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Las piruetas y contradicciones discursivas y estadísticas del gobierno provincial signan las paritarias docentes de este año, pero ahora se tradujeron en decisiones que profundizan el conflicto.

A la de anunciar la aplicación de descuentos salariales por paro –siempre discutible pero casi de manual cuando las negociaciones se estancan–, el gobernador y sus ministros le sumaron modos y medidas de violencia y sinsentido difíciles de empardar con las adoptadas por los gobiernos que lo precedieron en por lo menos lo que va del siglo.

Lo de descontar sólo uno de los dos días de paro a los que convocaron los sindicatos del sector fue un arranque poco prometedor de buenas y genuinas intenciones, que tampoco se avizoran en la posterior invitación a zafar de ese castigo con la mera presentación de una declaración jurada vía internet de dudosa legalidad.

Ya con el siguiente paso, que fue la publicación del decreto que establece el pago de premios por asistencia perfecta, lo del gobierno se asemeja cada vez más a una maniobra extorsiva, o a una suerte de ofrecimiento de coima velada y seguramente tentadora para muchos de sus destinatarios, teniendo en cuenta que el monto a recibir puede llegar a sumar casi un 20 por ciento más a sus ingresos mensuales.

Tal el caso, según la información oficial, de un “maestro que se inicia y con un sólo cargo”, cuyo actual salario arrima pero no llega a 439 mil pesos y ahora “va a percibir 57 mil más por mes” en el que no falte ni una vez, monto que, “si además tiene asistencia perfecta en el trimestre”, subirá a 86 mil mensuales.

Tras el fracaso de la última reunión paritaria en la que ofertó un aumento salarial de un 5 por ciento en abril y otro tanto en mayo, estos potenciales incrementos son la única propuesta para los bolsillos docentes que surge desde la Casa Gris, donde desde el inicio de las negociaciones se agita la cuestión del ausentismo como variable de las más determinantes del devenir de los sueldos y también de la calidad educativa.

En ese tren, desde el inicio de su gestión el gobierno difundió un batido de títulos de indicadores y argumentos de discutible validez y consistencia para defender sus anuncios y medidas de estos últimos días como efectivamente conducentes a una mejor educación en territorio santafesino.

Como ejemplo de batido poco consistente vale repasar el decreto de creación del Programa Asistencia Perfecta publicado en el Boletín Oficial el 7 de mayo pasado. La enumeración de párrafos sin hilo conductor claro y los errores de tipeo, ortografía y concordancia de tiempos verbales que se pueden apreciar en el texto dan cuenta de apuros y de improvisaciones que atentan contra la búsqueda de diagnósticos certeros y planes de acción efectiva ante la cuestión del ausentismo y su incidencia en los procesos de aprendizaje, cuya complejidad se profundiza en estos tiempos de vertiginosas transformaciones tecnológicas y sociales.

En este marco general, el único cambio de política educativa visible de la gestión que comenzó en diciembre pasado respecto de las inmediatamente anteriores es esto de erigir al ausentismo como principal problema y a la falta de compromiso de la docencia como principal causa del mismo.

La falta de coherencia de las autoridades provinciales asoma también en la enorme disparidad con que evalúan según la ocasión la credibilidad de las trabajadoras y trabajadores de la educación. Luego de que sus ministros pusieran la cuestión del supuestamente altísimo ausentismo como centro de la mesa de negociación, Pullaro salió a respaldarlos planteando por un lado que “las irregularidades no son culpa de los docentes ni de los maestros”.

Foto: Jorge Contrera | El Eslabón/Redacción Rosario

“Quiero ser muy claro: es culpa del sistema, porque acá hubo un sistema que permitió esto”, enfatizó al respecto. Pero a renglón seguido sostuvo que hacía falta “premiar a los que van a laburar, a los que no faltan” y se sumó a lo de sembrar sospechas de vagancia y deshonestidad de los que sí hicieron uso de las licencias permitidas por las normas vigentes. “Entendemos que algunos puedan en algún momento tener que cuidar a algún familiar, pero creemos que al no haber controles en los últimos cuatro años se cruzó la línea y se quebraron límites”, manifestó en declaraciones difundidas el 1° de marzo.

