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El protocolo antipiquetes, la reforma laboral y la desregulación de la Ley de Tierras son algunas de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei que la Justicia tiene en la mira por su irregularidad jurídica o abierta inconstitucionalidad.

El gobierno libertario apenas cumplió un mes desde su asunción, y ya acumula varias cautelares en la Justicia que frenan sus medidas más polémicas.

Tan sólo en las últimas 24 horas sumó tres reveses judiciales: Habilitaron la feria judicial para analizar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la desregulación de la Ley de Tierras que propone el mega DNU, y dictaron una nueva cautelar contra la reforma laboral.

Por el derecho a la protesta

La Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para analizar un pedido de inconstitucionalidad contra el protocolo antipiquetes presentado por María Celeste Fierro, legisladora porteña del MST en el Frente de Izquierda Unidad.

Fierro había presentado un recurso de amparo contra el "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional.

"Teniendo en cuenta el objeto de la acción y los argumentos expuestos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial - en particular, la posible afectación de derechos constitucionales en la aplicación del protocolo y la eventual criminalización de la protesta social - se considera que los mismos revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida", consideraron los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco en el fallo.

El planteo del MST, que incluye además el reclamo de que se dicte de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo ante posibles protestas callejeras, había pasado antes por juzgados de los fueros electoral; contencioso administrativo; y criminal y correccional, que se habían declarado incompetentes.

Ex combatientes de Malvinas contra Milei

Otro de los fallos contra la administración libertaria provino desde la capital bonaerense. Allí, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó el fallo previo del juez de primera instancia, Alberto Recondo, y habilitó la feria judicial para que se analicen un recurso de amparo contra el apartado del mega DNU del presidente Milei que pretende desregular la Ley de Tierras.

Se trata de un reclamo de los excombatientes de Malvinas que pidieron su derogación porque consideran que se “teme por la vocación clara y manifiesta del Poder Ejecutivo Nacional de rifar la tierra".

Ex solados nucleados en el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) La Plata presentaron una acción de amparo ante la justicia Federal local en contra del mega decreto de necesidad y urgencia un día antes de que entrara en vigencia.

“La extranjerización de la tierra no implica sólo la posibilidad de que una persona física o jurídica compre una parcela, retórica naif que se escucha cual prédica por altos funcionarios del Estado nacional. Aquí hablamos de problemas ciertos, locales y regionales”, advirtieron en la presentación.

El pedido recayó en el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, quien rechazó la medida.

Este jueves, los camaristas sostuvieron que a la luz de "la naturaleza de los derechos comprometidos y las razones de urgencia oportunamente invocadas, pudiendo la demora tornar ineficaz lo peticionado u originar un perjuicio insuperable a la parte" se justifica habilitar la feria judicial, en los términos del art. 153 del Código Procesal Civil y Comercial y del Reglamento de la Justicia Nacional, para tramitar esos planteos.

Frenar la reforma contra los trabajadores

En la última resolución judicial del jueves, la jueza del fuero laboral de primera instancia Silvia Garzini aceptó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) contra el Poder Ejecutivo en referencia al capítulo de trabajo del mega DNU.

"Afecta a la entidad gremial requirente y a los trabajadores representados por ella", informa la resolución judicial.

En la presentación judicial, la APA había pedido que "se decrete la inconstitucionalidad y/o ilegalidad y/o inaplicabilidad y/o nulidad del decreto de necesidad y urgencia". Allí, denunciaron la imposición "en forma irregular reforma de leyes laborales individuales y colectivas".

Además, denunciaron la restricción del "derecho de huelga", la eliminación de "la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo", la desfinanciamiento "a la asociación sindical", la "eliminación de derechos que impactan regresivamente en la estabilidad laboral, en el monto de las indemnizaciones por despido sin causa, en especial cuando el contrato de trabajo no está registrado, eximición de responsabilidad solidaria en caso de subcontrataciones", entre otros aspectos de la parte laboral del DNU.

Fuente : elagora.digital