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Así lo señaló Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos. En una entrevista con Agencia Paco Urondo se refirió al espionaje ilegal del macrismo y al rol de Rogelio Frigerio. Además, analizó los avances en normativas ambientales, el trabajo en materia educativa, el desempeño del Gobierno nacional y la importancia de las próximas elecciones.

Por Nacho Gálligo

Agencia Paco Urondo entrevistó a Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos. Su mirada sobre el espionaje ilegal del macrismo y el rol de Rogelio Frigerio, ex ministro de Mauricio Macri y posible candidato de Juntos por el Cambio en la provincia del litoral. Además, analizó los avances en normativas ambientales, el trabajo en materia educativa, el desempeño del Gobierno nacional y la importancia de las próximas elecciones.

Agencia Paco Urondo:  Este año, la Bicameral de Inteligencia hizo un trabajo exhaustivo sobre el espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo sigue ese proceso de investigación y cuáles son las expectativas del proceso judicial?

Blanca Osuna: En el mes de abril, con la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia presentamos un informe que recopiló el trabajo de investigación y sistematización de datos, testimonios y pruebas sobre el plan sistemático de espionaje político ilegal y masivo contra opositores, referentes sociales, periodistas, organismos de derechos humanos y familiares de los tripulantes del ARA San Juan, llevado adelante por Cambiemos entre 2016 y 2019.  Fueron aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y 354 víctimas directas confirmadas. Se utilizó el Estado para la persecución y la coacción, naturalizando prácticas ilegales, con el objetivo de desterrar conquistas sociales y generar un proceso estructural de endeudamiento y ajuste.

Es fundamental que el Poder Judicial llegue al fondo de esta investigación, para que nunca más el Estado sea utilizado con estas prácticas con resabios de la dictadura, pero además para consolidar una democracia que nos costó recuperar. Y a la par, investigar el lawfare ejercido durante esos años, con la complicidad de sectores financieros externos e internos, con oligopolios mediáticos y un sector del poder judicial, que fueron el brazo ejecutor de ese accionar mafioso de Macri y compañía. En esa línea, la primera semana de agosto está previsto que nos convoquemos a avanzar en esta agenda de trabajo que además incluirá la situación generada a partir del escándalo por el ilegal envío de material bélico a Bolivia. 

APU:  En Entre Ríos, Rogelio Frigerio intentó despegarse de ese espionaje como también de las políticas de Cambiemos. ¿Cuál es la responsabilidad del ex ministro del Interior de Macri?

BO: Este espionaje ilegal fue una estrategia general y transversal de la gestión Cambiemos. Dentro de la investigación realizada y que continúa, se comprobó que la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, dispuso el uso de su base de registros migratorios para el seguimiento ilegal de 58.169 personas. Además las denuncias presentadas contra Frigerio, entre ellas la del Intendente de Concordia, Enrique Cresto, cuenta con pruebas contundentes del uso de la información que a instancias de Frigerio hizo la prensa en la campaña de 2019. 

Frigerio es corresponsable de este entramado mafioso como también de las políticas implementadas de hambre y pobreza. Sin vergüenza se burla de la inteligencia de nuestra comunidad por sus aspiraciones electorales. Creo que es hora que deje de mentir y quede en claro su verdadera cara y las ideas que defiende. Porque son las mismas que aplicó junto a Macri en sus cuatro años de gobierno, incluidas las acciones fraudulentas de la AFI y sus funcionarios Arribas y Majdalani, y la realización de espionaje a periodistas y contra familiares de víctimas del ARA San Juan.

El Presidente Alberto Fernández lo señaló hace unos días como responsable de privar a miles de familias argentinas de su vivienda, y lo único que le quedó decir al ex Ministro es que no vale mirar para atrás. Yo creo justamente que las elecciones son la mejor herramienta para que cada uno, sobre todo quien gobernó, de cuenta de lo que hizo, porque eso es el reaseguro de lo que hará si se le da la oportunidad de ser gobierno otra vez. 

APU: ¿Cuáles son los desafíos y el trabajo que se viene gestando desde la Comisión de Educación, que usted preside, respecto al debate por una nueva ley de educación superior?

BO: El presidente Fernández fue contundente en la apertura de las sesiones ordinarias de este año y del año pasado, sobre su voluntad de avanzar en una nueva ley de educación superior con un acuerdo federal por la igualdad educativa. Desde la Comisión trabajamos en una convocatoria participativa, porque abordar estos temas es definir la sociedad que queremos. Mantuvimos una reunión con distintos actores del Consejo Interuniversitario Nacional, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, como también profundizamos una agenda de trabajo con la comunidad educativa en Entre Ríos. 

Esta convocatoria se enmarca en la larga tradición, en materia educativa, que tiene nuestro país, con el objetivo de legislar atendiendo los nuevos contextos, las transformaciones tecnológicas, la función social y el acceso popular de miles de familias con primeras generaciones que acceden a la educación superior. Se trata de garantizar derechos y construir políticas de Estado, de la mano de un proyecto de país que priorice la igualdad, la justicia social y la movilidad social.

APU:  Se habló bastante durante el año de presencialidad y virtualidad en todos los ámbitos. ¿Cómo fue esa modalidad desde la Cámara y qué reflexión puede aportarnos sobre ese debate?

BO: El debate entre presencialidad y virtualidad fue una maniobra que instaló Cambiemos, con sus voceros mediáticos. Paradójico, porque durante los cuatro años de gobierno destruyeron el financiamiento educativo, disminuyeron año a año el presupuesto, y eliminaron programas que hubieran sido muy importantes, como Conectar Igualdad y Argentina Conectada. 