Ya el 1º de mayo, en su discurso de apertura de sesiones legislativas, reforzó esa hipótesis asegurando que, “gracias a los controles” que comenzaron con su gestión, los excesos de pereza y avivada de la docencia se redujeron un montón, apelando como ejemplo de la veracidad de sus dichos a un curioso y estéril cotejo de datos correspondientes a un año entero con los de otro que apenas empieza. “Este año se redujo notablemente la cantidad de declaraciones juradas requeridas para el cuidado de familiares: de 44.014 declaraciones juradas de hermanos en 2023 a 98 este año, de 11.485 declaraciones juradas de suegros a 0 en el 2024 y de 6.692 declaraciones juradas de tíos a 4 en 2024”, tiró el gobernador a la bartola estadística, tan en boga cuando de tapar el bosque con un árbol se trata.

Empero, la acusación de falsear declaraciones juradas lanzada contra los docentes mutó rápidamente, cuando el gobierno evaluó la credibilidad del mismo colectivo pero ante un juramento distinto, el de haber carnereado un paro. En este caso, la conclusión oficial, voceada por el ministro de Educación, José Goity, fue que “los docentes no mienten, los docentes son veraces”.

Goity ensayó esta defensa de la credibilidad de los docentes el viernes 10 de mayo, al difundir datos sobre la respuesta a la invitación oficial a jurar no adhesión al paro del miércoles anterior y así evitar el descuento del día y la pérdida del premio por asistencia decretado el martes 7. La veracidad del gobierno en ese sentido resulta difícil de defender a la luz de la información que fue brindando. “Estamos hablando de un 41.63 por ciento de docentes y asistentes que presentaron la declaración jurada, y suponemos que se va a incrementar, que probablemente llegue a la cifra que planteamos en su momento de un 50 por ciento del total”, sostuvo el ministro ese mismo viernes. Dos días antes, la estimación oficial era que “entre el 55 y el 60 por ciento no adhirió al paro, de acuerdo al ritmo en que ingresan las declaraciones juradas”, que se pudieron empezar a completar desde las 8 de esa misma jornada. “El sistema comenzó a sufrir demoras a media mañana cuando se produjo un ingreso masivo de cargas, que a las 10 ya representaba el 25 por ciento de los docentes”, se consignó en el mismo parte de prensa gubernamental, reforzado con textuales de Goity: “No nos queremos apresurar porque en cada escuela hay una realidad distinta. Pero estamos recibiendo muchísimas consultas y mensajes a cuentas oficiales de docentes que asistieron pero no pudieron dar clases, hay una carga constante de declaraciones juradas”.

Ya la semana siguiente, el gobierno anunció la extensión hasta el 17 de mayo del plazo para presentar la declaración jurada, que además amplió al conjunto de los estatales. Y en cuanto a los docentes, pasó de los cálculos anteriores a explicar que todavía no se sabe cuántos adhirieron y cuántos no. “Estamos en pleno procedimiento de lo que son las novedades al sistema de liquidación de haberes”, indicó Malena Azario, secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía provincial. Y agregó: “Tiene que estar claro quiénes adhirieron al paro y quiénes prestaron tareas para no ser injusto con los trabajadores que asistieron”.

Las manipulaciones vía recortes, descontextualizaciones y lecturas contradictorias de datos abundan, pese a que solamente pueden ser funcionales al objetivo de resultar ganador absoluto y a como dé lugar en cualquier puja que se afronte. De hecho, las manipulaciones de información más arteras son moneda muy corriente en las guerras. Los mensajes y acciones del gobierno santafesino aquí repasados remiten al afán por llegar a ese máximo nivel de belicismo, a ese “monstruo grande” que “pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”, tal como describió León Gieco en una de sus canciones más conocidas. Que esto no nos sea indiferente y se pueda evitar es algo que vale pedir a Dios, claro. Aunque también valdría elevar el pedido a las autoridades provinciales, que deberían revisar la declaración de guerra, no jurada pero evidente, que están fogoneando con su pretensión de fungir de jueces de un conflicto del que son sólo parte.
 

Fuente : redaccionrosario.com