de distintas disciplinas que desarrollan tareas de prevención, orientación, atención y acompañamiento. La experiencia acumulada en estos años ha permitido construir capacidades institucionales específicas para abordar situaciones complejas y fortalecer redes de articulación con organismos públicos, organizaciones sociales y efectores del sistema judicial, sanitario y de protección de derechos.

Desde 2023 se ha fortalecido el funcionamiento de las Unidades de Atención y acompañamiento frente a situaciones de violencia y discriminación por razones de género (UDAS), consolidando una red institucional interdisciplinaria. Entre 2023 y 2025 se registraron 538 consultas en los distintos dispositivos de atención de la UNLP. Los datos institucionales muestran que predominan las violencias psicológicas y simbólicas, especialmente bajo modalidades domésticas y laborales, desplegándose tanto dentro como fuera de los ámbitos universitarios.

Al respecto, resulta especialmente relevante advertir la creciente intersección entre las situaciones de violencia por razones de género, los padecimientos vinculados a la salud mental, las conflictivas laborales y las desigualdades socioeconómicas. La complejidad de las situaciones que atraviesan estudiantes, trabajadoras docentes, nodocentes y distintos integrantes de la comunidad universitaria exige fortalecer respuestas integrales, interdisciplinarias y sostenidas en el tiempo.

En este sentido, uno de los desafíos actuales consiste no sólo en profundizar la profesionalización de los equipos especializados y consolidar políticas de bienestar integral, sino también en avanzar hacia abordajes capaces de comprender las violencias en sus dimensiones sistémicas y sistemáticas. Esto implica fortalecer herramientas institucionales para intervenir sobre problemáticas complejas que requieren articulación entre políticas de género, salud mental, derechos humanos, bienestar universitario y condiciones de trabajo dignas.

Asimismo, la UNLP integra activamente la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), creada en 2015 e incorporada al Consejo Interuniversitario Nacional en 2018. Este espacio ha sido clave para impulsar políticas de igualdad en el sistema universitario argentino, promoviendo instancias de formación, investigación, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional. La reciente publicación La década luchada. 10 años de protocolos, trabajo y militancia por universidades libres de violencias por motivos de género recupera los aprendizajes, desafíos y transformaciones impulsadas por las universidades públicas durante estos años.

A once años de Ni Una Menos, reafirmamos que vivir una vida libre de violencias constituye un derecho humano fundamental. Como universidad pública sostenemos el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas de igualdad, profundizando la formación con perspectiva de género, produciendo conocimiento crítico y acompañando a quienes atraviesan situaciones de violencia.

En tiempos de incertidumbre, desigualdad y profundización de discursos de odio, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la universidad pública requiere renovar los compromisos colectivos con la construcción de comunidades más igualitarias, inclusivas, solidarias y libres de toda forma de violencia y discriminación.

Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad – Presidencia UNLP
 

Fuente : unlp.edu.ar