En el Congreso nunca se dejó de trabajar e incluso en el primer semestre de 2020 se sancionaron más leyes y hubo más sesiones que en el mismo período durante 2019. El año pasado sancionamos 65 proyectos de ley, un 66 por ciento más que el año anterior y con un promedio superior a los cuatro años de Cambiemos. En esa línea, hubo más de 200 asistencias de funcionarios nacionales a las cámaras. En Diputados, realizamos 20 sesiones, 253 reuniones de comisión y 72 dictámenes de proyectos de ley, con una amplitud bastante distante de la gestión de Cambiemos que endeudó a niveles históricos el país, nombró jueves de la Corte y destruyó legislaciones como la Ley de Comunicación Audiovisual con decretos.

Con respecto al sistema educativo, la bimodalidad se plantea como nueva habitualidad que nos deja la pandemia y que vino para quedarse.  Por eso el presupuesto 2021 que aprobamos tiene un capítulo especial donde se define la inversión para recuperar lo que se destruyó en materia de conectividad y tecnología digital, cuestión que el Ministerio de Educación está ejecutando ahora.

Me enorgullece que este tiempo, de dolor e incertidumbre, no nos limite para afrontar los desafíos y debates que están en curso en educación, con una nueva ley de educación superior, una nueva ley de financiamiento educativo que el macrismo desplomó, una ley de formación docente, una nueva ley de conectividad, pero también para debatir la escuela del futuro y en ese marco, la sociedad que deseamos. 

APU:  En materia ambiental hubo varias leyes trabajadas, con vinculación directa en educación. ¿Cuáles son los desafíos para el peronismo en esta materia?

BO: Vale recordar el Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, aquella carta escrita por Juan Domingo Perón en marzo de 1972, que marcó una línea de definiciones y acciones sobre la preservación del ambiente, la conciencia ciudadana, el rol del Estado, el cuidado de los recursos naturales y la soberanía de nuestra tierra. Y también, previamente, en la Constitución del 49, donde quedó expresado el derecho ambiental, que tiene una vigencia extraordinaria.

La verdad es que el peronismo ha marcado agenda y ha acompañado las transformaciones en esta materia. En este año y medio de labor legislativa avanzamos en normativas como la Ley Yolanda Nº 27592, que establece la capacitación obligatoria de trabajadoras/es y funcionarias/os de la administración pública nacional en materia ambiental. O la reciente Ley 27621 de Educación Ambiental Integral, o el respaldo al Acuerdo de Escazú (Ley N°27566), o la reforma a la Ley de Manejo del Fuego 27.604, que agrava condiciones para los responsables de incendios y prohíbe los negocios inmobiliarios o comerciales con las propiedades afectadas.

Hoy estamos tratando un proyecto de mi autoría sobre la Ampliación del Parque Nacional Pre Delta. Lo trabajé junto al Intendente de Diamante (E. Ríos) y la ex Intendenta, y al equipo del Ministerio que conduce Juan Cabandié. Logramos dictamen unánime en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Pronto podrá tratarse en el recinto.

Todos son pasos sostenidos y articulados sobre la protección de nuestra naturaleza y su biodiversidad, pero también sobre la responsabilidad del Estado y respecto a la construcción de conciencia ciudadana, sabiendo que un ambiente sano y habitable es indispensable para el aseguro de las futuras generaciones.

APU:  Atravesado por la pandemia y la campaña de vacunación, se vienen unas elecciones muy especiales por el contexto. ¿Cómo será esta campaña y que se juega en las elecciones de medio término?

BO: En el contexto complejísimo mundial y local de pandemia la campaña de vacunación ya superó el 60% de la población mayor de 18 años inmunizada con al menos una dosis, luego de la recuperación del Ministerio de Salud que el macrismo destruyó. El presidente Alberto Fernández asumió entre el descalabro económico ocasionado por Cambiemos y la pandemia sanitaria mundial. La creación de 12 hospitales modulares, de 23 centros de salud y de 262 obras para atención sanitaria va en esa dirección 

Hace unos días Cristina Kirchner describía la trama macabra que estaba atrás de su persecución, y era la entrega de la Argentina a los fondos buitres y la usura internacional. Frente a eso cobra valor la renegociación de la deuda contraída por el macrismo y las consecuencias del crédito otorgado por el FMI, que no fue utilizado para ninguna obra en beneficio de nuestro pueblo sino para el sueño fallido de la reelección de Macri. 

Hoy tenemos acciones del Gobierno nacional que día a día recupera la presencia de un Estado que anteriormente fue para el beneficio de unos pocos.

Esta es una elección importante para ratificar el rumbo y para avanzar en la agenda post pandemia. El Frente de Tod@s cuenta con la fortaleza de sus referencias nacionales y también con gobernadorxs, legisladorxs e intendentxs. Pero sobre todo de una militancia que tiene claro qué es lo que está en juego. La dura experiencia del derrumbe provocado por el gobierno anterior nos pone ante una doble responsabilidad, que es esclarecer qué está en juego, reivindicar lo que se pudo hacer y asumir los nuevos compromisos de la etapa que viene.

Poner a la política fiscal como eje y promotor de la de la demanda de empleo en distintas áreas de infraestructura, sanitaria, educación, prestación de servicios de cuidado y actividades vinculados a la economía verde, es una de las metas que estamos impulsando pero que sin dudas tendrá un despliegue mayor en el tiempo que está viniendo.

Fuente :

agenciapacourondo.com.ar